Las instituciones estadounidenses estudian la posibilidad de embargar bienes del Reino de España mientras avanzan en la misma línea en relación con diversos activos estatales pertenecientes a Venezuela y Rusia. Nuestro país se encuentra en el punto de mira de la justicia norteamericana a raíz de los impagos a las renovables, mientras que el régimen de Nicolás Maduro está en la picota por impedir la celebración de elecciones libres y democráticas y la tiranía de Vladimir Putin enfrenta duras sanciones como represalia por la invasión de Ucrania.
La pasada semana, la Cámara de Representantes autorizó a la Casa Blanca la posibilidad de incautar aproximadamente 6.000 millones de dólares en activos rusos que ya han sido rastreados y se encontraban congelados de forma cautelar, a la espera de que el poder legislativo diese luz verde a la activación de estas medidas extraordinarias. El gobierno de Joe Biden ha anunciado que dedicará los recursos obtenidos por esta vía a financiar distintas vías de apoyo militar y humanitario para Ucrania.
El grueso de los 6.000 millones incautados se obtuvieron a comienzos del año 2022, en el marco de una actuación concertada por parte de los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Italia y Japón, que congelaron de esta forma hasta 300.000 millones de dólares en concepto de reservas de divisas rusas que estaban depositadas en instituciones financieras de dichos países.
Si Vladimir Putin tiene razones para estar preocupado, no puede decirse menos de Nicolás Maduro, puesto que las instituciones estadounidenses también han empezado a perfilar un plan de incautación y venta de activos soberanos venezolanos orientado a resarcir a todos aquellos inversores internacionales que han sufrido impagos por parte del régimen bolivariano. Para materializar estas compensaciones, la joya de la corona es CITGO, filial estadounidense de PDVSA, la compañía petrolera estatal venezolana.
Libre Mercado informó de esta circunstancia en septiembre de 2023, cuando el gobierno de Nicolás Maduro intentó acercarse a Washington para evitar este desenlace. El acercamiento entre ambas partes quedó en agua de borrajas cuando el régimen comunista impidió la candidatura presidencial de María Corina Machado, veto que luego extendió a Corina Yoris y que ahora se cierne sobre la figura de Edmundo González Urrutia, que a priori será el único candidato opositor que podrá presentarse en unos comicios marcados por el fraude.
Para penalizar al régimen por sus continuas violaciones de la democracia y resarcir a decenas de empresas que han sufrido impagos de todo tipo por parte de la tiranía venezolana, las autoridades estadounidenses han acelerado el proceso de venta de CITGO, que controla una de las diez mayores refinerías del país del Tío Sam, ubicada en Texas. En total, los acreedores acumulan deudas por valor de más de 24.000 millones de dólares.
España se codea con las dictaduras
Lamentablemente, España se codea con las dictaduras y también está en la diana de las instituciones estadounidenses, puesto que la justicia norteamericana tiene encima de la mesa una decena de litigios que reclaman el embargo de bienes y activos de nuestro país como medida de compensación por los impagos de las sentencias que obligan a España a resarcir a las empresas afectadas por la retirada retroactiva de las primas renovables.
Entre las empresas que han invocado estas medidas figuran corporaciones como la estadounidense NextEra, la alemana RWE o la británica Blaskett. Además, este medio ha podido confirmar que ya se han realizado diversos rastreos orientados a identificar propiedades inmobiliarias y derechos financieros que podrían quedar sujetos a este tipo de incautaciones en caso de que la justicia del país norteamericano estime oportunas las medidas de protección invocadas por las empresas.
El Índice de Cumplimiento de Sentencias Internacionales que elabora el jurista holandés Nikos Lavranos sitúa a España, Venezuela y Rusia como los tres países con mayor número de laudos pendientes de pago. En la lista de países incumplidos apenas hay democracias plenas y, de hecho, esas contadas excepciones ya están trabajando para revertir la situación, caso de Argentina o Ecuador, donde los gobiernos de Javier Milei y Daniel Noboa han empezado a negociar con sus acreedores para poner fin a los impagos y "limpiar" de una vez por todas estas deudas.
España debe cerca de 1.800 millones de euros a las empresas afectadas por la retirada de las primas renovables. Las más de 25 compañías que cuentan con una sentencia favorable están litigando en los tribunales de Alemania, Australia, Estados Unidos o Reino Unido. De hecho, en las islas británicas ya se ha autorizado la incautación de distintas propiedades inmobiliarias, caso de la sede londinense del Instituto Cervantes o de cuatro cuentas bancarias.