El Gobierno irlandés tiene prevista la eliminación de la norma que permite declarar "zonas tensionadas" en el mercado del alquiler de la vivienda. La decisión será oficial a finales de este año, según ha declarado el primer ministro, Micheál Martin, cuya Administración está evaluando alternativas al vigente sistema de control de precios, con el objetivo de proporcionar más seguridad jurídica y estabilidad al sector privado, así como con el ánimo de fomentar la inversión inmobiliaria.
"Tenemos la intención de desarrollar un sistema alternativo que proteja a los inquilinos, pero que también ofrezca un entorno estable para los inversores", afirmó Martin en una entrevista concedida a RTÉ. Desde su implementación en el año 2016, las normas en vigor han limitado el precio de los alquileres en 17 de las 26 regiones del país, incluidas Dublín o Cork.
Actualmente, los incrementos anuales del precio del alquiler están limitados a la inflación o a un tope del 2%, estando el propietario obligado a tomar como referencia el menor de los dos valores. El primer ministro ha criticado el "enfoque reactivo" que ha caracterizado la regulación del mercado de alquiler en Irlanda, subrayando la incertidumbre que ha generado entre los inversores privados. "No pueden operar en un sistema donde las reglas impiden generar rentabilidad alguna y los precios son inferiores a los niveles de equilibrio. Además, las normas de referencia cambian de un año para otro. Esto tiene que terminar", remarcó.
Martin también adelantó en la entrevista que su Gobierno llevará a cabo una revisión integral de la política de vivienda, con un énfasis en incentivar la participación del sector privado. "El mercado de alquiler privado se está deteriorando y necesitamos revertir esa situación", advirtió. En esta línea, reconoció que el Estado "no puede hacerlo todo solo" y debe fortalecer la colaboración con el sector privado para garantizar la oferta de viviendas.
El desastre español
En el pasado, la declaración de "zonas tensionadas" y la consecuente introducción de medidas de control de precios ha traído consigo resultados nefastos. Países como Alemania, Francia o Suecia han comprobado cómo este tipo de regulaciones han destrozado el mercado del alquiler al reducir drásticamente la oferta de pisos disponibles y golpear de forma directa los incentivos para que los operadores privados sigan invirtiendo en el sector.
España ha adoptado distintas medidas restrictivas a lo largo de los últimos años y los resultados han sido lamentables. La Ley de Vivienda y los Índices de Referencia aprobados entre 2023 y 2024 no solamente no han frenado la subida de precios del alquiler, sino que la han exacerbado. Según Idealista, el año 2024 cerró con un incremento del 11,5% en comparación con los datos de 2023.