Entre las primeras decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez tras la investidura estuvo la de confirmar el plan de cierre escalonado de los siete reactores nucleares españoles, entre 2027 y 2035. Son las fechas que están marcadas en el recién aprobado por el Consejo de Ministros Séptimo Plan de Residuos Nucleares, que estipula el fin paulatino de la energía nuclear en España y da un giro a la gestión de residuos: de un almacén centralizado a siete.
La decisión llegaba después de que en los últimos meses desde la industria se hubiera lanzado el mensaje de que las centrales estaban dispuestas a revisar el plan y operar más años de los previstos, con garantías de su viabilidad. Tras la nueva negativa, el sector ha contestado reafirmándose en que "convendría replantearse el calendario de cierre de las centrales nucleares" y lanzando varios mensajes al Ejecutivo, entre ellos el aviso de las consecuencias que puede tener prescindir de esta energía y la respuesta a las intenciones del Ministerio de Teresa Ribera de que paguen más por operar.
"La energía nuclear es la más rentable", afirmó este martes Ignacio Araluce, presidente de Foro Nuclear, en un encuentro con periodistas en el que lamentó que mientras la "autovía energética de Europa" se basa en las nucleares y las renovables, España haya decidido ir "en sentido contrario". El representante de las eléctricas que operan las cinco centrales españolas recordó algunos datos en torno a la energía nuclear en nuestro país: generó en 2023 el 20,34 por ciento de la producción eléctrica en España con un 5,71 por ciento de potencia instalada (la eólica, en primera posición, generó el 23,4 por ciento con el 24,6% de la potencia instalada); operó 7.626 horas, un 87,06 por ciento del total de las horas del año (la solar, 1515 horas) y evitó "unos 20 millones de toneladas de CO2". Es, dijo Araluce, una fuente de energía estable, limpia y además, "competitiva" y lo sería aún más, dijo, si se desprendieran de parte de la carga fiscal que soportan y que, denunció, no se impone a otras tecnologías.
Cierre y pagar más
Desde el Gobierno, sin embargo, el mensaje es que no habrá marcha atrás, el plan se ha puesto oficialmente en marcha y los cambios emprendidos en torno a los residuos, que encarecen su gestión más de 2.000 millones de euros, ya están teniendo sus primeras consecuencias: el Gobierno quiere aprobar un decreto ley que implica una subida del 40 por ciento en la denominada tasa Enresa, el pago anual que hacen las centrales por la gestión de sus residuos, que asume la empresa estatal. Un cambio que según el sector rompe lo acordado en 2019, cuando se pactó el calendario y una subida máxima del 20 por ciento, y que se habría adoptado sin "discusión" y sin una llamada del Ministerio.
Mientras el Gobierno aduce el principio "quien contamina, paga" para hablar de la factura del cierre, desde el sector se preguntan "por qué lo tengo que pagar yo" si están operando exactamente igual que antes y los planes han cambiado por una ausencia de "consenso social" para construir el ATC. "Será su responsabilidad", señalan en alusión al Gobierno. Hace unos días, la industria indicó en un comunicado sobre los planes de cierre que "cualquier incremento adicional de tasas comprometería" la "viabilidad económica" de las centrales. Ante la confirmación de que en efecto habrá una subida, Araluce señaló que hoy por hoy las centrales no están en pérdidas pero no descartó del todo la hipótesis de cierres adelantados si el escenario cambia, algo que sería "una tontería tremenda".
Desde el sector, recuerdan que la tasa Enresa supone un desembolso anual de 450 millones de euros y aducen que si les dejaran operar cinco años más de los previstos, sería posible compensar esos 2.000 millones de sobrecostes sin necesidad de más impuestos. "Se arreglaría si hubiésemos discutido, pero no hubo ocasión", insistió Araluce, que avanzó que han pedido a Enresa la información económico-financiera para justificar la subida de la tasa y una ampliación del periodo de alegaciones.
Realidad e ideología
Foro Nuclear también habló de otra decisión gubernamental controvertida: el anuncio de que Enresa cedería a las administraciones el suelo comprado para levantar el almacén nuclear centralizado en Villar de Cañas, al que el Ejecutivo ha dado el carpetazo definitivo aunque el municipio ha recurrido ante el Tribunal Supremo. Araluce destacó que esos solares se compraron "con dinero nuestro" y se pregunta cómo ahora se decide "regalarlo" sin que se les haya consultado, dejando en el aire la posibilidad de que terminen reclamándolo.
En el encuentro, el presidente de la asociación de la industria nuclear insistió en que les "gustaría sentarnos a hablar" con el Gobierno, sobre la operación de las centrales y la gestión de residuos, así como de las consecuencias de un plan que conllevará ya en 2027 el cierre de la primera central, la de Almaraz. Araluce destacó al respecto los desafíos que supondrá cerrar en ocho años los siete reactores españoles, poniendo el acento en la complejidad de emprender tantos desmantelamientos simultáneos (de momento, España sólo ha desmantelado José Cabrera y el de Santa María de Garoña apenas ha empezado) y en el reto que supondrá para la estabilidad del sistema y la gestión de la red eléctrica. "La realidad", auguró, puede que se acabe imponiendo sobre la ideología.