Sorpresa e inquietud entre los inspectores de Hacienda ante la "politización" del sector público que está perpetrando el Gobierno de Pedro Sánchez. En concreto, desde la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) han recibido con "enorme preocupación" dos normas que el Ejecutivo publicó el pasado 30 de abril en el BOE y que afectan al ámbito de la reforma de la Función Pública y a la regulación de la figura del directivo público.
En este último punto, el principal cambio que ha introducido el Gobierno es que va a ser posible convertirse en directivo público sin ser funcionario, tal y como destaca esta asociación. La orden señala lo siguiente:
En aquellos casos en los que el personal directivo público pueda tener régimen jurídico de personal laboral, le serán de aplicación las especialidades para el nombramiento previstos en el apartado anterior, sin perjuicio de las particularidades siguientes:
A)No será preciso cumplir el requisito de ser personal funcionario de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales perteneciente al subgrupo A1, si bien deberá acreditar el mismo nivel de titulación.
Para esta asociación, la decisión del Ejecutivo supone "un peligro claro de politización de las condiciones que se exigen para acceder al puesto de directivo público". Su presidenta, Ana de la Herrán, explica a este periódico que, "aunque el cargo de directivo público es un cargo de libre designación y de confianza, se trata de un puesto técnico que hasta ahora siempre ocupaban funcionarios".
Si se deja de exigir ese requisito, "será más fácil que el Gobierno pueda colocar a perfiles más politizados y afines en puestos de subdirector, por ejemplo" avisa. En el caso de la Agencia Tributaria, "aunque no sabemos lo que pretenden hacer tras la publicación de esta orden, podría afectar a decenas de subdirectores que podrían ser sustituidos por personas que no son funcionarios de carrera y no conocen ni respetan los criterios técnicos" al igual que sucede con los altos cargos. "Una cosa es que el Gobierno sea el que dirija la Administración y otra que la quiera controlar" añade.
La inquietud en la asociación de inspectores es total. Tampoco entienden las prisas del Gobierno por aprobar el texto: "No sólo no hay razones que justifiquen la extraordinaria y urgente necesidad para la publicación de una norma de este calado, tal y como exige nuestra Carta Magna, sino que con ello se impide el adecuado debate parlamentario" añaden. Para De la Herrán también es sospechoso "que se haya publicado un 30 de abril, antes de un puente, y sin dar explicaciones. Es como si hubieran querido que pasara desapercibido".
Así, los inspectores de Hacienda señalan que "la figura del directivo público se ha regulado sin cumplir los estándares mínimos de la OCDE en materia de dirección pública pues no sólo deja fuera a quienes tienen la categoría de directores generales, secretarios de estado o subsecretarios, que podrán seguir siendo nombrados con arreglo a criterios políticos y no técnicos, sino que amplía aún más el abanico de la politización de la Administración al contemplar como directivos a quienes tienen el rango de subdirector que ahora, podrán también ser elegidos entre personas que no pertenezcan a ningún cuerpo funcionarial, algo inédito en nuestra Administración pública".
Finalmente, en cuanto a la forma de elección y requisitos que se exigen para ser directivo público, los inspectores rechazan que "el acceso a estos puestos se haga a través de entrevistas y de un cuestionario de autoevaluación, que dará lugar a la arbitrariedad en la selección de quien va a ocupar un puesto de responsabilidad dentro de la Administración pública". En definitiva, "nada de claridad, especialización y concreción y mucha opacidad en los criterios que se exigen para ocupar cargos directivos".
Esta misma asociación también ha sido muy crítica con la intención del Gobierno de nombrar funcionarios interinos a personas que no han aprobado la oposición así como con la entrega de la Agencia Tributaria al Gobierno catalán.