Las protestas de los agricultores españoles de las últimas semanas han vuelto a poner en la diana al sector de los supermercados, declarado enemigo por la izquierda y por buena parte del sector primario. Las acusaciones de especular con los alimentos, de "inflar" los precios, de asfixiar a los agricultores o de "devorar" al comercio local han vuelto a aflorar durante este conflicto, que este miércoles tiene como protagonistas a centenares de tractores en Madrid. Después de guardar silencio durante muchos días (excepto para pedir "la libre circulación de mercancías y personas" durante las protestas) , las grandes cadenas han querido dar su versión.
Uno de los argumentos más utilizados por los detractores de los supermercados son las grandes diferencias de precio que sufren los productos desde que salen del campo hasta que llegan en perfectas condiciones a los lineales de las tiendas. Lo primero que hay que tener en cuenta en este aspecto es que ese diferencial no va directo al bolsillo del distribuidor, sino que se reparte entre la larga lista de intermediarios que contribuyen a dar valor al producto, tal y como recuerda la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), la patronal que agrupa a empresas como El Corte Inglés, Eroski o Alcampo.
"Los productos en los lineales valen más porque hay una agregación de servicios y valor para el consumidor: clasificación, transporte, almacenamiento, gestión de stock en tiendas, prevención del desperdicio, cadena de frío, control seguridad alimentaria, envase y presentación o información al consumidor" enumeran.
5.000 millones en impuestos y márgenes bajos
Anged recuerda que la distribución alimentaria (súper e híper) tiene una red de más de 25.000 tiendas en España atendidas por 400.000 personas. Por tanto, "hay que añadir unos costes como alquileres, nóminas, energía y suministros, seguridad, limpieza, etc". Todo ello hay que sumarlo al pago de impuestos, salarios y cotizaciones. Según esta patronal, las 21 empresas que la integran pagaron el pasado año 4.930 millones de euros en impuestos y 7.150 en salarios y cotizaciones a la Seguridad Social.
Como ya hemos explicado en Libre Mercado, el sector de los supermercados es un sector muy competitivo con unos márgenes bajos y que basa su negocio en el volumen (se venden muchos productos de bajo valor). La enorme rotación de estos es lo que hace el negocio sostenible (rentable).
Según los cálculos de la patronal que representa a El Corte Inglés o Alcampo, de media, las grandes empresas de distribución tienen un margen neto sobre ventas del 2,5%. Esto es, de cada 100 euros facturados, el beneficio final es de 2,5 euros. "La última línea de la cuenta de resultados mide el margen neto sobre ventas. Es decir, lo que queda en la empresa una vez descontados todos los costes y el pago de los impuestos" explican.
"Las empresas de distribución basan su negocio en ganar cuota de mercado y volumen de ventas frente a sus competidores. Para ello, las principales herramientas pasan, por un lado, en invertir en descuentos, promociones o marcas propias de la distribución; y por otro lado, por ganar eficiencia gracias a una fuerte inversión en tecnología, mejoras de todos los procesos e innovación permanente en la gestión", añaden.
No todos los productos agrícolas van al super
Además de los mitos sobre sus márgenes empresariales, la patronal de la distribución también ha querido aclarar que ellos no son los únicos clientes de los agricultores. "De media, en torno al 50% de la producción agrícola se destina directamente a la exportación. En segundo lugar, aparece la industria alimentaria y a continuación los canales de distribución de alimentos frescos, en los que se incluye la distribución organizada, mercas y mayoristas, comercio tradicional y horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías). De hecho, del campo al plato de un restaurante el producto todavía sube más de precio, precisamente, porque tiene otro valor añadido: su elaboración.
Un 31,4% del gasto total de alimentos se realiza en restaurantes, bares y cafeterías" señalan. "Empresas como las de ANGED, por su dimensión, compran sobre todo a cooperativas y grandes productores que representan la parte más organizada del sector" aseguran.
El absurdo de la Ley de la Cadena Alimentaria
A pesar de que los supermercados no son tan despiadados con los agricultores como los pintan, PP y PSOE no han dudado en implantar diferentes regulaciones en la cadena de valor de los alimentos. La más sonada es la Ley de la Cadena alimentaria. "España fue uno de los primeros países en introducir legislación de este tipo con la aprobación en 2013 de la llamada ley de la cadena alimentaria" recuerda Fedea en un estudio que publicó el pasado lunes. En años recientes, esta norma se ha reformado en varias ocasiones.
Entre los cambios introducidos en el texto destaca la prohibición de vender a pérdidas, exigiendo por ley que los precios cubran como mínimo los costes de producción a lo largo de toda la cadena alimentaria. Sin embargo, esta normativa ha fracasado estrepitosamente, precisamente, porque este principal objetivo es imposible de conseguir debido a que es muy difícil determinar el coste exacto que hay que cubrir en el cultivo de los productos.
Además, como destaca Fedea, que los costes de producción estén por debajo de los precios de venta es lo normal en cualquier sector productivo "pues aquellos operadores que no puedan cubrir sus costes de forma recurrente acabarán teniendo que cerrar". Sin embargo, tratar de imponer que esta condición se cumpla siempre y en cada transacción "interferiría gravemente con la lógica del mercado, anulando su mecanismo natural de selección". Fedea se pregunta también "¿por qué está ley es solo para los agricultores? ¿Qué les hace distintos a estos efectos del dueño del bar de la esquina o de cualquier otro negocio?" y, además, señalan que "no es posible obligar a los compradores de productos alimentarios a contratar con los productores menos eficientes pagando precios superiores a los de mercado para así cubrir los costes de estos últimos".
La única fórmula posible de cumplir esta ley que encuentra Fedea, "aunque no necesariamente deseable, es que el sector público asuma el papel de comprador de último recurso para garantizar el derecho de los productores alimentarios a vender a un precio determinado". Eso sí, esto generaría un perjuicio a los consumidores, "que tendrán que pagar más caros los alimentos" y a los contribuyentes, "que deberán financiar la compra y almacenamiento de mayores excedentes agrarios", así como el perjuicio a "ciertos países de renta inferior a la nuestra a los que supuestamente queremos ayudar a desarrollarse, pero luego privamos de la posibilidad de explotar su ventaja comparativa en productos agropecuarios para hacerlo".
Demonizados por el Gobierno
Lo cierto es que los supermercados españoles llevan en la diana del Gobierno de PSOE y Podemos desde que comenzara la espiral inflacionista. "Saqueadores", "especuladores", "capitalistas salvajes"... desde Podemos los insultos han sido frecuentes. Sin embargo, el ala socialista del Gobierno de Sánchez también ha contribuido a tomar medidas que perjudican considerablemente al sector. La Anged destaca tres tipos y una lista infinita de normas en los últimos años:
- Más impuestos: nuevo impuesto al plástico, subida de impuesto de los gases para la refrigeración alimentos, subida de cotizaciones sociales, recargos en el IVA de bebidas azucaradas e impuesto de grandes establecimientos comerciales en cinco CCAA.
- Nuevas inversiones en materia ambiental: obligaciones reutilización envases y servicio de retorno, reserva 20% tienda para venta a granel o reutilizables, objetivos de prevención de envases más exigentes que la Directiva Europea, puntos de recarga eléctrica obligatorios 2 años antes que la UE y precio diferenciado en ticket de algunos envases.
- Nuevos costes de gestión: inscripción y registro envases, etiquetados desarmonizados con la UE, aplicación de las lenguas cooficiales, huella carbono diferente por CCAA, restricciones en logística urbana, requisitos dispares para productos ecológicos, entre otros.
En este sentido, resulta llamativo que el Gobierno no haya logrado desprestigiar a los supermercados ni con el propio Observatorio que creó junto al Banco de España y la Agencia Tributaria ante la escalada de la inflación. Resulta que su última conclusión fue que los agricultores habían aumentado sus márgenes y no los súper.