El Gobierno de Pedro Sánchez ha previsto todo un festín recaudatorio para 2023 hasta alcanzar la friolera de 262.781 millones de euros en ingresos. Llegar a esta cifra supondría superar el récord ingresado por las arcas del Estado en 2022 gracias a las aportaciones de los contribuyentes españoles. Hacienda pretende batir estos históricos números gracias sus impuestos estrella (como el IRPF o el IVA), pero también gracias a la entrada en vigor de algunos tributos nuevos. Sin embargo, no todos están teniendo el resultado esperado por el departamento de María Jesús Montero.
Uno de los fracasos más estrepitosos de Hacienda ha sido el Impuesto a las Grandes Fortunas, que ha recaudado 623 millones de euros en 2023, poco más de la mitad de lo que preveía el Gobierno. Eso sí, de esa cuantía, 555 millones de euros corresponden a la riqueza de 10.300 madrileños que hace un año no pagaban nada por su patrimonio.
Éxito recaudador del Impuesto al Plástico
En el lado contrario, está el Impuesto Especial sobre los Envases de Plástico no Reutilizables, que hasta julio ha generado 345 millones de euros en ingresos públicos extra. Con estos números, es fácil pronosticar que, a cierre de año, los ingresos de las arcas del Estado podrían superar los 491 millones de euros previstos por el Ejecutivo.
Y mientras Hacienda celebra el éxito recaudador de este nuevo tributo, su implantación está suponiendo un auténtico quebradero de cabeza para las empresas afectadas a lo que hay que sumar el coste económico que implica la medida. Así lo denunció ayer lunes la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), que ya avisaba del caos que supondría este nuevo tributo incluso antes de su entrada en vigor.
Un impuesto "surrealista"
AEDAF ha elaborado un paper denunciando los defectos técnicos del impuesto y la complejidad administrativa que suponen "las obligaciones administrativas de altos costes" que implica su gestión y el "imposible cumplimiento para miles de pymes españolas" que operan con plástico de un sólo uso. Cabe recordar que este impuesto afecta directamente a sectores como la alimentación y bebidas, al farmacéutico o al cosmético etc, y por ende, al precio que paga el consumidor final. En plena tormenta inflacionista, no podría resultar más inoportuno.
Su autora señala que se trata de "un impuesto surrealista para cualquier estudioso de la materia tributaria que, a todas luces, tendrá que ser objeto de una revisión en profundidad puesto que las dificultades en su comprobación y, porque no decirlo, la litigiosidad, están aseguradas". Tal es el embrollo, que la Dirección General de Tributos (DGT) ha contestado a "unas 200 consultas vinculantes" sobre el asunto.
España, caso prácticamente único
Una de las cuestiones sobre las que más preguntan a la DGT los afectados es debido a la ambigüedad de los conceptos "envase", "plástico" y "la consideración de no reutilizables". El documento critica que "las autoridades fiscales han hecho una interpretación extensiva del concepto "plástico" y consideran que, cualquier tipo de envase no reutilizable fabricado a partir de cualquier tipo de polímero, ya sea sintético o natural, pasa a formar parte del ámbito objetivo del impuesto". Eso significa que "los polímeros naturales tales como el almidón, la celulosa o bien los polímeros de glucosa elaborados a partir de deshechos de patata o maíz y que sirven para producir cubiertos, envases y/o bolsas" pagarían el impuesto, lo que no tiene ningún sentido medioambiental, que es (supuestamente) el objetivo último de su creación.
La misma confusión se sucede con el concepto de "fabricante" o con el devengo del impuesto, así como con la obligatoriedad de que las empresas extranjeras fabricantes de envases tengan que pagar este tributo porque empresas españolas usan su plástico, por ejemplo, para la venta de productos de alimentación nacionales. Desde AEDAF creen que supone unas desventaja competitiva el imponer "barreras administrativas que podrían afectar a las adquisiciones intracomunitarias, por lo que podría vulnerar el tratado fundacional de la Unión Europea".
Otra dificultad se da a la hora de determinar la base imponible "dado que la gran mayoría de los productos sujetos al impuesto suelen tener una composición mixta, ya sea en atención al tipo de plástico utilizado o bien a los materiales que se utilizan en la fabricación de los envases en cuestión". En este sentido, certificar el origen y cantidad de plástico no reciclado de cada adquisición/importación se vuelve tarea imposible para los afectados a los que, para más inri, el Gobierno va a obligar a partir de enero de 2024 a trabajar con certificadores oficiales de plástico cuya contratación tendrá un coste de "entre 4.000 y 6.000 euros al año".
Lo mismo ocurre con las deducciones del impuesto, para cuya aplicación requieren tales trámites burocráticos que "las empresas renuncian a aplicárselas y prefieren pagar la totalidad del impuesto" asegura la experta, que señala a este hecho como la principal causa del éxito recaudador del Gobierno.
Desde AEDAF critican que el caso español sea prácticamente único en Europa. "Únicamente Portugal y Reino Unido que, recordemos ya no está en la UE, han introducido un impuesto de características similares al impuesto español, si bien con grandes diferencias". Italia también lo tenía previsto, pero lo ha suspendido "ante el mal resultado español".