España vuelve a ocupar una posición muy retrasada en el Índice Internacional de Derechos de Propiedad (IIDP) que elabora la Property Rights Alliance y publica el Instituto de Estudios Económicos. La edición del pasado 2023 sitúa a nuestro en el puesto 22 de un total de 37 economías desarrolladas y nos coloca un 4,2% por debajo del promedio observado en la Unión Europea.
La puntuación de nuestro país se ve penalizada por la inestabilidad política, la deficiente protección de la propiedad física y el impacto de los impuestos sobre propiedad. El estudio destaca el enorme daño provocado en el ámbito de la vivienda por la lacra de la okupación, los controles de precios, la burocracia urbanística o la falta de acuerdos con el sector privado para el desarrollo de vivienda nueva, circunstancias todas ellas que inciden negativamente en la salvaguardia y la protección garantista de la propiedad.
El IEE destaca que, "el pilar del informe referido al entorno legal y político se ve intensamente influenciado por el componente de la inestabilidad política, mientras que el pilar dedicado a la propiedad física refleja la vulnerabilidad que sufre el sector de la vivienda. Como suma de estas circunstancias, España se sitúa por debajo del promedio de la OCDE y de los países de la UE. De hecho, nuestro país ocupa posiciones en la parte baja del ranking en todas las categorías analizadas, especialmente en el entorno legal y político y en la protección de la propiedad física, donde figuramos entre los diez países con peores resultados durante todo el periodo analizado (2019-2022)".
El ranking del IIDP para 2023 está encabezado por Finlandia, que aparece por delante de Países Bajos, Dinamarca, Nueva Zelanda, Noriega, Suecia, Luxemburgo, Alemania o Australia. También destacan para bien los resultados de Austria, Suiza, Japón, Estados Unidos, Canadá o Irlanda. Bélgica, Islandia y Francia superan el promedio observado en la UE, mientras que Corea del Sur y República Checa se mueve en torno a la media alcanzada por la OCDE. España aparece a continuación, a la par con Portugal. Por debajo de nuestro país figuran Israel, Portugal, Lituania, Letonia, Italia, Eslovenia, Chile, Eslovaquia o Costa Rica, siendo las últimas posiciones para Polonia, Hungría, Grecia, México, Colombia y Turquía.
Lo peor de todo es que los resultados de España en el IIDP no van a mejor y, de hecho, se enquistan, puesto que la nota general cosechada por nuestro país es de 6,5 puntos en 2023, idéntico resultado al cosechado en 2019:
La vivienda en el punto de mira
En relación con la situación del mercado de la vivienda, el estudio del IEE recalca que "es necesario huir de dogmatismos ideológicos que demonizan el papel del sector privado en el mercado inmobiliario, en el que las familias españolas tienen depositado el 70% de su riqueza. Hay que incentivar que los propietarios, tanto pequeños como grandes, sean parte de la solución a la emergencia que viven las familias con menos recursos a la hora de lidiar con las grandes dificultades de acceso al mercado de la vivienda".
El centro de estudios asociado a la CEOE advierte que "el objetivo del gobierno de crear 184.000 viviendas sociales puede ser inviable y no va a beneficiar a los colectivos más necesitados si no se centra en alquiler en vez de en compra. Además, en términos de encaje presupuestario, resulta inviable sin inversión privada". En este sentido, propone "un marco de colaboración público-privada mediante el cual propietarios privados y promotores faciliten viviendas para alquiler al Estado, a cambio de un precio inferior al de mercado pero también de contratos de larga duración que ofrezcan certidumbre y seguridad económica. Los propietarios podrían contar con avales ICO o del Tesoro para desarrollar estas viviendas y, a cambio, el Estado sacaría al mercado decenas de miles de casas y pisos para alquiler social".