Aunque el gobierno de la nación está en manos de la izquierda, el grueso del poder territorial cayó en manos de la derecha durante las elecciones autonómicas celebradas en mayo del pasado año. Este vuelco político ha empezado a dar frutos en clave de política tributaria, puesto que muchas comunidades gobernadas por el PP han puesto en marcha medidas orientadas a reducir el peso de los impuestos sobre los contribuyentes de sus respectivas regiones.
Sin embargo, la carga fiscal no es la única loca que mina el desarrollo de la actividad privada, de modo que también se empiezan a observar movimientos orientados a reducir la carga normativa y regulatoria soportada por los agentes económicos. No es para menos, puesto que el número de normas con rango de ley aprobadas a nivel regional ha subido con fuerza durante la última década, pasando de 234 en 2014 a 340 en 2023, como ha recordado Foro Regulación Inteligente en un estudio sobre el problema de la hiperregulación.
Entre los cambios que están encima de la mesa por parte de los gobiernos autonómicos que controla el PP, uno de los que podría tener mayor calado es el que está ultimando Juan Manuel Moreno. Así, la Junta de Andalucía trabaja en el que ha definido como "el mayor paquete de medidas de simplificación administrativa jamás conocido en España". Incluirá "más de 300 iniciativas de reforma" coordinadas por todo el gobierno con ánimo de "diseñar una estrategia global de cambio, de transformación, que oriente al sector público en una nueva forma de relacionarse con la sociedad y dar servicio al interés general", resultando asimismo en "una Junta más ágil y sencilla".
Baleares anuncia una Ley Ómnibus tutelada por la Consejería de Economía, Hacienda e Innovación. Se volcará en simplificar trámites, pero de momento no se conocen nuevos detalles. Por su parte, Cantabria ha articulado el trámite de consulta pública previa a la futura Ley de Simplificación Administrativa de Cantabria. Dicho proceso tiene como objetivo principal involucrar a los ciudadanos y a los agentes relevantes en el proceso de elaboración de la ley, permitiéndoles realizar aportaciones y sugerencias previas a la redacción del texto.
Castilla y León trabaja con la Asociación de Empresas Familiares de la región en un plan pensado para generalizar el silencio positivo en la relación de las compañías con la administración autonómica. El gobierno autonómico tiene en pie una Comisión de Simplificación, Eliminación y Reducción de Cargas y Trabas Administrativas de la que pronto saldrán otras mejoras.
En Comunidad Valenciana, Carlos Mazón ha confiado a un experto en telecomunicaciones un proyecto orientado a facilitar la digitalización de todo tipo de trámites administrativos ligados al gobierno de la región. Se esperan novedades antes de verano. En cambio, Extremadura viene de modificar 27 leyes autonómicas para agilizar el funcionamiento de las distintas instancias de la comunidad, pero estos cambios legislativos no se han implementado aún y corresponde al nuevo gobierno de María Guardiola llevarlos a cabo en la práctica.
Galicia se ha comprometido a seguir avanzando en la simplificación administrativa para facilitar la implantación de empresas y captar inversiones. La salida de Francisco Conde, ex vicepresidente económico en la Xunta de Núñez Feijóo y actual diputado en el Congreso, y el adelante de las elecciones, que se saldó con una gran victoria de Alfonso Rueda, han puesto en pausa el proceso, que deberá reanudarse próximamente.
Madrid ha incorporado en los últimos años más de 200 propuestas de empresas y particulares para reducir trabas burocráticas. Además, está ultimando su nueva Ley del Suelo, que flexibiliza los cambios de uso para favorecer un urbanismo más dinámico. También se baraja la posibilidad de desregular en el ámbito de la industria.
Por último, Murcia prepara su cuarta ley de simplificación normativa. La tercera de ellas, aprobada en otoño de 2022, fue consultada con 200 expertos y, tras su desarrollo en 2023, ha contribuido a mejorar el PIB regional en 500 millones de euros (1,6%) y ha facilitado la creación de 6.200 empleos. En paralelo, se ha eliminado el requisito de presentar seis documentos distintos en diferentes campos de las relaciones con la administración regional.
El entendimiento entre PP y VOX es vital para consolidar estos cambios en aquellas comunidades donde los azules dependen de los verdes para sostener sus gobiernos autonómicos, pero ambas formaciones parecen estar de acuerdo en este punto, de modo que las líneas partidistas no deberían impedir estos avances.