Corría el año 2007 cuando vivíamos en España una política energética basada en el talonario público para el despliegue de las energías renovables. Hacía ya unos años que el sector vivía la dulce sensación de estar del lado bueno de la historia, el dinero fluía sin fin y el efecto llamada a inversores iba a ocasionar una burbuja que explotaría poco tiempo después.
Los ciudadanos asistíamos sin capacidad de reacción a este espectáculo. Anestesiados por la enorme complejidad del sistema eléctrico y sus pormenores, vivíamos al margen del problema que se estaba generando porque los propios políticos se encargaban de que no nos enteráramos. ¿Cómo? Manteniendo el precio de la luz artificialmente bajo, por debajo de sus costes reales. La contrapartida de esto fue la generación de un déficit de tarifa que acumuló decenas de miles de millones de euros y que todavía hoy estamos pagando.
Las multimillonarias primas a las energías renovables, la cogeneración y los residuos superaban los 8.000 millones de euros anuales e, incluso, algún año, superaron los 9.000 millones. La situación se descontroló, se les fue de las manos y no tuvieron más remedio que actuar. El primer hachazo a los inversores renovables lo ejecutó el propio PSOE (aunque nadie parece acordarse ahora) y el segundo el PP. Se hizo de todo, recortes retroactivos de primas e impuestos sacados de la manga, toda una oda a la inseguridad jurídica más propia de un país de otras latitudes.
Las denuncias no se hicieron esperar. La justicia española actuó con celeridad y, tanto el Constitucional como el Supremo, dejaron sin defensa a los damnificados nacionales condenando a la ruina a miles de familias. Los inversores extranjeros eran harina de otro costal. España tiene el mayor número de arbitrajes en materia de energía en organismos internacionales, se cuentan por decenas. La connivencia de la Unión Europea no se hizo esperar tampoco, decretando que todos los arbitrajes de países intracomunitarios carecían de valor. Pero ni aun así nos íbamos a salvar.
Tenemos decenas de arbitrajes pendientes de resolver, la mayoría de ellos en el CIADI (perteneciente al Banco Mundial). Estas denuncias corresponden en su mayoría a fondos de inversión internacionales que no pretenden perdonarnos ni un euro, y razón no les falta. Muchos de ellos se fundamentan en el incumplimiento por parte de España del Tratado de la Carta de la Energía, tratado del que España se retiró hace unos meses. Pero el problema fundamental es todavía mayor, es que no pagamos ni los laudos que ya hemos perdido.
Hace unos días, un tribunal británico decretó tres órdenes provisionales de pago a favor del fondo Blasket Renewable Investments LLC (BRI). Si España no paga, este fondo tendría la garantía de ejecutar la propiedad del Instituto Cervantes en Londres, una de las "embajadas" de la Generalitat de Cataluña en Londres y las cuentas del propio Instituto Cervantes. Hay otros laudos pendientes, donde también nos reclaman como garantías los aviones Falcon que utiliza el gobierno o el dinero que una aseguradora todavía nos debe por la catástrofe del Prestige.
Por si tener una inseguridad jurídica en materia energética propia de países bananeros fuera poco, el hecho de no pagar lo que se debe nos sitúa al nivel de estados fallidos como el de Venezuela. De hecho, el propio fondo BRI ha solicitado el "default" de España y la calificación de nuestra deuda como Bono Basura. Todo este marco es un hándicap a las inversiones. Nos ha llevado trece años volver a recuperar la confianza de los inversores en materia energética y no nos podemos permitir volver a perderla. El reto que tenemos por delante es demasiado ambicioso para andar haciendo de trileros en las cortes internacionales.