El BOE publica este martes la resolución del Ministerio para la Transición Ecológica que pone punto y final al proyecto para construir en España un almacén temporal de residuos nucleares (ATC) destinado a almacenar en un único punto el combustible usado y los residuos del desmantelamiento de las centrales como paso previo al almacén nuclear "eterno" que se construirá en los años setenta.
Se trata de la confirmación oficial del final de un proyecto que lleva en marcha casi veinte años y que terminó de entrar en barrena con la llegada al poder de Pedro Sánchez. Tras el 23J, el Gobierno aprobó el nuevo plan de residuos nucleares que destierra esta solución y apuesta por la construcción no de uno sino de siete almacenes temporales, uno por central, como paso previo al almacenamiento definitivo, que no llegará hasta dentro de unas décadas.
La resolución gubernamental alega que la decisión se ha tomado "ante la falta del consenso social, político e institucional necesario para designar el emplazamiento del ATC", un argumento contra el que se revuelve la localidad que hace ya trece años fue elegida para albergar el almacén, Villar de Cañas, en Cuenca.
Allí llevan años preguntándose qué consenso político hace falta cuando en el pueblo la unanimidad es total y en su día el Gobierno central sí apostó por un proyecto que necesitaba de largos plazos para hacerse realidad. Recuerdan el papel jugado por el gobierno del socialista Emiliano García Page, el primero en celebrar el carpetazo al almacén y que lleva años rechazando el proyecto batallando incluso en los tribunales.
En la resolución sólo se hace esa mención al "consenso" para justificar la renuncia a un proyecto que en 2006 fue aprobado como la solución idónea para los residuos en el Congreso de los Diputados y que los expertos siguen defendiendo como la solución ideal, esgrimiendo entre otros motivos que reduciría el número de emplazamientos en España con residuos nucleares, que facilitaría su gestión, que liberaría antes el terreno de las centrales desmanteladas o que presentaría menos riesgos ambientales. Y ello sin olvidar otro perjuicio, el del coste: la opción elegida por el Gobierno es 2.000 millones más cara que la del ATC, y ello sin contar los millones invertidos hasta la fecha en el proyecto, como la compra de terrenos, la construcción de los edificios que iban a albergar el vivero empresarial asociado al almacén, el dinero pagado al pueblo y la comarca, las infraestructuras construidas o las horas de trabajo invertidas en los informes que se llegaron a elaborar. Un dinero extra que tendrán que sufragar las eléctricas que gestionan las centrales, como ya dejó claro el Gobierno la semana pasada con el anunciado aumento de la tasa que tienen que abonar por la gestión de los residuos.
La resolución publicada este martes "deja sin efecto" el acuerdo del Consejo de Ministros en 2011 que aprobó la designación de Villar de Cañas como emplazamiento del almacén temporal centralizado "y su centro tecnológico asociado" e insta a ENRESA, la empresa que gestiona los residuos nucleares, "a desistir de todos los procedimientos iniciados y vinculados" al proyecto.
Se estipula, además, que ENRESA acometa "la cesión gratuita de la propiedad de los terrenos y edificios de los que sea titular en el municipio de Villar de Cañas" y que estos se dediquen "exclusivamente a la realización de fines de utilidad pública o interés social". La cesión "sólo podrá hacerse a favor de la Administración General del Estado, de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, de entidades locales de la provincia de Cuenca o de fundaciones públicas de dichas administraciones".