España sigue sufriendo el embargo de sus bienes en el extranjero por los impagos de Pedro Sánchez a las empresas afectadas por la retirada retroactiva de las primas a las renovables. Aunque los tribunales internacionales han resuelto 23 casos en los que se condena a nuestro país al pago de indemnizaciones por valor de 1.200 millones de euros, el Ejecutivo conformado por PSOE y Podemos se ha negado a cumplir con sus obligaciones.
Esta semana ha trascendido una decisión de la justicia británica que afecta a un precioso convento dominico propiedad del gobierno español y ubicado en el barrio de Kensington, en Londres. El edificio, que ocupa los números 317-318 de la calle Portobello Road, sirve como sede del Instituto Español Vicente Cañada Blanch, una escuela internacional dependiente del Ministerio de Educación.
Hace ahora un siglo, nuestro país abrió un primer centro de estas características en Marruecos. Desde entonces, España ha desarrollado casi una veintena de escuelas internacionales. Tales centros imparten el currículum propio de nuestro país y, en el caso del instituto londinense, cubren toda la etapa formativa que va de la primaria al bachillerato.
La decisión de la justicia transfiere la titularidad del inmueble a los afectados por el impago de las renovables, en este caso a los beneficiarios de la sentencia del caso Antin. El laudo en cuestión fue resuelto por el CIADI, tribunal del Banco Mundial, en un proceso que se extendió desde 2013 y 2018. La sentencia impone a España el pago de 101 millones, aunque esta cifra ha crecido en 20 millones por la acumulación de los intereses de demora y en otros 6 millones más por las condenas en costas que ha sufrido nuestro país.
La propiedad del Instituto Español Vicente Cañada Blanch acoge al medio millar de estudiantes que siguen su formación dentro del programa que ofrece el centro. Con esta decisión de la justicia británica, el inmueble podrá ser empleado por los afectados por los impagos. No ha trascendido el valor inmobiliario de la propiedad, pero los registros de transacciones de la calle muestran que casas de mucho menor tamaño que el colegio se venden por cantidades millonarias.
No es este el único frente abierto que tiene nuestro país en Reino Unido. Los mismos afectados que han logrado el embargo del colegio tienen intervenido también el derecho de cobro de la indemnización por la catástrofe del Prestige, valorado en más de 900 millones de euros.
Por otro lado, el pasado mes de abril, el fondo Blasket, titular del caso Infrared, activó una cláusula que declaró en default técnico cuatro bonos de deuda soberana española valorados en 1.000 millones de euros. La financiación del Tesoro se ha encarecido casi un 15% en los dos meses transcurridos desde entonces.