Dicen los historiadores que una de las claves del milagro económico europeo estuvo en la competencia institucional. Sí, hablamos de "milagro" porque probablemente ningún observador externo que hubiese mirado la Tierra desde el espacio en el año 1000 habría apostado por Europa como el potencial ganador del siguiente milenio. Pocos recursos naturales; amenazas exteriores (vikingos, magiares, musulmanes); aparente caos político;... Y, sin embargo, vencimos (afortunadamente), apoyados en una tríada de valores (filosofía griega, derecho romano, humanismo cristiano).
Pero no sólo fue eso, que también. El pequeño tamaño de nuestros estados (aunque, en realidad, esta palabra no puede usarse con propiedad hasta el siglo XVI-XVII, creo que se entiende de lo que hablamos) jugó a nuestro favor. Porque nada podía prohibirse en todo el continente. Porque el que mejor lo hacía servía de reflejo para que los demás lo imitasen. He escrito a menudo sobre esto, normalmente para alertar de que el camino que ha tomado la UE es exactamente el contrario al que la mejor historia de Europa demanda.
Todo esto viene a cuento de la condonación de deuda anunciada esta semana por el Gobierno. ¿Que es inmoral? Sí. Pero, además, supone una puñalada trapera en los fundamentos del sistema autonómico que tanto dice defender ese mismo Gobierno; y, todavía más, sus socios de investidura.
El modelo tiene sus problemas. El principal es que no asocia ingresos y gastos. Te financia el Gobierno central (de forma directa o vía regulación fiscal) y el margen de las regiones para tocar este tema es bajo. Los incentivos son perversos: por eso se ha generado este sistema absurdo, de diecisiete mini-estados semi-independientes en casi todo salvo en la recaudación. Mi apuesta siempre ha sido acabar con las comunidades autónomas y darles más poder (mucho más poder: fiscal y regulatorio) a las diputaciones y los ayuntamientos. Pero hoy no entraremos ahí. Hoy nos quedamos con lo que tenemos: estas autonomías y este sistema de financiación.
Pues bien, si esto es lo que hay, entonces no se puede hacer lo que han hecho esta semana. Llevan cuarenta años diciéndonos que es fantástico que las regiones cada vez asuman más poder. Y lo han hecho: Madrid, por ejemplo, con el PP de Esperanza Aguirre e Isabel Díaz Ayuso ha apostado por un modelo transparente. Siempre digo que es el modelo más coherente de España. Bueno o malo, eso lo decidirá cada uno, pero llevan treinta años prometiendo y haciendo lo mismo: bajadas de impuestos (no tantas como parece escuchando a sus responsables, pero las suficientes como para marcar una diferencia con las demás regiones); libre elección en los grandes servicios públicos (Educación y Sanidad); sistema de transporte bastante eficiente (Metro, EMT, carreteras de acceso a Madrid); ortodoxia presupuestaria (es la región del régimen común que mejor ha transitado los años de la crisis de deuda); y poca pelea cultural con la izquierda (esto es lo peor de estas tres décadas, pero también es evidente: por ejemplo, si tienen hijos en edad escolar en Madrid, lean sus libros de texto y comprobarán que no exageramos un ápice). A partir de ahí, han conseguido un enorme éxito electoral. Parece que los ciudadanos que viven en Madrid apoyan este esquema.
También lo hacen los catalanes con el separatismo. Del sector duro nacionalista (Junts, ERC, CUP) al más blandito (PSC), lo que parece claro es que los ciudadanos de aquella región llevan cuarenta años respaldando opciones que les separan cada vez más del resto de España. A algunos esto nos puede parecer absurdo. Entre otras cosas, porque creemos la decadencia económica catalana es hija del procés. Y no hablamos del de 2017, sino del que lleva en marcha desde 1980 y que pone en la construcción de la supuesta nación todos los esfuerzos. Pero, a partir de ahí, la crítica debe dirigirse hacia lo que podríamos considerar una estupidez (seguir votando partidos que han convertido lo que la locomotora de la economía española en una región que languidece), porque no podemos decir que los catalanes no tienen lo votado o que les hayan engañado: llevan cuarenta años siendo coherentes en sus políticas.
En este punto, volvemos a la competencia institucional y a que cada palo aguante la vela de sus decisiones. Pues no. Desde este lunes ya sabemos que los demás tendremos que aguantar las velas de los que durante cuarenta años nos dijeron que ellos debían tener cada vez más autogobierno.
Velas, además, que se sostienen sobre mentiras, como la injusticia de un sistema de financiación que pactaron los mismos que ahora dicen que les perjudica. Si es cierto que el modelo actual es malo para Cataluña, sólo hay dos explicaciones posibles: los negociadores de ERC que lo pactaron con Zapatero en 2009 eran idiotas (les colaron un modelo que les perjudicada y no se dieron cuenta) o traidores (vendieron a sus votantes para conseguir alguna prebenda de aquel Gobierno). No hay más opciones.
A partir de ahí, nos quedan dos realidades. La primera es el riesgo moral del que ya alertan las agencias de calificación y que repercutirá en el coste de financiación a futuro de cualquier administración pública española. Para qué cumplir las reglas, si en algún momento del futuro alguien necesitará tus votos y podrás chantajearle para que te perdone.
La segunda es la evidencia más peligrosa: para qué votar o para qué seguir con la cháchara del modelo autonómico, si es mentira. Es como cuando los mismos que celebran la diversidad o la cesión de competencias a Cataluña nos dicen que van a prohibir que Madrid baje impuestos. En la práctica, lo que esto significa es que no puedes elegir modelos. O puedes hacerlo sólo parcialmente, porque uno juega con ventaja: si le sale bien, ganan ellos; si sale mal, pagamos el resto.