Los funcionarios están en pie de guerra contra el Gobierno. Consideran que Pedro Sánchez ha incumplido la inmensa mayoría de promesas realizadas al colectivo de empleados públicos y su sindicato mayoritario -CSIF- ha decidido- que ha llegado la hora de poner en valor su peso como grupo organizado: el sindicato reclama "una nueva hoja de ruta con mejoras laborales y de los servicios en las Administraciones, jornada de 35 horas, teletrabajo y revisión de la subida salarial". Todo ello lo ha incluido en un amplio documento que ha remitido a los partidos de cara al 23-J y les advierte de que, dependiendo del compromiso de cada formación política con los funcionarios, su voto "será determinante".
Los empleados públicos han decidido posicionarse ante las próximas elecciones generales y avisan: "Los 2,5 millones de trabajadores de las Administraciones y sus familias serán determinantes". Lo cierto es que esa cifra es incluso superior si se toman todos los empleados públicos y rebasa con creces los 3 millones. Y ello sin contar con los familiares no funcionarios y en edad de votar.
El sindicato ha decidido iniciar, en este contexto, una ronda con los partidos políticos con 12 exigencias básicas más la reclamación de que se resuelvan los conflictos con Justicia, Administración del Estado, Sanidad o Prisiones, entre otros.
El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra, reclama, de este modo, a los partidos políticos "una nueva hoja de ruta que permita mejorar la calidad de los servicios públicos y las condiciones laborales de las plantillas: jornada laboral de 35 horas, desarrollo efectivo del teletrabajo, aprobación urgente de la oferta de empleo público, equiparación salarial y recuperación de la estructura salarial previa al recorte de 2010, entre otros".
El documento elaborado destaca lo siguiente: "Desde nuestra independencia y el respeto a las opciones políticas que concurren a las elecciones, esperamos que de las urnas surja un Gobierno estable que permita impulsar una nueva agenda de mejoras en nuestras administraciones y un pacto que nos permita desarrollar estos 12 ejes fundamentales". Esos doce puntos incluyen la "revisión del acuerdo salarial, implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales, desarrollo efectivo del teletrabajo en la Administración General del Estado, y la regulación de la jubilación parcial anticipada en personal funcionario, estatutario y aquellos colectivos cuya actividad profesional así lo recomienda".
También se incluyen en ese listado de demandas la "mejora de las pensiones de Clases Pasivas y mayor financiación para las Mutualidades (MUFACE, MUGEJU e ISFAS), actualización de las dietas e indemnizaciones por residencia, adecuación de los Grupos Profesionales conforme establece el TREBEP (Art. 76), y profesionalizar la administración y garantizar su independencia, reducir los altos cargos, nombramientos a dedo y que se potencie el acceso por mérito y capacidad hasta los directores generales".
El documento prosigue con la exigencia de "garantizar una financiación pública de la educación y la sanidad, hasta un 7% del PIB, eliminar la brecha salarial, garantizar la paridad, y desarrollar los protocolos específicos contra el acoso sexual o por razón de sexo, así como revisar el pacto contra la violencia de género ante el repunte de casos y los problemas aún vigentes en la lucha contra esta lacra social, y desarrollar la carrera profesional y evaluar el desempeño con criterios objetivos y negociados con los sindicatos".
Por último, los funcionarios exigen "un plan de recursos humanos a medio plazo frente a la avalancha de jubilaciones que se van a producir y refuerzo de las plantillas donde sea necesario (SEPE, Seguridad Social, Prisiones, Sanidad, Educación, entre otros. A corto plazo, se hace precisa la aprobación urgente de la Oferta de Empleo Público de 2023, supresión de la tasa de reposición y agilización de los procesos de estabilización de plazas interinas". Y advierten de que, en base a ello, su voto "será determinante".