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Ribera frena el impuestazo tras el enfado de las nucleares

El decreto que iba a subir un 40 por ciento la tasa ENRESA queda de momento en suspenso.

El decreto que iba a subir un 40 por ciento la tasa ENRESA queda de momento en suspenso.
Central nuclear de Cofrentes | Ministerio de Transición Ecológica

Tregua en la guerra abierta entre Teresa Ribera y los propietarios de las centrales nucleares españolas. El Ministerio para la Transición Ecológica ha decidido retirar su propuesta de Real Decreto que incluía una subida del 40 por ciento en la denominada tasa Enresa, el pago que hacen las centrales por la gestión de sus residuos y que el Ejecutivo decidió subir unilateralmente, denunciaron las eléctricas, tras imponer un cambio en el almacenamiento que encarecería en más de 2.000 millones el proceso.

Según fuentes del ministerio citadas por Europa Press, Transición Ecológica ha decidido "reiniciar" la tramitación del real decreto "lanzando una consulta pública previa, siguiendo el mismo procedimiento que en 2019, cuando se tramitó la actualización por última vez". En efecto, 2019 fue el año en que se pactó la tasa actual y según denunciaron las centrales cuando se conocieron las intenciones del Gobierno, esta subida suponía una ruptura del pacto sin que hubiera mediado negociación alguna.

La propuesta del Ejecutivo suponía elevar a 11,14 euros/MWh la tasa Enresa, que actualmente se sitúa en 7,98 euros/MWh. Estaba previsto su entrada en vigor el 1 de julio. El sector, tras manifestar enérgicamente su oposición a la subida -"¿por qué tenemos que pagar nosotros?"-, decidió responder planteando alegaciones el pasado 26 de febrero y presentando un recurso contencioso administrativo contra el VII Plan General de Residuos Radiactivos, que confirma el cierre escalonado de las centrales y el plan para sustituir el almacén centralizado de residuos por el almacenamiento individualizado en cada central.

El Gobierno justificaba la subida, entre otras cosas, por el encarecimiento del plan de residuos (más de 2.000 millones respecto al ATC de Villar de Cañas) y la inflación. "Quien contamina, paga", sostuvo en su día el Ministerio al referirse a los costes del desmantelamiento de las centrales y de la gestión del combustible gastado. Desde la patronal, reaccionaron reclamando al Gobierno sentarse a negociar y recordando que la decisión de cambiar de planes no había sido suya. Fuentes de Foro Nuclear apuntan a LD que por el momento la institución "no se ha reunido hasta el momento con el Gobierno".

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