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La justicia británica falla contra España por los impagos de Sánchez a las renovables

El Tribunal Superior de las islas desmonta por completo la última apelación del gobierno español, abriendo la puerta a nuevos embargos.

El Tribunal Superior de las islas desmonta por completo la última apelación del gobierno español, abriendo la puerta a nuevos embargos.
La justicia británica toma cartas en el asunto de los impagos a las renovables que defiende Sánchez. | Europa Press

A lo largo de la década pasada, la retirada retroactiva de las primas ofrecidas por el gobierno de España a las energías renovables disparó la inseguridad jurídica en el sector, desatando una cascada de denuncias ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), tribunal del Banco Mundial competente en esta materia.

España ha participado en medio centenar de arbitrajes coordinados por dicho organismo, en línea con las pautas recogidas en los distintos convenios internacionales de los que nuestro país es firmante, caso del Tratado de la Carta de la Energía o del Convenio del CIADI. Aunque la Abogacía del Estado reconoció en todo momentos estos procesos, las decenas de condenas que ha sufrido nuestro país han hecho que el gobierno de Pedro Sánchez cambie de postura y abogue por impagar estas obligaciones.

Ante esta situación inaudita, que nos sitúa a la par con países como Rusia o Venezuela, las empresas afectadas han activado un proceso compensatorio consistente en embargar bienes soberanos pertenecientes al Reino de España: cuentas de banco, contratos de alquiler, sedes institucionales, emisiones de deuda...

España ha intentado evitar estos desarrollos, pero la última maniobra del gobierno se ha topado con el Tribunal Superior británico, que esta semana ha publicado una sentencia en la que desestima la petición de España de anular el reconocimiento del laudo emitido por el tribunal del Banco Mundial y rechaza la tesis del gobierno de Sánchez, que quería evitar los embargos invocando la "inmunidad soberana" de dichos bienes.

"No existen motivos adecuados para anular la orden o negarse a reconocer el laudo", señala la sentencia, que considera improcedentes "todos los argumentos planteados por España en su solicitud". La Alta Corte también acusa al gobierno de Sánchez de "malinterpretar el efecto de las obligaciones de los tratados en el derecho internacional", recordando asimismo que "cualquier Estado que se convierte en parte de un tratado queda sujeto, por definición, a las obligaciones contenidas en el mismo".

Pese a los continuos reveses judiciales y la escalada en el proceso de incautación de bienes, el gobierno de Pedro Sánchez sigue gastando auténticas millonadas en la contratación de despachos de abogados. En este proceso, ha sido el bufete Simmons & Simmons LLP el que ha asumido la fallida defensa de la postura española. En total, el sobrecoste legal motivado por la estrategia del gobierno asciende ya a 130 millones de euros, cifra a la que hay que sumar los 120 millones de obligaciones adicionales derivados de los intereses de demora que provoca el retraso en el cumplimiento de las sentencias.

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