La crisis de vivienda acorrala al Gobierno. Tras los seis años de mandato de Pedro Sánchez, comprar o alquilar una vivienda en las grandes ciudades del país se ha convertido en todo un vía crucis para el ciudadano.
A pesar de que el problema es de escasez de vivienda, lo que ha generado que la oferta y la demanda de vivienda sufran un gran desequilibrio y suba el precio, en el Gobierno siguen empeñados en apostar por la intervención estatal. Precisamente, la causa principal de la actual situación.
Así, el presidente del Gobierno anunció ayer lunes "12 medidas destinadas a proporcionar a la ciudadanía más vivienda, mejor regulación y más ayudas". Su plan se basa en más dinero público, más impuestos, un nuevo chantaje a los propietarios y medidas tan liberticidas como la de prohibir la compra de vivienda a extranjeros.
Las 12 medidas de Sánchez
Sánchez sigue sacándose de la manga miles de viviendas públicas (que hasta ahora no han llegado al ciudadano) y promete construir y comprar vivienda pública, aunque no informa del coste para el contribuyente. Propone favorecer la construcción modular (casas prefabricadas), lo que sería una buena idea, aunque es dudoso que un "PERTE" lo consiga.
1. Transferencia de viviendas y suelo a la nueva Empresa Pública de Vivienda. La AGE acaba de transferir más de 3.300 viviendas y casi 2 millones de metros cuadrados de suelo residencial para construir viviendas sociales de alquiler asequible. También se incorporarán 13.000 viviendas de la SAREB de forma inmediata, y otras 17.000 más, progresivamente.
2. La nueva Empresa Pública de Vivienda tendrá prioridad en la compra de viviendas y suelos, con carácter supletorio respecto al derecho de las CCAA.
3. Se blinda la vivienda protegida del Estado, garantizando por ley que toda la vivienda construida por el Estado mantenga indefinidamente su titularidad pública.
4. Lanzamiento de un PERTE para la innovación y modernización de la construcción industrializada y modular en España, para que podamos construir casas en menos tiempo y con menos costes. Se desarrollará en la provincia de Valencia para contribuir a la reconstrucción del tejido económico tras la DANA.
Sánchez solo propone medidas para dar "garantías" al propietario, subvenciones para la rehabilitación de viviendas o bajar los impuestos si los caseros ceden a su chantaje: cobrar alquileres al precio estatal y no al de mercado.
5. Creación de un sistema de garantías públicas que protegerán tanto a los propietarios como a los inquilinos que participen en alquiler asequible. Asegurará al propietario el cobro de la renta de alquiler y al inquilino una mayor oferta a precio asequible y equidad en el acceso. Estará en funcionamiento este año y se empezará aplicando a los propietarios que alquilen a menores de 35 años.
6. Creación de un nuevo programa de rehabilitación de viviendas vacías destinadas al alquiler asequible. Se otorgarán ayudas a aquellas personas que reformen un piso para ponerlo en alquiler asequible durante al menos 5 años.
7. Propondremos al Congreso la aprobación de una exención fiscal del 100% del IRPF para propietarios que alquilen su vivienda según el Índice de Precios de Referencia, sin necesidad de que estas se encuentren en zonas declaradas tensionadas.
En su persecución a los propietarios de pisos turísticos y a las socimis, Sánchez plantea elevar su fiscalidad, como también viene reclamando Sumar.
8. También propondremos al Congreso que las viviendas turísticas sean consideradas un negocio y pasen a tributar como una actividad económica incluyendo la aplicación del IVA en aquellas zonas donde haya dificultades en el acceso a la vivienda o saturación turística.
9. Condicionaremos las ventajas fiscales de las SOCIMIS a la promoción de vivienda en alquiler asequible.
Al más puro estilo de Podemos, Sanchez también promueve el racionamiento inmobiliario.
10. Limitación a la compra de vivienda por parte de extracomunitarios no residentes. Se incrementará hasta el 100% el gravamen fiscal que deben pagar los no europeos que no residan en nuestro país cuando compran una casa en España, priorizando que las viviendas disponibles sean para los residentes.
Más persecución al propietario.
11. Endurecimiento de la regulación que persigue el fraude en los alquileres de temporada y creación de un fondo para que gobiernos autonómicos y municipales refuercen las inspecciones de viviendas turísticas ilegales y otros usos fraudulentos de la vivienda.
El punto 12 proporciona escasa información.
12. Nuevo Plan de Estatal de Vivienda, para su entrada en vigor en 2026. Aumentará los programas de ayuda hoy vigentes y prestará una especial atención a las personas mayores, a los jóvenes, a las personas con discapacidad y a aquellas que residen en zonas degradadas.
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