El gobierno de Pedro Sánchez se niega a indemnizar a las empresas afectadas por la retirada retroactiva de las primas ofrecidas a la inversión en energías renovables. Aunque el CIADI, tribunal competente del Banco Mundial, ha resuelto más de una veintena procedimientos en contra del Reino de España, el Ejecutivo de coalición conformado por PSOE y Podemos sigue sin acatar estos dictámenes, conduciendo a nuestro país a una situación muy delicada.
De momento, las indemnizaciones pendientes de pago ascienden a 1.161 millones de euros. A esta cifra hay que sumarle los intereses de demora, que ya suponen 119 millones adicionales. Por otro lado, los contribuyentes han asumido ya un desembolso de 129 millones, en concepto de contratación de bufetes internacionales y condenas en costas. Por lo tanto, el coste del fiasco supera ya los 1.400 millones.
Sin embargo, las obligaciones del Reino de España pueden crecer de forma significativa en los próximos meses, puesto que el CIADI sigue dirimiendo un total de 25 casos referidos al mismo asunto. El más abultado de todos involucra a una de las empresas más grandes del sector de la energía: la compañía alemana E.On.
De la OPA a Endesa a la denuncia ante el CIADI
Algunos lectores recordarán que E.On protagonizó un intento de OPA sobre Endesa a mediados de la década de los 2000. La operación contaba con el visto bueno del entonces presidente de la entidad, Manuel Pizarro. Sin embargo, el gobierno de Rodríguez Zapatero desplegó todo tipo de maniobras y artimañas con ánimo de torpedear el acuerdo.
Más allá de aquel lamentable episodio del que tanto se ha hablado y escrito, lo cierto es que E.On es una empresa de indudable prestigio en el ámbito energético. Opera en más de 30 países, suma cerca de 50 millones de clientes, controla activos valorados en 120.000 millones de euros y cerró el ejercicio 2022 con una facturación anual cercana a los 80.000 millones.
Pues bien, E.On no se quedó de brazos cruzados ante la retirada retroactiva de las primas ofrecidas a sus inversiones en el ámbito de la energía renovable y optó por denunciar a España ante el CIADI, desencadenando un largo proceso que comenzó en agosto de 2015 y que será dirimido por un tribunal de arbitraje que preside el prestigioso jurista estadounidense Mark A. Kantor, nombrado para dicha responsabilidad con el acuerdo de ambas partes.
Según ha podido saber Libre Mercado, E.On pide al Reino de España una indemnización de hasta 600 millones de euros, como compensación por las pérdidas que sufrió a raíz de la modificación de los incentivos aplicables a las energías renovables. Fuentes del sector consultadas por este diario afirman que, a la luz de los más de veinte procedimientos que ya se han resuelto, parece fácil asumir que la multa impuesta a España ascienda, como mínimo, a 200 millones.
Evidentemente, lo lógico sería que España pague los laudos pendientes y cumpla sus obligaciones - pero la estrategia del gobierno ha movido a las empresas e inversores afectados a perseguir el embargo y la incautación de todo tipo de activos del Reino en el extranjero, caso de indemnización de casi 1.000 millones por el hundimiento del Prestige o la sede del Instituto Cervantes en Londres. Además, la defensa también ha declarado cuatro bonos de deuda soberana en una situación de default técnico, una maniobra que puede perjudicar seriamente el acceso a financiación del Tesoro.