Sobre el papel, el nombramiento de un nuevo comisario europeo encargado de los asuntos medioambientales parece el momento perfecto para que la Unión Europea dé marcha atrás a algunos de sus mayores despropósitos en este ámbito. Sin embargo, la posible elección de la socialista española Teresa Ribera para esta posición ha sido recibida con nerviosismo en las filas de distintos sectores afectados por las posibles decisiones de la que, a priori, será su cartera de gestión en el próximo Ejecutivo comunitario.
Libre Mercado se ha referido ya a la acusación de conflicto de intereses que pende sobre su nombramiento. Si Ribera supera este obstáculo, lidiará con distintos asuntos controvertidos, como su tradicional oposición a la energía nuclear, un punto innegociable para socios comunitarios como Francia. De momento, Ribera mantiene su "no" a esta tecnología en suelo español... pero se abre a su despliegue por parte de otros países, como la vecina república gala.
De confirmarse su nombramiento, otro aspecto en el que también se espera un mayor pragmatismo de Ribera es el de la resolución de los laudos que condenan a España por la retirada retroactiva de las primas renovables. La aún ministra del gobierno de Pedro Sánchez se opone a cumplir estas sentencias, pero a nivel comunitario son muchas las voces que consideran que España debe resarcir a los afectados si quiere restaurar la seguridad jurídica y facilitar una mayor inversión en energías "verdes".
En la misma línea, si Ribera llega finalmente a comisaria, deberá lidiar con la implementación del controvertido Reglamento sobre la Deforestación (EUDR). Estaba previsto que esta polémica norma entrase en vigor a partir del 30 de diciembre pero, como explicaba Libre Mercado hace escasos días, la UE ha comunicado que su aplicación quedará postergada al 30 de diciembre de 2025, en el caso de las grandes compañías, y al 30 de junio de 2026, cuando se trate de pymes.
Un ligero alivio
Los países más afectados por esta propuesta regulatoria han recibido la noticia con cierto alivio, pero no hay que olvidar que estos socios comerciales (muchos de ellos, economías en vías de desarrollo) consideran que el citado reglamento está lejos de abordar de manera efectiva los problemas medioambientales y, de hecho, amenaza con desatar un caos burocrático que dificultaría sobremanera su comercio con Europa.
El descontento internacional con la norma resultaba evidente desde hace ya más de un año. Países como Malasia, India, Indonesia, Nigeria, Brasil o Argentina pidieron eliminar o, al menos, retrasar la implementación de la norma, como finalmente ha ocurrido. En la misma línea se habían expresado socios clave como Estados Unidos o Canadá, Incluso en Europa, voces como la del canciller de Alemania, Olof Scholz, se sumaron al pedido de influyentes organizaciones afectadas, caso de EuroCommerce o COPA-COGECA, que alertaron sobre las consecuencias tan negativas que podría tener la aplicación de esta normativa.
Libre Mercado informó también la pasada semana sobre el rechazo que genera el reglamento entre los operadores de terceros países como Argentina, donde los productores agrícolas han cargado contra la pretensión de Bruselas de convertirse en una suerte de "policía mundial del medio ambiente".
En la misma línea se pronunció en este diario la empresaria malaya Belvinder Kau Sron, representante del consejo de productores de aceite de palma de su país. Según explicó, los indicadores medioambientales del sector son cada vez mejores, pese a lo cual Europa insiste en poner en marcha una regulación onerosa y contraproducente.
Las reiteradas críticas formuladas por una larga lista de países, empresas y organizaciones forzó a Bruselas a dejar a un lado la aplicación inmediata del reglamento, pero el problema no ha desaparecido, sino que se ha desplazado a 2026, de modo que esta batalla no tardará en reavivarse y, si se confirma su nombramiento, será Teresa Ribera la encargada de abordar la cuestión.
Un reglamento nefasto
El principal problema del reglamento EUDR es que se ha diseñado sin tener en cuenta las advertencias de los países y sectores que más se verán afectados por su entrada en vigor. Ya en 2022, países como Malasia e Indonesia subrayaron que la normativa plantea más problemas que soluciones. Las naciones asiáticas, que han logrado notables avances en materia de protección de sus bosques, se verían castigadas por una legislación que ignora estos logros e impone un ecologismo mal planteado y de marcado carácter burocrático.
La reducción de la deforestación en Malasia, por ejemplo, ha sido tan significativa que sus indicadores relevantes han mejorado casi un 60%. Sin embargo, Bruselas sigue tratando a los países asiáticos como si fueran responsables de la destrucción masiva de sus selvas. Resulta curioso, en cambio, que otros productores como Bolivia enfrentan un escenario aparentemente más favorable, pese a que sus datos de deforestación sí van a peor. Este agravio comparativo solo ha contribuido a aumentar el malestar entre los principales exportadores de productos agrícolas y materias primas.
De haber mantenido el 30 de diciembre de 2024 como fecha de aplicación, y de confirmarse el nombramiento de Ribera en el cargo, el "sueño europeo" de la ministra podría haber desatado una tormenta perfecta, con interrupciones en las cadenas de suministro que habrían traído consigo como resultado escenarios de escasez en la importación de productos esenciales como el café, el cacao, el aceite de palma, la soja o el caucho. Ello habría dado más alas a la inflación, al inducir un incremento considerable en los precios de estos bienes en toda Europa.
El fiasco deja dos lecciones claras. La primera lección es que la UE haría bien escuchando a las empresas y dialogando con los gobiernos de sus socios comerciales, en vez de imponiendo un reglamento que generaba rechazo entre todos los afectados. Bruselas fue informada hace ya años de las consecuencias que tendría aplicar el reglamento, pero ha seguido adelante hasta finalmente conceder una moratoria que retrasa el daño, pero no resuelve el problema. La segunda lección es que la Comisión Europea debería abstenerse de asumir como propia cualquier propuesta formulada por grupos ecologistas radicales que insisten una y otra vez en aplicar un sinfín de regulaciones anti-crecimiento.
El impacto de la normativa ha quedado derivado a 2026, pero el reglamento no ha desaparecido y su eventual aplicación seguirá siendo dañina. Los pequeños productores de países como Malasia y Indonesia, que ya están luchando por adaptarse a las exigencias europeas, verán cómo sus productos se quedarán fuera del mercado comunitario. Otros mercados relevantes, como el de Argentina, saldrían asimismo perjudicados. Esto no solo afecta al desarrollo de economías menos próspera y ceba una mayor pobreza, sino también a la estabilidad de la cadena de suministro global, lo que redundaría en mayores precios para las familias y empresas europeas.
Penalizar a los productores que han hecho los mayores esfuerzos para proteger sus recursos naturales no es solamente contraproducente, sino también injusto. Si la UE realmente quisiera liderar la lucha contra la deforestación, debe empezar por trabajar mano a mano con los actores que están logrando resultados. De momento, el reglamento se retrasa, pero su eventual aplicación traerá consigo un encarecimiento de las importaciones, un repunte de la inflación en productos vitales para los hogares y, peor aún, un distanciamiento cada vez mayor entre la UE y sus principales socios comerciales.