La Abogacía del Estado lleva años argumentando que el derecho comunitario europeo no es compatible con el pago de las indemnizaciones decretadas en los arbitrajes internacionales celebrados tras la retirada retroactiva de las primas renovables. Las empresas afectadas han defendido en todo momento que los laudos emitidos a su favor no sientan jurisprudencia y también insistido en que estas decisiones tienen plena cobertura legal bajo el Tratado de la Carta de la Energía (TCE), del que España y la Unión Europea eran firmantes cuando se desarrollaron las inversiones en renovables, y el Convenio del CIADI, que regula los arbitrajes a través del Banco Mundial. Con todo, el gobierno de Pedro Sánchez ha optado por impagar unas compensaciones que ya superan los 1.550 millones de euros, situando a nuestro país en un escenario de incumplimiento solamente comparable al de países como Venezuela o Rusia.
El caso es que las empresas afectadas no se han quedado de brazos cruzados, sino que han invocado el TCE y el Convenio del CIADI ante los tribunales de Reino Unido, Australia y Estados Unidos para reclamar que la magistratura de dichos países reconozca los laudos y autorice medidas cautelares contra el Reino de España como el embargo de bienes y activos de nuestro país. En este sentido, las incautaciones que ya están en marcha en las islas británicas han supuesto un duro golpe al que próximamente se pueden sumar actuaciones similares en suelo oceánico, a raíz de una sentencia de la Corte Suprema australiana.
Como ya ha explicado Libre Mercado, los tribunales estadounidenses han avanzado con mayor lentitud, pero recientemente han celebrado la primera vista oral asociada a estos procesos. A lo largo de la audiencia, las tres magistradas de la Corte del Distrito de Columbia que están revisando la denuncia interpuesta por los inversores que sufrieron la retirada retroactiva de las primas renovables se mostraron especialmente críticas con la postura de España, planteando si acaso nuestro país no está tratando simple y llanamente de saltarse sus obligaciones en base a argumentos falsos acerca de la supuesta prevalencia del derecho europeo sobre esta cuestión.
Pues bien, esta semana ha trascendido una importante decisión de la magistratura estadounidense referida a otro caso muy relevante para la cuestión que nos ocupa. Se trata de la resolución del litigio interpuesto por los hermanos Micula, dos inversores suecos que litigan contra Rumanía en el marco de un proceso que podría tener implicaciones significativas para la situación de España en relación con el reconocimiento de las deudas de las renovables en suelo norteamericano.
Así, en un fallo dictado el 14 de mayo de 2024, la Corte de Distrito de Columbia ha ordenado la ejecución de un laudo de 330 millones de dólares que condena efectivamente a Rumanía por la disputa con los Micula, destacando que los tribunales estadounidenses están obligados por la legislación de su país a cumplir con los laudos del CIADI. Tal decisión subraya la independencia de la justicia estadounidense respecto a las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y puede servir de precedente para las empresas que buscan ejecutar laudos arbitrales contra España en tribunales fuera de la UE.
El tribunal estadounidense ha rechazado la petición de Rumanía de anular la sentencia del juez de distrito, que ya había ordenado la ejecución preliminar del laudo. El país de Europa del Este había argumentado que, según el TJUE, aprobar una indemnización así constituiría una ayuda estatal incompatible con las normas de la UE. Asimismo, la posición rumana invocó la soberanía del derecho europeo para exigir que el proceso se dirimiese en suelo comunitario y apeló también a la Ley FSIA, que regula las peticiones de inmunidad diplomática ante este tipo de escenarios.
La corte estadounidense ha concluido que las decisiones del TJUE no le son de afectación, que la Ley FSIA no da cobertura a Rumanía y que el Convenio del CIADI suscrito por Estados Unidos obliga a reconocer los laudos del tribunal del Banco Mundial como sentencias merecedoras de "plena fé y crédito", tal y como regula la propia legislación estadounidense mediante la Sección 1650a aprobada por el Congreso.
Jurisprudencia demoledora para España
La relevancia de este fallo para España radica en la posibilidad de que los tribunales de Estados Unidos se han pronunciado sobre un asunto prácticamente idéntico al que se plantea en las denuncias por los impagos de las renovables. Hasta la fecha, el gobierno español ha optado por no pagar las compensaciones decretadas en dichos laudos, pero los tribunales británicos y australianos han fallado contra dicha posición y la decisión del caso Micula abre la puerta a una situación muy similar en Estados Unidos. La confirmación de estos laudos en Estados Unidos puede llevar a medidas como el embargo de bienes y activos de España en dicho país.
Huelga señalar que el impacto potencial de la ejecución de estos laudos en tribunales internacionales no se limita a las posibles sanciones económicas, sino que también influye en la percepción de España como un destino seguro para inversiones extranjeras, especialmente en el sector de las energías renovables.
La confirmación de los laudos por tribunales en Estados Unidos podría presionar al gobierno español a reconsiderar su postura y buscar una solución negociada con las empresas afectadas, evitando así mayores daños a la reputación de nuestro país y a la capacidad de atraer nuevas inversiones. Las empresas afectadas se han mostrado abiertas a negociar en las últimas semanas, especialmente tras conocer los avances en procedimientos como los de los Micula.