La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha dado el visto bueno este martes a investigar la impunidad de la okupación en España, tras la aprobación del polémico decreto antidesahucios del Gobierno y sus 10 prórrogas. Lo curioso de todo este asunto es que hasta el PSOE ha votado a favor de mantener abierta la petición cursada por la Plataforma de Afectados por la Ocupación, mientras que Podemos ha abandonado el pleno.
"Cuando hemos empezado a hablar, los eurodiputados de Podemos se han levantado y se han marchado", denuncia a Libre Mercado Ricardo Bravo, portavoz de las víctimas. A pesar del desprecio que supone este gesto, lo cierto es que no les sorprende la reacción de la formación morada, ya que sus máximos dirigentes no sólo han justificado hasta la saciedad el polémico decreto, sino que siempre han defendido a los okupas, participando incluso en movilizaciones para impedir los desalojos.
Por lo que respecta al PSOE, Bravo agradece el aparente cambio de postura, que a priori no es más que un reconocimiento de la delicada situación a la que se ven abocadas las víctimas, pero advierte de que no es suficiente: "Este reconocimiento público de cuál es nuestra situación tiene que venir acompañado de una serie de medidas que esperemos que se concrete primero en una reunión con la Ministra de Vivienda y, posteriormente, con medidas que palien las consecuencias de los afectados por la inquiokupación".
Desde la plataforma confían en que esta vez Isabel Rodríguez haga los deberes. Sin embargo, tal y como publicó LM, recuerdan que hasta ahora lo único que han recibido por parte de todos los miembros del Gobierno de coalición ha sido la callada por respuesta. "El Gobierno del diálogo y la negociación ha hecho caso omiso a las 25 peticiones de reunión cursadas en los 3 últimos años", denunciaban sus portavoces justo antes de partir hacia Bruselas.
Aun así, tanto Ricardo Bravo como Pilar Martínez se muestran satisfechos del interés mostrado por el Parlamento Europeo y particularmente por el presidente de la Comisión de Peticiones. "Ha solicitado a la Comisión que se pidan informes y que se incida de manera crítica sobre lo que está pasando en España con el tema de la okupación y, sobre todo, de la inquiokupación", explican. El portavoz de Justicia, sin embargo, ha recordado que las competencias en materia de vivienda son nacionales y, por tanto, les ha aconsejado seguir abordando este asunto con el Gobierno, aunque también con "el poder judicial y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos".
El drama de la inquiokupación
Tal y como ha denunciado Bravo en su exposición, la inquiokupación —aquella protagonizada por inquilinos que dejan de pagar la renta, pero se niegan a abandonar la vivienda— se ha convertido ya en "la principal forma de okupación de una vivienda en nuestro país", ocasionando graves problemas a los pequeños propietarios que, según defienden, son los que sustentan "el 90% del mercado del alquiler" en España.
"Las medidas del Real Decreto paralizan cualquier ejecución de sentencia de desahucio y desalojo, tanto a familias vulnerables como a okupas e inquiokupas, sin que la administración tenga que disponer recurso habitacional alguno para evitar el desalojo. De esta manera, el RD exime a las administraciones públicas de la responsabilidad de ofrecer en plazo vivienda social, o los recursos económicos para acceder a una vivienda de mercado, derivando esta responsabilidad a los propietarios de los inmuebles, por lo que el derecho de acceso a una vivienda digna se sostiene en la lesión continuada de los derechos de los propietarios", ha defendido el portavoz de las víctimas en el Parlamento Europeo, que reclama que se analice la posible vulneración, por tanto, de derechos fundamentales.
Sin embargo, lo que más ha escocido al PSOE, y de donde probablemente se derive su aparente receptividad -ahora sí- a recibirles, ha sido el apartado en el que Bravo ha dejado claro ante los eurodiputados que lo que más les duele no es otra cosa que "la falta de diálogo de un Gobierno que, conocedor de la situación por los medios de comunicación, por debates en el Congreso de los Diputados y por más de 3 años y 25 solicitudes de reunión, obvia intencionadamente a los afectados por la okupación e inquiokupación".
La delicada situación de muchos propietarios
En esta línea, el portavoz de la plataforma ha insistido en que, debido a la impunidad que reina en España, los propietarios no solo dejan de percibir la renta de su legítima vivienda, sino que, además, "tienen que asumir los gastos de abogados y procuradores de larguísimos procesos judiciales, los gastos derivados de la vivienda durante el tiempo de inquiokupación, en muchas ocasiones el pago de los suministros y también los destrozos malintencionados realizados por los inquiokupas como venganza a la aplicación de una justicia que llega siempre tarde".
Por último, aunque no menos importante, Ricardo Bravo ha dejado claro que aquellos que alzan la voz no son "bancos" ni grandes tenedores como muchas veces se pretende hacer ver para justificar las medidas aprobadas: "Somos familias trabajadoras, personas mayores que arriendan su vivienda con el fin de pagar los elevados costes de sus residencias, parejas hipotecadas, familias que han migrado a otras provincias por motivos derivados de la crisis, familias que han recibido un bien inmueble como herencia… A todas ellas la legislación vigente ha derivado la responsabilidad de mantener a las familias vulnerables y falsas vulnerables".