Fedea, la Airef, el Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria, Faes... La reforma de las pensiones de José Luis Escrivá ha sido objeto de un sinfín de evaluaciones. En la mayoría de las ocasiones, estos organismos y casas de análisis han coincidido en que la reforma estrella del ministro de Seguridad Social tendrá catastróficas consecuencias para el sistema.
Esta semana, los economistas de la Universidad de Valencia Enrique Devesa, Robert Meneu y Rafael Doménech (BBVA Research) también han difundido un demoledor informe titulado La reforma del sistema de pensiones de 2021 a 2023. En este documento los expertos analizan las diferentes medidas adoptadas por el ejecutivo de PSOE y Podemos, así como las estimaciones disponibles de sus impactos previstos a 2050, tanto en los gastos como los ingresos.
Primer tirón de orejas
El primer tirón de orejas de los autores al Gobierno es que "el déficit de la Seguridad Social ha dejado de ser un indicador comparable de su situación financiera" debido a las transferencias periódicas que el sistema recibe del presupuesto estatal (los ingresos por cotizaciones hace muchos años que no son capaces de cubrir las prestaciones). De hecho, es muy habitual que el Ministerio de Seguridad Social presuma de un falso superávit en el sistema.
Los autores recuerdan que el Gobierno en 2021 eliminó el Índice de Revalorización de las Pensiones y el Factor de Sostenibilidad, aprobó la revalorización con el IPC promedio, introdujo el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI, que ha subido las cotizaciones 0,6 puntos este año), aprobó la financiación con cargo al Estado de un conjunto de prestaciones contributivas y no contributivas, introdujo nuevos coeficientes reductores para la jubilación anticipada, aprobó incentivos a la jubilación demorada y que el Estado financie cualquier déficit presente y futuro de la Seguridad Social. Por su parte, la reforma del Régimen Especial de trabajadores Autónomos en 2022 tiene por objetivo acercar las bases de cotización a las rentas reales de los trabajadores autónomos. Lejos de garantizar la sostenibilidad del sistema (el supuesto objetivo principal), todo esto hace que el sistema sea "menos autosuficiente que antes" y presente "unas mayores necesidades de financiación".
"El sistema contributivo de la Seguridad Social empezó a incurrir en un déficit creciente desde el año 2012. Este déficit tuvo al principio razones cíclicas, pero, en realidad, su crecimiento se debe a factores estructurales. En 2019, antes de la pandemia y con una tasa de desempleo por debajo de su promedio de las últimas décadas, el déficit contributivo ya era del 1,6% del PIB. Los factores estructurales son consecuencia del aumento de la esperanza de vida, de la jubilación de la generación del baby boom en los próximos años. Los autores también señalan que la reforma de las pensiones de 2021 obligó al Estado a financiar un conjunto de gastos, los llamados gastos impropios, mediante transferencias, lo que también minimiza la magnitud del problema y "dificultan el diagnóstico de los ingresos, gastos y déficit de la Seguridad Social".
En el siguiente gráfico se observa como durante años el déficit actuarial no fue un problema para el sistema contributivo porque "el bono demográfico era favorable, es decir, el número de nuevos cotizantes que entraban al mercado laboral era superior que el de jubilados que lo abandonaban, sobre todo en la década previa a la Gran Recesión, gracias al significativo aumento de la inmigración". Ellos mismos reconocen que "la situación era similar a un esquema de Ponzi o juego piramidal, que no puede mantenerse indefinidamente".
Estocada fiscal a empresas y trabajadores
Como ya hemos publicado en Libre Mercado, para sufragar el sobrecoste que va a generar la revalorización de las pensiones con el IPC o las jubilaciones del baby boom, el Gobierno pretender ir subiendo progresivamente ese aumento de cotizaciones a todas las empresas y trabajadores de España, que ahora es del 0,6%, hasta duplicarlo (1,2%). Pero no será suficiente. De hecho, el Gobierno contempla subirlas todavía más.
De aquí a 2050, los autores del informe han elaborado una proyección del gasto contributivo más pensiones no contributivas y clases pasivas (funcionarios) y de las cotizaciones a la Seguridad Social con datos de previsiones del Gobierno (los más optimistas), de la Airef y de de la Fuente. El resultado no tiene parangón. La diferencia entre ingresos y gastos es muy significativa. En concreto, el resultado es una horquilla de ingresos contributivos de la Seguridad Social en 2050 entre el 11,4% y el 11,9% del PIB, mientras que la proyección de gasto contributivo más pensiones no contributivas y clases pasivas oscila entre el 16,6% del Gobierno en 2046 y el 19,5% de de la Fuente en 2050.
Varios aspectos relevantes son que estas proyecciones no tienen en cuenta los efectos negativos sobre el empleo y el PIB de aumentar las cotizaciones sociales y que los aumentos previstos de cotizaciones a la Seguridad Social no darán derecho un aumento proporcional de la pensión futura. "Por lo tanto, las reformas realizadas reducirán la contributividad del sistema, y los aumentos de las cotizaciones dejan de ser consideradas como un incremento del salario diferido y pasan a ser un impuesto al trabajo, que aumenta los costes salariales en detrimento del empleo y de la actividad económica" señalan en el documento.
"En cuanto a la redistribución intergeneracional, las reformas aumentarán el flujo de renta de las generaciones más jóvenes en activo, hacia las generaciones mayores jubiladas. Este resultado se debe a que aumenta el gasto en pensiones, que se financiará con mayores cotizaciones sociales y más impuestos generales" añaden.
Tras analizar con lupa la reforma de Escrivá, los autores del texto concluyen que el sistema "será más generoso, pero menos contributivo y autosuficiente, presenta un mayor déficit estructural, elimina ajustes vinculados al aumento de la esperanza de vida, da lugar a una mayor redistribución intra e intergeneracionalmente, y aumenta los costes laborales, lo que supone un lastre sobre el empleo, el crecimiento económico y la convergencia con las sociedades europeas más avanzadas. Al reducir su autosuficiencia, el sistema depende en mayor medida de las transferencias del Estado. Este último aspecto no es menor, puesto que reduce la transparencia sobre el verdadero coste de financiación del sistema de pensiones y termina trasladando a la sociedad una imagen distorsionada de su coste de oportunidad y del menor margen para otras políticas públicas".