Casi 20 años después de que el Congreso sugiriera la construcción de un almacén temporal único para los residuos nucleares, el Gobierno de Pedro Sánchez decidió enterrar definitivamente el plan para sustituirlo por siete almacenes "descentralizados", uno por central, a la espera de que en los años setenta de este siglo esté listo el almacén definitivo.
Por el camino han quedado dieciséis años de trabajos en un proyecto que nació con el respaldo de PP y PSOE pero finalmente se ha truncado por motivos políticos, según dicen los expertos que recuerdan las razones científicas y técnicas que justificaban este plan y que ahora han sido orilladas por "las dificultades que se plantean para lograr el necesario grado de consenso social, político e institucional".
La nueva ruta del Gobierno de Sánchez, que nada más llegar al poder paralizó el ATC tras años de palos en las ruedas del gobierno del socialista García Page, está descrita en el Séptimo Plan de Residuos Radiactivos, pendiente de la aprobación del Consejo de Ministros. Hace un mes recibió el aval del Consejo de Seguridad Nuclear con la excepción del consejero Javier Dies, que emitió un voto particular muy crítico con la decisión. En su escrito, Dies señalaba, entre otras cosas, que la paralización del proyecto "ha provocado tirar a la basura unos 300 millones de euros, que han pagado todos los ciudadanos en su recibo de la luz".
La estimación del consejero alude a los años de trabajos y estudios invertidos en estos años y también al gasto que supone no haber tenido preparadas unas instalaciones de estas características cuando estaba previsto.
En Enresa, la empresa pública encargada de la gestión de los residuos nucleares, indican a LD que la inversión en el ATC contabilizada a diciembre de 2022 es de 83,4 millones de euros. Unas cifras que incluirían desde la compra de las 54 hectáreas de terreno que iban a albergar las instalaciones hasta los últimos contratos destinados a jardinería y seguridad de los mismos.
Desde el Ayuntamiento de Villar de Cañas, recuerdan a LD, además, inversiones realizadas como el acondicionamiento del camino rural que unía el kilómetro 124 de la A3 con el pueblo para posibilitar en un futuro el paso de camiones; el acondicionamiento de la carretera entre Villar de Cañas y Villaescusa de Haro; la construcción del vivero de empresas que iba a llevar aparejado el ATC; el edificio para el laboratorio medioambiental, un gran almacén de Enresa destinado a material y despachos de ingenieros…
Entre las inversiones se incluiría también el millón de horas invertidas por Enresa en la elaboración de los estudios de técnicos de la compañía y empresas subcontratadas para el diseño y la caracterización del ATC, dedicados a aspectos como impacto ambiental, estudios geológicos e hidrológicos para la caracterización de los terrenos, así como un plan de ordenación municipal de Villar de Cañas.
En conversación con LD sobre esos 300 millones a los que alude en su voto particular, Dies menciona el coste aproximado que ha tenido en estos años la construcción de almacenes individualizados en distintas centrales conforme se llenaban las piscinas de combustible mientras el ATC acumulaba años de retraso: unos 56 millones de inversión en el ATI de Almaraz y 18 contenedores; unos 44 millones en el ATI de Cofrentes y doce bidones; unos 84 millones en el ATI de la clausurada Santa María de Garoña y 32 contenedores; unos 40 millones en 20 contenedores para Ascó y 36 millones para la central de Trillo.
A todo ello se suman las asignaciones a pueblos de la comarca del almacén (150.000 euros anuales en el caso de Villar de Cañas, el 5% de los tres millones que iba a recibir cuando se construyera el ATC) y las 47.000 horas invertidas por técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear en su informe sobre el permiso de construcción que se ordenó paralizar en septiembre de 2018 cuando faltaban unos quince días para su finalización.
Recuerda el consejero que en el proyecto participaron "unas 18 áreas técnicas del CSN" y que cada una realizó el informe pertinente, "firmados por los evaluadores, jefes de área, subdirectores y directores técnicos". Estima que el coste de estas horas perdidas pudo alcanzar los 2,8 millones de euros.
Cabe recordar, además, que construir siete almacenes en lugar de uno es la opción más cara, según reconocían los borradores del Séptimo Plan de Residuos. Levantar los siete ATD supondrá invertir 2.124 millones más que construir el ATC.