Un destacado grupo de juristas internacionales ha presentado un escrito ante la justicia estadounidense para reclamar a los tribunales del país norteamericano que tomen medidas contra los impagos del gobierno de España a los inversores afectados por la retirada retroactiva de las primas ofrecidas a las energías renovables.
Según ha podido saber Libre Mercado, el escrito sigue la fórmula del amicus curiae, un proceso habitual en los sistemas judiciales anglosajones mediante el cual los tribunales pueden recibir documentación e información por parte de terceros que se consideran afectados por el proceso en marcha y pueden ofrecer más perspectiva sobre la cuestión que se está dirimiendo.
No es esta la única vez que los impagos de Pedro Sánchez motivan este tipo de intervención ante la justicia estadounidense, puesto que ya el pasado verano trascendió la decisión de la Cámara de Comercio de involucrarse en este mismo proceso para alertar de las "consecuencias catastróficas para la inversión internacional" que se derivan de los incumplimientos del Ejecutivo de nuestro país.
La lista de juristas que han suscrito este nuevo amicus curiae incluye a destacados académicos como Crina Baltag (Universidad de Estocolmo), Diane Desierto (Universidad de Notre Dame), Charles Kotuby (Universidad de Pittsburgh), Veronika Korom (ESSEC Business School), Loukas Mistelis (Universidad de Queen Mary de Londres). También han participado en el amicus curiae distintos abogados especializados en el campo de los arbitrajes internacionales, como Nikos Lavranos (Holanda), Ben Love (Estados Unidos), Richard Happ y Christian Tietje (Alemania), Christoph Schreuer (Austria), Frédéric Sourgen (Francia) o Claus von Wobeser (México).
Los abogados alertan a la justicia estadounidense de que "la posición adoptada por España amenaza con socavar la gobernanza de los tratados que articulan los flujos de inversión a nivel internacional". Asimismo, consideran que "si Estados Unidos no toma medidas para exigir a España el pago de sus obligaciones, estará incumpliendo las obligaciones del Convenio del CIADI".
Este último punto es relevante, porque tanto España como Estados Unidos suscribieron el acuerdo internacional que regula la creación de dicho organismo, un tribunal de arbitraje dependiente del Banco Mundial en el que se han dirimido decenas de procesos referidos al fiasco de las primas.
Entre las reglas de adhesión al CIADI, el Artículo 54 recoge la obligación de reconocer los laudos y contribuir a su pago efectivo, incluso si esto supone embargar bienes de países como España como forma de compensar a los afectados. En Reino Unido o Australia ya se han puesto en marcha este tipo de procedimientos, resultando en la congelación e incautación cautelar de edificios, cuentas de banco y otros activos de nuestro país.
De las decenas de casos abiertos contra España por la retirada retroactiva de las primas renovables, dos de los más abultados son los que está estudiando la justicia estadounidense. Se trata de los casos que afectan a NextEra y 9Ren, empresas a las que nuestro país debería indemnizar con 291 y 42 millones de euros, respectivamente.
El gobierno de Pedro Sánchez insiste en que no cumplirá el dictamen del CIADI y también se ha declarado en rebeldía ante las sentencias de la Corte de La Haya que también dan la razón a las empresas, motivo por el cual las compañías que están sufriendo los impagos han procedido a denunciar a España ante los tribunales de Estados Unidos.