Sumar ha presentado una nueva iniciativa en el Congreso que busca incrementar la ya abultada factura fiscal de los propietarios de vivienda. En esta ocasión, la coalición de Yolanda Díaz pretende que paguen más en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) los propietarios de inmuebles urbanos con un valor catastral superior a los 250.000 euros. La propuesta también contempla un recargo del 50% para las viviendas y alojamientos destinados a uso turístico y alquiler de temporada en las denominadas zonas tensionadas.
Sumar defiende esta modificación del IBI alegando que el impuesto representa el 61,1% de los ingresos por impuestos locales en los municipios españoles en 2023. Según la formación, el IBI "no está completamente explotado" y su estructura actual no sigue "los principios de igualdad tributaria y capacidad económica".
"Teniendo en cuenta la necesidad de garantizar la suficiencia financiera de los consistorios, resulta oportuna una modificación del IBI que permita a los ayuntamientos gozar de una mayor autonomía", señala Sumar en su propuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press.
El grupo argumenta que el IBI, tal y como está diseñado, es regresivo y "perjudica a los ciudadanos con menos ingresos". Actualmente, el tipo de gravamen mínimo para bienes inmuebles urbanos es del 0,4%, mientras que el máximo es del 1,10%. Sumar propone estudiar la posibilidad de establecer tipos de gravamen incrementados para inmuebles con un valor catastral superior a 250.000 euros, destacando que el valor catastral medio de los inmuebles urbanos es de 60.149 euros.
La iniciativa también busca aplicar un recargo del 50% en el IBI para las viviendas destinadas a pisos turísticos y alquiler de temporada en zonas tensionadas. La Ley de Vivienda ya permite a los ayuntamientos aplicar recargos del IBI a viviendas vacías por más de dos años, siempre que el propietario tenga un mínimo de cuatro viviendas en esta situación.
En el debate parlamentario, el PSOE, el PP y Vox han rechazado una propuesta de Sumar para que las entidades locales puedan declarar zonas tensionadas de mercado de vivienda cuando se cumplan los requisitos establecidos en la Ley de Vivienda, permitiendo así intervenir en los precios de alquiler sin depender de la actuación de las comunidades autónomas. ERC y Podemos apoyaron la iniciativa, pero no fue suficiente para superar el rechazo de los otros partidos.
El PSOE propuso una enmienda para instar a las comunidades autónomas a declarar las zonas de mercado residencial tensionado, en lugar de otorgar esta competencia a las entidades locales. Sumar rechazó la enmienda y defendió su propuesta original, argumentando que la aplicación de la normativa depende de la "voluntad política" de cada autonomía.
En contraste, la Comisión de Vivienda aprobó varias iniciativas del PP con el apoyo de Vox y ante la ausencia de Junts, Bildu y PNV. Entre las propuestas aprobadas se incluyen medidas para combatir la ocupación ilegal, impulsar la digitalización y simplificación de los procedimientos administrativos en la construcción de viviendas, y promover la construcción de viviendas prefabricadas.
Con esta nueva iniciativa, Sumar continúa su apuesta por una mayor intervención estatal en el mercado inmobiliario y una mayor presión fiscal en contraste con las propuestas de otras formaciones que buscan fomentar la libertad económica y reducir la carga impositiva y fomentar la libertad económica.