Ashley Messick, directora de proyectos de rastreo de activos y bienes soberanos en la consultora JS Held, participó recientemente en la III Conferencia sobre Energía Renovable, Seguridad Jurídica e Inversión, un acto celebrado en Madrid y convocado por las empresas afectadas por la retirada retroactiva de las primas renovables.
Durante su ponencia, la experta desgranó su especialización y conectó dichas funciones con diversas labores desempeñadas a raíz de la negativa de España a pagar las citadas condenas: "mi especialidad es el seguimiento y la recuperación de activos, prestando especial atención a aquellos que pueden ayudar a compensar a actores afectados por situaciones de impago. Por lo tanto, de la mano de mi equipo, me encargo de identificar qué activos soberanos son susceptibles de embargo y, si el cliente me lo indica, procedo a ejecutar tales procedimientos".
"En los últimos diez años, he ayudado a clientes a incautar todo tipo de bienes y propiedades estatales, incluidos activos financieros, cuentas bancarias, aeronaves, buques, títulos financieros, participaciones en empresas, derechos de cobro, mercancías en tránsito, etc. Recientemente, se hizo público mi más reciente caso de éxito, que ayudó a poner fin a una serie de impagos por parte de los gobiernos de Ecuador y Tanzania", apuntó.
"En el caso de Ecuador, a nuestro cliente se le debían unos 400 millones de dólares. En cuanto a Tanzania, eran aproximadamente 150 millones. En ambos casos, los gobiernos de estos países se negaron a pagar pero, en ambos casos, mis clientes reaccionaron con medidas de ejecución orientadas a la incautación de bienes soberanos. Así, procedimos a embargar los pagos de cupones de Ecuador a sus tenedores de bonos de deuda, dejando al país en riesgo de incurrir en una situación de impago. Es un procedimiento similar al del default técnico que España ha sufrido por esta circunstancia con las renovables. En cuanto a Tanzania, procedimos al embargo de un avión de Air Tanzania en Países Bajos, lo que hizo que el gobierno se sentase a negociar y llegase a un acuerdo", desveló.
Más allá de estos dos ejemplos, y en términos generales, la mayor parte del trabajo de Messick "se centra en perseguir los activos de países que no muestran mucho respeto por el Estado de Derecho y, a menudo, trabajan activamente para eludir a sus acreedores. Es menos frecuente encontrarse a los países desarrollados occidentales en la lista de deudores, puesto que se espera que sus gobiernos paguen sus deudas y se adhieran al Estado de derecho".
En el caso de regímenes como los de Venezuela y Rusia, "las sanciones hacen que tengan que operar al margen de la economía mundial. Por tanto, sus activos están bastante protegidos, puesto que las autoridades anticipan la posibilidad de sufrir embargos. Irónicamente, eso hace que un país como España esté mucho más expuesto a medidas coercitivas, puesto que no gestiona sus propiedades y actividades internacionales con las argucias que se ven obligados a implementar los gobiernos de líderes como Maduro o Putin".
Messick apuntó que "el Estado español desarrolla una importante actividad comercial en todo el mundo, lo que abre un amplio abanico de clases de activos que los titulares de adjudicaciones pueden llegar a perseguir. Como se ha divulgado ampliamente, hemos iniciado procedimientos de ejecución que afectan a activos españoles en Reino Unido y próximamente puede ocurrir lo mismo en Australia o Estados Unidos".
"Mi equipo y yo hemos identificado activos significativos en una docena de jurisdicciones en las que el panorama jurídico para la ejecución es favorable y los activos son considerables. La lista que estamos examinando es muy larga. Por ejemplo, tenemos pruebas de una importante cartera de propiedades inmobiliarias comerciales no diplomáticas situadas en ocho jurisdicciones consideradas prioritarias. Como ya se ha visto en los embargos autorizados en Reino Unido, estamos hablando de edificios valorados en millones de dólares. Si nos fijamos en otros bienes inmuebles que hemos identificado, el total de los activos inmobiliarios de más fácil acceso supera los 100 millones de euros", explicó.
Además, el proceso de embargo del derecho de cobro de la indemnización del Prestige (más de 900 millones de euros en juego) o el citado default técnico (que afecta a bonos por valor de 1.000 millones) son ejemplos de las posibilidades alternativas que manejan consultores como Messick, quien explicó que "algunos de los activos que están en el radar de los afectados son de enorme tamaño, incluido uno valorado en 1.000 millones, otros en 600 millones y uno más de 400 millones".
"La cartera de bienes embargables que hemos rastreado tiene un valor de 5000 millones pero, en mi opinión, los acreedores tienen claro que prefieren buscar soluciones que resuelvan la situación. Si España cumple sus obligaciones y se sitúa en un escenario de cumplimiento comparable al del resto de democracias occidentales, los embargos de bienes quedarán en el olvido y el problema habrá terminado", explicó.
La decisión del gobierno español de negarse a pagar los laudos internacionales que condenan a España a pagar 1.562 millones de euros a 26 empresas afectadas por la retirada retroactiva de las primas renovables ha llevado a múltiples litigios que han dado como resultado final el embargos de bienes y activos españoles en el extranjero. Hasta la fecha, los tribunales británicos han aprobado varias incautaciones cautelares, incluido el derecho de cobro de la indemnización del Prestige, la sede del Instituto Cervantes en Londres, un edificio dedicado a la promoción exterior de la Generalidad de Cataluña, la Escuela Internacional Vicente Cañada Blanch, cuatro cuentas bancarias y otros tantos bonos de deuda soberana valorados en 1.000 millones.