Los funcionarios han alertado de un problema en la sanidad de cara al verano y que ha quedado en evidencia en pleno cierre acelerado de de legislatura. El principal sindicato de los empleados públicos, CSIF, denuncia el cierre de 15.000 camas hospitalarias y advierte de riesgo de colapso en las zonas más turísticas.
CSIF ha pedido ya al Ministerio de Sanidad que coordine con las comunidades afectadas "un plan de contingencia ante el déficit de profesionales". La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha puesto encima de la mesa "el cierre de 15.000 camas hospitalarias", una medida "que suele adoptarse ante la falta de personal sanitario por vacaciones y que tendrá como consecuencia un aumento de la presión asistencial y la saturación en hospitales y centros de salud, sobre todo en aquellas zonas de especial afluencia turística, como playas y zonas de interior".
Las 15.000 camas equivalen aproximadamente al 13 por ciento del total: unas 114.000, según datos de las comunidades autónomas recabados por CSIF. En este sentido, CSIF subraya que este cierre de camas provocará "un aumento de la demanda de asistencia sanitaria, que se verá agravado por la disminución habitual de operaciones quirúrgicas, la reducción de las consultas en Atención Primaria y porque el personal del ámbito sanitario que coge vacaciones no será sustituido en su totalidad".
"Ante el riesgo de que el sistema sanitario colapse aún más este verano, CSIF emplaza al Ministerio de Sanidad y a los servicios de salud de las comunidades autónomas a que elaboren planes de contingencia que incluyan refuerzos de personal en los centros de salud y hospitales que recibirán especial afluencia turística", apunta el sindicato. "Dichos planes también deben incluir, entre otras medidas, la sustitución de la totalidad del personal del ámbito sanitario que estará de vacaciones, incapacidades temporales, asuntos propios y que no se realice el cierre de camas hospitalarias, tal y como se prevé", reclama el sindicato. Lo cierto es que algunos de los servicios sanitarios españoles han disparado las alertas, no sólo por sus retrasos en la asistencia médica, sino también por la ocultación oficial de datos.
Libertad Digital publicó hace cuatro meses uno de los casos más descarados en esta tendencia: el de Castilla La Mancha, donde un mail de los equipos sanitarios del Gobierno regional de Emiliano García-Page dejó al descubierto una práctica difícilmente justificable y perfectamente calificable de manipulación estadística.
Se trataba de un mensaje en el que se comunicaba que los datos de pacientes con una "demora superior a los 90 días" en las "primeras consultas" debían ser trasladados al sistema de recuento de listas de espera de una forma diferente a la utilizada hasta el momento. Y el cambio consistía, precisamente, en que el sistema de recuento informático –denominado Mambrino– ya no "ofertará un cita para entregar al paciente" con esa demora. Lo que hará el sistema será abrir "automáticamente una opción de registro en una lista de espera de consultas externas", un indicador sobre el que la atención política es claramente inferior y que no refleja ya esa demora de más de 90 días. Es decir, que se ordenaba llevar los pacientes con mayor demora a un segundo apartado, con lo que los datos recabados por el sistema nacional ya no los recogería en el análisis más empleado y criticado desde el punto de vista político. Maquillaje en estado puro.