Si nada cambia, el próximo 1 de noviembre de 2027 se apagará el reactor I de la central nuclear de Almaraz y el 31 de octubre de 2028 el reactor II. El calendario de cierre que las empresas pactaron con el Gobierno en 2019 fue confirmado hace pocas semanas y la central de Cáceres es la primera de la lista. Y aunque las eléctricas han vuelto a señalar que están dispuestas a seguir y que muchas circunstancias han cambiado desde entonces (el sector recuerda el "golpe de timón" emprendido por muchos países para desprenderse de dependencias energéticas y abaratar costes tras la guerra de Ucrania) el Ministerio que dirige Teresa Ribera insiste en que no habrá vuelta atrás.
Desde la industria nuclear, reiteraron en un encuentro con los medios que el cierre debería replantearse, también en el caso de Almaraz, para la que el margen de maniobra se estrecha. Si las empresas decidieran pedir seguir operando más allá de 2027, fecha en que expira su actual licencia, los trámites para solicitarlo deberían comenzar a finales de este año, con el envío al Consejo de Seguridad Nacional de la documentación "relacionada con la gestión de envejecimiento y la operación a largo plazo", explican a LD fuentes del CSN. La solicitud de la renovación en sí debe enviarse con un plazo de "aproximadamente un año de antelación a la fecha de expiración" del permiso, junto con la documentación en la que se basa la autorización de explotación de la central "y una revisión periódica de la seguridad". Tras ello, el CSN remitiría su informe al Ministerio, quien tendría la última palabra. La respuesta, hoy por hoy, sería no.
De cara a la clausura, los preparativos deberían comenzar con una antelación similar: el Plan de Residuos Radiactivos señala que "a efectos de planificación y costes", las labores previas al cierre deberían comenzar "entre tres y, preferentemente, cinco años antes de la fecha de cese definitivo" con el fin de que el inicio de las obras de desmantelamiento arranquen "en un plazo no superior a tres años después del cese definitivo".
Las "actividades preparatorias" al apagón irán acompañadas de otras medidas que harían cada vez más difícil dar marcha atrás. Desde Foro Nuclear recuerdan que el combustible se compra con una antelación de dos o tres años y que también se toman con mucha antelación medidas relacionadas con la operación a largo plazo, con la renovación de equipos, contrataciones, personal o inversiones.
El 7% de la demanda eléctrica
Mientras se agota el margen para el futuro de Almaraz, desde la central, propiedad de Iberdrola, Endesa y Naturgy, han puesto sobre la mesa algunos datos sobre su papel en el panorama energético español. La central destacó en una nota hace unos días que la producción bruta generada por sus dos reactores en 2023 fue de 16.927 Gwh, "el tercer mejor dato histórico" desde 1983, año en que comenzó a operar. Señalan que evitó la emisión de 5,5 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera y que cubre el 7 por ciento de la demanda eléctrica anual, equivalente "al consumo de cuatro millones de hogares españoles".
Las propietarias destacan que se trata de una instalación "clave para la garantía de suministro, debido a su alta disponibilidad de funcionamiento". Y apuntan que su producción de energía eléctrica bruta acumulada desde su origen hasta el 31 de diciembre de 2023 fue de 611.000 Gwh, lo que la convierte "en la instalación de mayor aportación al sistema eléctrico nacional".
Las propietarias señalan que este año se invirtieron 50 millones para, entre otras cosas, "la mejora de la seguridad personal y nuclear" y la modernización de equipos en una central que cuando cierre cumplirá 44 años. Destacan, por otra parte, el papel que tiene como "foco de desarrollo económico y social en sus zonas de influencia": Almaraz genera 2.900 empleos "entre directos, indirectos e inducidos".
Aunque buena parte del empleo continuaría durante el complejo proceso de desmantelamiento, desde el sector resaltan la "inquietud" en una zona donde los políticos, PSOE incluido, están alineados a favor de que la central siga en marcha. La última petición al gobierno desde las administraciones regionales llegó hace muy pocos días por parte de la consejera de Agricultura de la Junta de Extremadura, que aprovechó la Conferencia Sectorial de Energía para reclamar a Teresa Ribera que Almaraz prolongue su actividad más allá de la fecha prevista de cierre porque "es fundamental para la soberanía energética del país" y también porque es "vital" para toda la comarca y la autonomía. Ribera, sin embargo, se mantuvo firme en sus planes, según la Junta.