Yolanda Díaz ha lanzado su órdago de rebaja de la jornada laboral de los trabajadores privados sin ni siquiera hablar previamente con la patronal y, ahora, es José Luis Escrivá el que recibe el boomerang de vuelta. Y es que los funcionarios han sentado ya al ministro para debatir sus 35 horas de jornada en las administraciones públicas en un contexto en el que todos los argumentos lanzados por la vicepresidenta de Trabajo y líder de Sumar se vuelven a favor de los funcionarios para sacar adelante su exigencia clásica.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha mantenido ya una reunión con el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, con el fin de activar "cuanto antes la negociación colectiva en las administraciones públicas, al igual que se está haciendo en el sector privado", señalan desde CSIF. "El ministro ha tomado nota de nuestras reivindicaciones y ha trasladado su voluntad de poner en marcha el diálogo social en este ámbito en breves fechas". Y es que, con todo el Gobierno argumentando en favor del recorte de la jornada laboral, los funcionarios le han cogido por la mano.
Para CSIF, el sindicato más representativo en este ámbito, "las prioridades son un nuevo acuerdo de legislatura que ponga en valor el trabajo de las empleadas y empleados públicos mediante la mejora de sus condiciones laborales y retributivas: un nuevo acuerdo salarial, el refuerzo de las plantillas, la jornada laboral de 35 horas semanales en el conjunto del Estado y mejoras en las condiciones de jubilación". Así se lo ha trasladado el presidente del sindicato, Miguel Borra, al ministro esperando que la primera reunión "suponga el comienzo de una nueva hoja de ruta de reformas estructurales que requieren nuestras administraciones".
En materia salarial, hay que recordar que CSIF defiende que los "empleados públicos han iniciado el año sin subida salarial y arrastran una pérdida de poder adquisitivo del 5,8% en los últimos dos años, tras el acuerdo firmado entre el anterior Ejecutivo y los sindicatos CCOO y UGT, y más del 20% desde el recorte salarial de 2010, con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero". Y, por lo tanto, quieren recorte de horas de jornada y aumento del sueldo.
En concreto, para CSIF es fundamental poner en marcha diferentes mesas de negociación. Una sobre "un nuevo acuerdo salarial que permita al conjunto de empleados públicos recuperar la pérdida de poder adquisitivo acumulado en la última década, así como recuperar la estructura salarial previa a los recortes fijados en el Real Decreto-ley 8/2010 y la equiparación salarial entre las distintas administraciones públicas".
Otra sobre "modificación del TREBEP (Estatuto Básico del Empleado Público) para establecer en la normativa básica aspectos fundamentales para todos los empleados y empleadas públicas, entre otras, como la jornada laboral de 35 horas, la homogeneización de la promoción interna, la indemnización por residencia, la aportación a planes de pensiones, la regulación de la jubilación parcial para el conjunto de empleadas y empleados públicos, la no discriminación en la edad de jubilación forzosa, la consideración de las lenguas cooficiales exclusivamente como mérito y la excepcionalidad de la condena en costas procesales en la defensa de sus derechos laborales".
Otra más sobre "planes de recursos humanos: adecuación de las plantillas a las necesidades reales de prestación del servicio, agilizar los procesos selectivos y eliminar la tasa de reposición para reforzar y rejuvenecer las plantillas".
Y otras tantas sobre "desarrollo de la carrera profesional"; "adecuación de los grupos profesionales del artículo 76 del TREBEP"; "mejoras en las condiciones de jubilación"; "equiparación de las cotizaciones en el Régimen de Clases Pasivas a las del Régimen General"; "incremento de la financiación de MUFACE"; sólo por citar algunas. Todo un reguero de gasto público, que Escrivá deberá decir ahora como financia.