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El asidero nórdico

En España, la Administración solo maneja una forma de actuación: el ordeno y mando. Los ciudadanos no tienen ningún control sobre sus pensiones, la educación de sus hijos o sus servicios sanitarios

Domingo Soriano
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La clasificación de los países por renta per cápita es uno de los argumentos más socorridos que tenemos a mano los liberales. Casi en cualquier rincón al que miremos, las políticas que defendemos dan resultado: Hong Kong, Singapur, Suiza, EEUU,… A más capitalismo y menos intromisión estatal, más riqueza y bienestar. Es una relación casi matemática.

Puede que haya algún izquierdista recalcitrante que siga defendiendo Cuba o al antiguo bloque soviético, pero afortunadamente este tipo de especímenes han quedado relegados al cajón de la irrelevancia. No es algo baladí, hasta hace 20 años estos planteamientos eran parte del paisaje natural de la intelectualidad europea.
 
En estos momentos, el principal argumento al que debemos enfrentarnos los liberales se encuentra en el norte de Europa: yo lo denomino el “asidero nórdico”. Suecia, Noruega, Dinamarca o Finlandia son sociedades prósperas, ricas, avanzadas y con altos niveles de bienestar. Sin embargo, en todas ellas el nivel de intervención del Estado es muy elevado. Por ejemplo, la presión fiscal en estos países se acerca o supera el 50%: esto quiere decir que más de la mitad de los recursos que generan sus ciudadanos se los gasta el poder público. Por eso, los intervencionistas se agarran con tanta fuerza a ellos. Es lo único que les queda.
 
En los últimos días, todo esto ha cobrado nueva actualidad a costa de la subida tributaria decretada por el Gobierno de Mariano Rajoy. Como demuestra el excelente informe de Juan Ramón Rallo, Adriá Pérez y Ángel Martín Oro para el Instituto Juan de Mariana, el impuestazo del PP ha situado los tipos del IRPF españoles por encima de los de todos sus vecinos (Francia, Alemania, Reino Unido,…). Sólo Suecia tiene un Impuesto sobre la Renta algo superior, mientras que en Finlandia o Noruega presentan niveles cercanos, aunque un poco más reducidos.
 
El informe explica con claridad cómo la subida del IRPF dañará la competitividad de la economía española, golpeará a sus ciudadanos con dureza, castigará a los creadores de riqueza y dificultará la salida de la crisis. Y todo esto para mantener la gigantesca estructura estatal casi intacta.
 
Sin embargo, algunos de mis amigos intervencionistas más avispados ya le están intentando dar la vuelta y me comentaban el otro día: “Pues no será tan malo pagar tantos impuestos, cuando así nos equiparamos a Suecia, Noruega o Finlandia…”. Desgraciadamente para ellos, ni siquiera en Estocolmo o Helsinki podrán encontrar la justificación que buscan.
 
Lo primero que hay que destacar es que estos países ocupan los primeros puestos en todas las clasificaciones de libertad económica (Doing Business, ILE, Índice de Competitividad,…). Esto tiene su mérito, porque una de las cosas que miden estas listas es el nivel impositivo. Teniendo en cuenta que los nórdicos tienen malas notas en este aspecto, podemos imaginarnos lo bien que lo hacen en todo lo demás para que su posición final sea tan buena. Por ejemplo, en el Doing Business d el Banco Mundial, Dinamarca es quinta, Noruega sexta, Finlandia undécima y Suecia decimocuarta (España está en el puesto 44, justo por delante de Túnez). Puede que sus políticos les quiten una parte importante de sus ingresos, pero les dejan completa libertad con el resto: no es una ventaja menor.
 
Además, la presión fiscal (que es la ratio que se suele usar para medir estas cosas), puede ser muy engañosa. Por ejemplo, imaginemos dos países, uno desarrollado y otro no, tienen el mismo IRPF del 20% hasta 100.000 euros de ingresos y del 40% desde esa cantidad. El país próspero tendrá una presión fiscal mucho mayor que su vecino, pero no porque sus impuestos sean más altos, sino porque tienen más ciudadanos en el escalón más elevado. Está claro que estos cuatro países los tributos son altos, pero no mucho más que en España o Francia: simplemente es que allí hay más ricos.
 
La tercera cuestión importante está en la forma en la que el Estado gasta sus recursos. En España, la Administración sólo maneja una forma de actuación: el ordeno y mando. Así, los ciudadanos no tienen ningún control sobre sus pensiones, la educación de sus hijos o su sanidad (por hablar sólo de tres de los apartados que más dinero se llevan de los presupuestos públicos). En Suecia, el país europeo con el IRPF más elevado, el mercado tiene una presencia fundamental en cuestiones teóricamente privativas del sector público. De esta manera, existe algo similar al cheque escolar y sanitario, y la última reforma de las pensiones incluye elementos de capitalización. En las estadísticas, todo este dinero aparece como gasto público, pero los contribuyentes del sur del continente soñaríamos con tener todas estas opciones a nuestra disposición.
 
Todos los millonarios son algo excéntricos y acometen gastos que los demás mortales creeríamos que son un derroche: el que no tiene un yate, tiene dos aviones y el de más allá sólo come productos de una granja ecológica del sur de Francia. Pero ninguno tenía estos gustos tan raros antes de hacerse súper-rico. Sólo empezaron a despilfarrar cuando les sobró el dinero. Nadie en su sano juicio pensaría que para forrarse lo que hay que hacer es comprarse un Ferrari (como todos los millonarios tienen uno…).
 
Del mismo modo, Suecia, Finlandia o Dinamarca pueden permitirse el lujo de derrochar parte de la riqueza de sus ciudadanos cobrándoles unos impuestos muy elevados. Recaudan mucho porque son muy ricos, pero no son ricos porque sus impuestos sean altos. Hay muchas cosas que aprender de ellos: su cultura empresarial, sus leyes comerciales o el control que ejercen sobre sus políticos. Pero, por mucho que se empeñen algunos, su legislación tributaria no es una de ellas.

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