Las pensiones contributivas subirán un 3,8% en 2024. Esto no es una novedad. Se sabía desde hace unos días, cuando el INE publicó el dato definitivo de noviembre y se pudo aplicar la fórmula contenida en la última reforma de las pensiones. Según los cálculos del Ministerio, esto quiere decir que la prestación media se incrementará en unos 734 euros al año (algo más 52 euros al mes en catorce pagas).
Esto no hará a los pensionistas más ricos, pues sólo iguala en términos reales la subida de los precios, pero sí les protege de la inflación: los trabajadores tendrán que negociar con sus empleadores un incremento en su remuneración si quieren mantener el poder adquisitivo, mientras que los jubilados lo tienen asegurado. En realidad, por mucho que la propaganda del Gobierno diga lo contrario, es lo que ha venido ocurriendo en nuestro país, con algunas excepciones (en 2011-13, en mitad de la crisis de deuda soberana que azotó la Eurozona en aquellos años). Porque incluso aunque es cierto que en 2017 volvieron a subirse por debajo del IPC, no podemos olvidar que veníamos de varios ejercicios de subidas del +0,25% con inflación negativa: el resultado acumulado fue que los pensionistas mantuvieron el poder adquisitivo en aquellos años.
De hecho, cuando decimos que las pensiones subirán un 3,8%, nos referimos a las contributivas con carácter general, porque tanto las mínimas como las no contributivas subirán más: las pensiones no contributivas y el ingreso mínimo vital (IMV) un 6,9%; las mínimas se incrementarán entre un 5% y un 7%; y la pensiones de viudedad con cargas familiares tendrán una subida del 14%.
Sobre todas estas cifras no hay demasiadas dudas, entre otras cosas porque el Gobierno ha insistido una y otra vez en ellas. Pero son la otra cara de la moneda de otras no tan conocidas y de las que se está hablando menos estos días. Porque suben las prestaciones y se mantienen las promesas a futuro; pero eso no es gratis. Para conseguirlo sin que el déficit se dispare todavía más, la reforma de las pensiones estableció hasta tres mecanismos tributarios para que los ingresos también subieran. Dos de ellos ya están en marcha. El tercero nos dará más margen (aunque tampoco mucho, hasta 2025).
- Mecanismo de Equidad Intergeneracional: pasa del 0,6 al 0,7% del salario bruto. El Gobierno insiste en que el reparto es 0,58% a cargo de la empresa y 0,12% a cargo del empleado. Pero la realidad es que estamos ante un coste laboral que no llega en neto a la cuenta del trabajador. Su empresa paga por él esa cantidad y no la cobra. El MEI se puso en marcha en 2023 y la idea es que siga subiendo, hasta el 1,2% del salario, en 2029. Pero con un asterisco muy importante: si en las revisiones de las cuentas de la Seguridad Social que hay pactadas con Bruselas se detecta un desequilibrio superior al previsto, el MEI subirá de forma automática. Casi todos los organismos que han presentado informes sobre este tema coinciden en que será casi inevitable que esto ocurra. ¿Cuánto y cuándo? No hay una cifra cerrada, pero no sería extraño que ya desde 2025 veamos como ese "pequeño esfuerzo" del que hablaba José Luis Escrivá cuando lo presentó sea algo menos pequeño cada año.
- Subida de la base máxima: quizás lo más llamativo de este año es que la base máxima subirá un 5%. De esta manera, se cumple la segunda subida de impuestos (sí, son impuestos, no cotizaciones) incluida en la reforma de Escrivá. Desde ahora y hasta 2050, la base máxima subirá cada año 1,2 puntos por encima de la subida de las pensiones. Como las prestaciones se incrementarán un 3,8%, la base máxima lo hará en un 5%. De los 53.496 euros de 2023, a los 56.643,3 euros del próximo año: 4.720,28 euros al mes. Mientras tanto, recordemos que la prestación máxima de jubilación ascenderá a 44.450 euros anuales (en catorce pagas). La diferencia entre base máxima y pensión máxima sigue creciendo (y lo hace también el impuesto oculto de la Seguridad Social con el que ya se recaudan más de 6.000 millones al año a cambio de nada, porque no genera derechos a futuro).
- Cuota de solidaridad: la única subida de impuestos que dará algo de margen a empresas y trabajadores. Porque no comenzará a aplicarse hasta 2025. Es un recargo en la parte no sujeta a cotización de los sueldos más altos: lo que quede por encima de la base máxima, que hasta ahora no pagaba nada, comenzará a tributar (recordemos, no tributa ahora porque no genera derechos; lo que tribute desde este momento es un impuesto al trabajo). ¿A cuánto ascenderá? A entre un 5,5 y un 7% de esa parte del salario no sujeta a cotización.
Menor contributividad
Como vemos, todo lo explicado en este artículo (tanto en lo que tiene que ver con las prestaciones como con las cotizaciones) apunta en la misma dirección: cada vez habrá menos contributividad. Si suben las mínimas más que el resto de las pensiones, al igual que las no contributivas; y sí, además, se aprueban tres nuevos impuestos que incrementan los costes laborales sin un equivalente en cuanto a derechos futuros; decimos que si estas dos circunstancias se dan a la vez, lo que tenemos es una pérdida de contributividad en el conjunto del sistema. Cotizar sirve de menos. El premio por una vida de aportaciones es menor. La retórica que tanto gusta a nuestros políticos (la idea del "salario diferido") se debilita.
La consecuencia es que el atractivo del trabajo remunerado en España es menor. Los costes suben sin que eso genere ningún derecho a futuro. Como con todos los impuestos, esto tendrá consecuencias. Se puede pensar (en el Gobierno seguramente lo piensan) que merece la pena a cambio de asegurar las prestaciones de los pensionistas actuales. Pero lo que no se puede es pensar que no supone un desincentivo al trabajo, especialmente el mejor remunerado, mejor cualificado, más especializado. Y eso puede tener un impacto en el empleo y la recaudación de los próximos años. ¿Estamos hipotecando el medio plazo para defender una media muy atractiva desde el punto de vista electoral en el corto? Pues aquí cada uno tendrá su opinión, pero lo que está claro es que el reparto de costes-beneficios de esta reforma recae fundamentalmente en la espalda de los actuales trabajadores para proteger a los pensionistas. ¿Sostenible? Lo veremos en los próximos años.