Caso ERE, Tito Berni, PSOE-Koldo, Azud, acusaciones sobre los negocios de Begoña Gómez. Y, en medio de todo ello, surge Sumar con una proposición de reforma legal que otorgaría al Gobierno de Pedro Sánchez el control de una oficina anticorrupción. Se trata de la última iniciativa de Sumar justo cuando su papel no parece estar garantizado con el mismo Sánchez que lo impulsó.
La proposición de Sumar es plenamente formal y persigue la creación de una "Oficina de prevención de la corrupción". La iniciativa no es nueva y Yolanda Díaz ya había hablado de esta idea. Eso sí, olvidó mencionar que permitiría un control de ella al mismo Gobierno al que debería controlar.
"La corrupción se define como el mal uso de los recursos públicos para el beneficio privado, si bien esta definición amplia se traduce en acciones de muy diversa índole que menoscaban el normal funcionamiento de las instituciones democráticas desviándolas del que debería ser siempre su objetivo, es decir, la mejora del bienestar de la ciudadanía y el trabajo para el bien común de la sociedad", señala Sumar. Lo cierto es que la definición es muy propia, porque ya estaría incorporando la interpretación introducida en la malversación por el propio PSOE, que asegura que hay una malversación no grave en caso de que no se pueda demostrar que los fondos públicos hayan acabado en bolsillos privados.
Sumar señala que, "en el ámbito de la corrupción, España ha sido un país tristemente conocido en las últimas décadas por el descubrimiento periódico de casos graves de corrupción política que implican una mácula indigna de una democracia moderna y consolidada como es la nuestra. Aunque la corrupción es una realidad de medida compleja, todos los indicadores vinculados a la percepción pública, a las investigaciones y condenas judiciales, o a las investigaciones provenientes del periodismo y la sociedad civil, señalan que España muestra niveles de corrupción política sensible e inaceptablemente más elevados que otros países de nuestro entorno".
Y acto seguido suaviza esta visión crítica con su propio Gobierno y subraya que "nuestro país es ejemplo de cómo un adecuado sistema institucional puede evitar las conductas corruptas. Mientras, como se ha mencionado, España muestra una elevada corrupción política, los diferentes indicios sobre sobornos en la administración pública, si bien son datos que deben interpretarse con cautela, apuntan a que nos encontramos entre los países con menos corrupción administrativa de nuestro entorno. La construcción de un sistema funcionarial ordenado, meritocrático y altamente profesionalizado sería, de esa forma, la explicación de los satisfactorios niveles de integridad pública en dicho ámbito".
El partido de Yolanda Díaz pasa rápidamente a exponer su plan de medidas "preventivas o ex ante": "Son fundamentales para que el abordaje de esta problemática no se base en meras respuestas apresuradas a escándalos concretos, sino que se conforme de una estrategia integral con efectos a largo plazo en la mejora de nuestro sistema político e institucional".
Este enfoque "preventivo" de Sumar se centra, por una parte, en las medidas basadas en los valores, que son aquellas que buscan cambiar la consciencia y cultura general u organizativa fomentando la ética e integridad pública a través de la formación, pero también de la modificación de las estructuras de incentivos a nivel político y administrativo".
Por otra parte habría un paquete de "medidas basadas en el cumplimiento, es decir, en la mejora los controles de la actividad pública y de los sistemas de rendición de cuentas, donde debemos poner una especial atención en el fomento de las herramientas para que la sociedad civil y la ciudadanía se constituyan también en garantes de la integridad de sus instituciones".
Pero la clave radica en "la Disposición Transitoria Primera" que "habilita al Gobierno para dictar el Reglamento de organización y funcionamiento de la Oficina de prevención de la corrupción en el plazo de seis meses desde el nombramiento de la directora o director de la Oficina", que también lo hace el Gobierno. "La Disposición Transitoria Segunda mandata al Gobierno para que vele por que la Oficina cuente con los medios personales y materiales necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento, pudiendo facilitar la adscripción de personal en comisión de servicio a dichas plazas", añade.