Las más de 50 empresas que sufrieron la retirada retroactiva de las primas ofrecidas a las energías renovables han llevado a España ante los tribunales con ánimo de recibir algún tipo de compensación por semejante atropello. Aunque ya se han emitido más de 20 fallos que condenan a nuestro país a abonar indemnizaciones valoradas en más de 1.200 millones, el gobierno de Pedro Sánchez se ha negado a cumplir dichos laudos, violando el derecho internacional (Tratado de la Carta de la Energía, Convenio CIADI, etc.) y situando a nuestro país a la altura de Rusia o Venezuela.
Ante semejante panorama, las compañías afectadas han puesto en marcha decenas de procedimientos encaminados a lograr el embargo de bienes del Reino de España en el extranjero. En Gran Bretaña ya se ha anunciado la intervención cautelar de edificios institucionales y cuentas bancarias, mientras que en Australia se da por sentada la futura confiscación de una filial de Navantia. Pronto pueden darse situaciones similares en Suiza o Estados Unidos.
Mientras se concretan estos procesos, las empresas afectadas también han movido ficha en el campo financiero y han decidido presionar al Tesoro a base de declarar en default técnico cuatro bonos de deuda soberana cuyo valor ronda los 1.000 millones de euros. Esta maniobra fue comunicada por vez primera a finales de abril y se resolverá a lo largo de los próximos meses, tras el preceptivo intercambio de información entre las empresas afectadas y las entidades financieras que custodian los títulos de deuda en cuestión.
Pues bien, de igual forma, Libre Mercado ha podido saber que las empresas afectadas se han puesto en contacto con las agencias de rating Fitch y Moody’s mediante sendas comunicaciones formales a las que ha tenido acceso Libre Mercado. Dichas cartas pretenden "llamar la atención sobre determinados eventos que pueden conducir a una revisión a la baja de la calificación crediticia de las deudas emitidas por el Reino de España".
Los documentos que ha consultado este diario han sido remitidos a Fitch y Moody’s y detallan cómo "España ha ocultado parte de sus compromisos financieros", escondiendo a las agencias de rating la documentación que acredita el impago de las sentencias que condenan a nuestro país por la retirada retroactiva de las primas renovables. Según la información enviada, "los laudos pendientes de pago acarrean, además, el pago de más de 250 millones en concepto de costes legales, condenas en costas e intereses de demora".
Las empresas afectadas denuncian que la estrategia del gobierno de Pedro Sánchez de incumplir sus compromisos internacionales "es un fuerte indicador del debilitamiento de la cultura de la responsabilidad financiera y puede revelar un franco deterioro de la seguridad jurídica", lo que abriría la puerta "a una revisión a la baja de la calificación crediticia de la deuda española".
"España puede pagar estos compromisos, pero no lo está haciendo. Al coquetear con el default, se sitúa a la par con países como Argentina, Venezuela o India. Es inaudito que una economía europea rica y desarrollada siga semejante camino. En estas circunstancias, parece apropiado tomar en consideración la situación y evaluar la nota crediticia de España para reflejar este comportamiento", concluye la misiva.