Los ayuntamientos de Inglaterra y Gales se encuentran en estos momentos sometidos a importantes tensiones financieras debido al aumento de los costes de asistencia social, la inflación y la reducción de los ingresos, tal y como recoge el Financial Times. De hecho, este año el déficit de financiación total de estas administraciones crecerá por lo menos hasta los 2.000 millones de libras esterlinas (unos 2.330 millones de euros). Por ello, cada vez les resulta más complicado cumplir con sus obligaciones de prestar un conjunto de servicios básicos (tales como servicios educativos, protección y atención social de los niños, atención social de adultos, recogida de residuos, servicios de planificación y vivienda, mantenimiento de carreteras y servicios de biblioteca) y mantener el equilibrio en sus cuentas financieras.
En este sentido, son especialmente preocupantes las noticias que llegan desde las islas británicas relacionadas con la situación financiera del Ayuntamiento de Birmingham. Esta ciudad, cuyo censo ascendía en 2021 a las 1.144.900 personas (según datos ofrecidos por la Office for National Statistics, el organismo encargado de las estadísticas oficiales), está dirigida por un gobierno del Partido Laborista, y es ahora, además, una administración en bancarrota.
Birmingham, en quiebra técnica
El pasado 5 de septiembre, después de conocer las desalentadoras conclusiones de una auditoría externa a la que se había sometido acerca de su situación financiera, el Consejo de Birmingham dio un Aviso de la Sección 114 (de acuerdo con la Ley de Finanzas del Gobierno Local de 1988, que establece que el director financiero de un consejo deberá emitir este aviso si cree que no tiene suficientes recursos para cumplir con sus compromisos de gasto), el cual implica que "todos los nuevos gastos, con excepción de la protección de personas vulnerables y los servicios legales, deben detenerse de inmediato".
De esta forma, y aunque legalmente las autoridades locales en el Reino Unido no pueden declararse en quiebra, se interpreta que de facto la Administración local estaba declarando la bancarrota "como parte de los planes para cumplir con las obligaciones financieras del Ayuntamiento relacionadas con las reclamaciones de Igualdad Salarial –que en el informe destaca, "ahora está legalmente obligado a reconocer"— y un déficit financiero anual dentro de su presupuesto que actualmente se sitúa en la región de £87 millones" (unos 100 millones de euros).
Así, la Administración explica que el "Consejo" no dispone de los recursos suficientes para hacer frente a los pagos y tampoco otros medios auxiliares que le permitan captar financiación para ello. Por esto, desde el Gobierno local se comprometen a reforzar "los controles de gasto que ya existen" y, además, pone en manos del Oficial de la Sección 151 la supervisión "para garantizar que haya un control total".
Según explica la Administración, ya en junio se anunció que el Ayuntamiento tenía "un pasivo potencial relacionado con reclamaciones de igualdad salarial" de entre £650 millones a £760 millones (aproximadamente, de entre 750 millones y 885 millones de euros), además de "un pasivo continuo acumulado a un ritmo de £5 millones a £14 millones por mes" (lo que supone un aumento de la deuda cada mes de entre 6 millones y 16 millones de euros). Por ello, la Administración explica que en julio ya se habían implementado "rigurosos controles de gasto" y que el aviso 114 era una medida necesaria "mientras buscamos que nuestra ciudad vuelva a tener una base financiera sólida". Con todo, no obstante, para el curso 2024-2025 se espera que el déficit presupuestario de la ciudad de Birmingham aumente hasta los 164,8 millones de libras esterlinas.
Por todo ello, en una reunión del consejo, Robert Alden, líder de la oposición, acusó a los laboristas de "mentirle al pueblo de Birmingham", puesto que "esta administración afirmó que, bajo el laborismo, Birmingham se enfrentaba a una década dorada".
Como explica la BBC, todo comenzó en abril de 2010, cuando 5.000 empleados municipales, (que en su mayoría eran mujeres) ganaron un caso por la igualdad salarial ante un tribunal laboral. Lo que se estableció entonces es que estos trabajadores no habían recibido unas bonificaciones salariales que sí fueron otorgadas "al personal en trabajos tradicionalmente realizados por hombres". Por eso, desde ese momento, el Consejo ya ha pagado casi 1.100 millones de libras esterlinas (más de 1.100 millones de euros) en compensación a estas reclamaciones.
A ello, además, se le han añadido otros problemas que han agravado el agujero en su presupuesto, como la factura de 100 millones de libras por los problemas que ha tenido con el nuevo sistema de TI (tecnología de la información) que han instalado en su administración, basado en la nube de la compañía Oracle o la polémica por haber albergado los Juegos de la Commonwealth el año pasado, que ha provocado un cruce de críticas entre laboristas y conservadores.
Otros ayuntamientos en quiebra
El de Birmingham no es el primer ayuntamiento británico que ha dado este aviso. Otros tantos, como el de Thurrock (en el condado de Essex) y Woking (del condado de Surrey) se han visto obligados a ello en los últimos meses: el primero de los cuales dio el aviso en diciembre de 2022 por las dificultades que sufría para pedir prestado grandes sumas de dinero para invertir en energía solar; el segundo lo hizo el pasado mes de junio después de entrar en "un déficit financiero extremadamente grave" debido a un déficit presupuestario de 1.200 millones de libras causado por inversiones comerciales riesgosas.
No obstante, como explica The Guardian, el primer aviso de este tipo se dio en el año 2000, por parte del consejo de Hackney (al este de Londres). Después, en 2018, vino el aviso del consejo del condado de Northamptonshire, y a finales de 2021 el del consejo de Croydon (un municipio de Londres).