Desde que la izquierda política y mediática española puso encima de la mesa los controles de precios como receta contra el encarecimiento de los alquileres, Libre Mercado ha alertado de las consecuencias negativas que tendría dicha intervención del mercado inmobiliario. Los casos de capitales europeas como Estocolmo, Berlín o París permitían anticipar el fiasco, pero el gobierno de Pedro Sánchez ha seguido adelante con sus planes, de modo que nuestro país ha terminado convirtiéndose en el enésimo ejemplo del nefasto resultado que tienen estas políticas.
La Ley de Vivienda entró en vigor la pasada primavera pero, a lo largo del último año, la oferta de casas y pisos en alquiler no solamente no ha crecido, sino que ha caído con fuerza. El ejemplo más flagrante de todos lo tenemos en Barcelona, donde están en vigor tanto la normativa nacional como la legislación autonómica y local que aboga por el control del precio de los arriendos. Pues bien, la oferta de vivienda de alquiler en la Ciudad Condal ha caído un 15% a lo largo del último año, de acuerdo con datos facilitados por el portal Idealista.
Al igual que ha ocurrido en otros países, la introducción de los controles de precios ha hecho que numerosos propietarios saquen sus inmuebles del mercado con ánimo de reintroducirlos a futuro, pero con un precio más alto. Puesto que la normativa impulsada por el gobierno congela o limita la revisión anual de los arriendos, los propietarios reaccionan fijando un coste de partida mucho más alto que compense la imposibilidad de revisar las tarifas. En este sentido, una encuesta elaborada por el portal Fotocasa revela que el 23% de los arrendadores planean fijar un precio más alto cuando tengan la oportunidad de liquidar los contratos de alquiler en vigor e iniciar acuerdos de nuevo cuño.
Dicho sondeo revela asimismo que un 9% de los propietarios de vivienda dedicada a alquiler se plantean vender el piso una vez finalice su actual contrato de arriendo. Este porcentaje ha subido un 50% a lo largo del último año y anticipa nuevas reducciones de oferta a futuro. Los dueños de activos inmobiliarios comprueban que el alquiler es una actividad económica cada vez más regulada y reaccionan vendiendo casas y pisos para obtener a corto plazo unas rentas que estiman cada vez menos seguras en caso de seguir arrendando sus inmuebles.
En el último año también se ha producido un aumento en los alquileres de temporada, definidos como aquellos que se dirigen a un periodo de tiempo definido y concreto. Estos arriendos quedan fuera de la Ley de Vivienda, de modo que no están afectados por las regulaciones de control de precios. Así pues, no sorprende saber que, según datos suministrados por Idealista, la oferta de alquileres de temporada ha subido un 56% durante el último año.
Pero las maniobras de los propietarios para esquivar los controles de precio no acaban ahí. También van a más los contratos híbridos que incluyen otros activos en el acuerdo de alquiler, como por ejemplo las plazas de garaje. Este epígrafe tiene un coste medio cercanoa a los 75 euros mensuales, pero puede alcanzar cotas mucho más altas en mercados con más demanda, llegando a 150 euros por pago en las principales capitales.
Y, por descontado, los propietarios de viviendas en alquiler siempre pueden exigir que los inquilinos materialicen la totalidad o una parte de los pagos mensuales "en B", esquivando de esta forma los controles oficiales. Sobre el papel, la Ley de Vivienda prohíbe de forma general este tipo de acuerdos, pero algunos estudios apuntan que más de un millón de pactos de arrendamiento se celebran "por debajo de la mesa" y la Agencia Tributaria ha enviado más de 850.000 avisos preventivos a contribuyentes que podrían estar incurriendo en este tipo de prácticas.