Javier Milei ya ha arrancado su motosierra y ha empezado a desmantelar el elefantiásico Estado argentino que durante décadas de peronismo ha venido asfixiando a la economía y la población del país. Así, con el fin de reducir el gasto público y liberalizar la actividad económica y empresarial para impulsar profundos cambios en la sociedad argentina que permitan prosperar al país, el presidente de Argentina no está dudando en tomar las medidas oportunas.
Al respecto, la última gran decisión del economista liberal-libertario ha sido la de prescindir de un gran número de funcionarios contratados a lo largo de este año. En Libre Mercado ya informamos de que esto era algo que tenía previsto hacer el nuevo Ejecutivo argentino. Sin embargo, ayer se publicó finalmente el Decreto donde se hace oficial esta medida y, del mismo modo, el portavoz del Gobierno argentino aclaró públicamente de cuántos empleados públicos va a prescindir Javier Milei a partir del 1 de enero de 2024: serán más de 5.000.
Menos funcionarios
Uno de los principales estandartes que el economista liberal-libertario alzó tanto en campaña como después de su victoria electoral es su compromiso con la reducción del gasto público y del peso del Estado en la economía. Para ello, uno de los primeros flancos que está atajando es el de las contrataciones de la Administración con el fin de mejorar la eficiencia en el empleo de los recursos e instalar la seriedad y la disciplina entre los empleados públicos.
De este modo, en Libre Mercado hemos informado de que una de las primeras decisiones que el economista liberal-libertario tomó tras su llegada a la Casa Rosada fue la de exigir a los funcionarios la total presencialidad en sus respectivos puestos de trabajo, advirtiendo también que los ‘ñoquis’ (es decir, los funcionarios más vagos) serían despedidos. "Si ocupan una silla, pero no trabajan ni aportan valor, ese empleo va a dejar de existir", sentenció en una rueda de prensa Miguel Adorni, portavoz del Gobierno.
Ahora Milei ha decidido continuar achicando paulatinamente el Estado argentino prescindiendo de la mayoría de los que han sido contratados por la Administración durante este año 2023. Así lo establece el Decreto publicado ayer martes por el propio Gobierno argentino, que afecta tanto a trabajadores de la Administración del Estado como de organismos y empresas públicas.
"Todo contrato con alta 2023 que termina el 31 de diciembre del 2023 no será renovado", explicó el portavoz del Gobierno ante los medios de comunicación en una rueda de prensa, cifrando en "algo más de 5.000" el número de contratos que no van a ser prorrogados. De esta forma, de acuerdo con las palabras de Manuel Adorni y según el propio Decreto firmado por Milei y Nicolás Posse (jefe de Gabinete de Ministros), el resto de los contratos formalizados a lo largo del año entrarán en un proceso de revisión que durará 90 días.
El Decreto prevé también que quedarán excluidos aquellos que se rijan por un contrato que posea algún tipo de protección especial, quienes hayan prestado sus servicios antes del 1 de enero de 2023 y posteriormente hayan cambiado la modalidad de su contrato y, además, aquellos que, a ojos del "titular de cada jurisdicción", sean indispensables para el funcionamiento de la misma.
Revisión de los planes sociales
En este mismo sentido, para garantizar un uso eficiente y justificado de los recursos públicos, el portavoz del Ejecutivo argentino anunció también ayer que desde el Gobierno que dirige Javier Milei van iniciar una auditoría para revisar todos los planes sociales Potenciar Trabajo para detectar irregularidades o planes asignados injustificadamente. En total serán "bastante más de un millón" los planes que serán revisados.
Este plan en origen pretendía "contribuir a mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas" y, con esto, "promover la inclusión social plena para personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social y económica". Sin embargo, como el propio portavoz explicó, con el anterior Gobierno este plan de ayudas a los más necesitados se convirtió en un negocio del que muchos se han beneficiado sin justificación. En concreto, tal y como explicó Adorni, por el momento se conoce gracias a la Fiscalía que unas 160.000 personas se han beneficiado de este plan de manera ilegítima, presentando patrones de consumo incoherentes con los requisitos establecidos para ser beneficiario de estas ayudas (como, por ejemplo, realizar viajes al extranjero).
"Estos 160.000 planes equivalen a cerca de 10.000 millones de pesos mensuales que los argentinos ni tienen por qué ni deben hacerse cargo de ello", ha subrayado el portavoz, añadiendo que en el fondo "el objetivo de todo esto es transparentar el sistema, que cobren el plan aquellos que lo necesiten, y que deje significar un negocio para los intermediarios o los titulares de las organizaciones y de los movimientos sociales".
La libertad avanza
En este contexto, y apenas quince días después de su jura del cargo, Javier Milei ya ha puesto en marcha drásticos cambios que hace pocos meses hubieran parecido impensables en un país como Argentina, asediado por la ‘casta’ kirchnerista y los lobbies dependientes del Gobierno. En Libre Mercado hemos informado de cómo en sólo dos semanas, el líder de La Libertad Avanza ha aprobado un mega-decreto de 300 páginas en el que desregula unas 2.000 leyes con el objetivo de, entre otras cosas, acabar con los privilegios políticos, privatizar las empresas estatales y flexibilizar el mercado laboral para fomentar la creación de empleo.
No menos importante ha sido la reducción de los ministerios desde los 18 que había con el anterior Gobierno hasta solamente 9 que ha necesitado Milei y la derogación de regulaciones tan absurdas como ineficientes e injustas, como era el caso de la Ley Góndolas, que establecía que ninguna marca podía ocupar más del 30% de los estantes de los supermercados, que por cada producto ofertado debía haber al menos cinco proveedores diferentes y que los artículos de los estantes debían ordenarse de menor a mayor precio.
Asimismo, las reformas que Milei ha puesto en marcha también han ido encaminadas hacia la despenalización de la compra de dólares, a limitar la acción de los piquetes violentos, la liberalización del sector aéreo o la ampliación de las libertades contractuales gracias a permitir formalizar los contratos de la forma que las partes deseen, ya sea alguna divisa de curso legal o bien criptomonedas o en especie.
Hoy, Argentina ha dado sus primeros pasos hacia la libertad económica y la prosperidad, cuyo logro si bien supondrá grandes costes y esfuerzos para la ciudadanía como consecuencia del ineludible ajuste que debe aplicar el Ejecutivo (así lo explicó el propio presidente argentino en su discurso el pasado día 10 de diciembre), en el largo plazo es la única opción que tiene el país de volver a ser la potencia internacional que en su día fue.