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Pacto de Toledo: ¿por dónde van los tiros de la próxima reforma de las pensiones?

Un acuerdo completo parece lejano, pero hay puntos importantes en los que sí habrá consenso. Báñez apuesta porque llegue antes del verano.

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La ministra de Empleo, Fátima Báñez, este lunes, en la inauguración del III Foro de Emprendedores y Autónomos, en Madrid. | EFE

Decía Fátima Báñez este lunes, en las jornadas que la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) organizaron en Madrid sobre el futuro del sistema de pensiones, que confiaba en que el Pacto de Toledo pudiera alcanzar un acuerdo "antes del verano". Sin embargo, escuchando a los portavoces de los diferentes partidos que forman la Comisión en el Congreso de los Diputados, parece poco probable que los deseos de la ministra de Empleo se cumplan. Ninguno de ellos, en la mesa redonda en la que debatieron sobre los trabajos en marcha, fue tan optimista. De hecho, varios apuntaron que el acuerdo es complicado y sólo el representante del PNV, Íñigo Barandiaran, se atrevió a deslizar que quizás para finales de año, si hay suerte, podría haber fumata blanca.

Además, incluso aunque se produzca un acuerdo de mínimos, no será fácil que éste cubra todos los puntos previstos en la negociación. Esto lo apuntaron casi todos los intervinientes: hay algunos aspectos en las que las posiciones son bastante cercanas entre todos los grupos, pero hay otros en los que la distancia entre ellos es muy importante (tras escuchar las versiones de unos y otros, se antoja casi insalvable).

También es cierto que el Pacto de Toledo es una comisión "no legislativa". Es decir, su función no es llevar al pleno un texto legal, sino hacer una serie de recomendaciones genéricas. Esto quiere decir que la reforma que finalmente se apruebe no es tarea de la Comisión, aunque lo que se incluya en el texto sí puede dar pistas sobre por dónde irán los tiros de la misma (sea cual sea el color del Gobierno encargado de afrontar esta misión, intentará defender que sólo cumple las recomendaciones del Pacto).

En parte esto hace más fácil el acuerdo (no hay que llegar al mínimo detalle) y al mismo tiempo abre la puerta a que el texto quede completamente aguado, con un contenido genérico que puede significar una cosa y la contraria en función de quién la interprete. De hecho, no hay más que ver cómo las dos últimas reformas de las pensiones (2011 y 2013) se aprobaron con el voto en contra del principal partido de la oposición (PP y PSOE en cada caso) a pesar de que en cada momento el Gobierno (PSOE y PP respectivamente) aseguraba que no hacía más que cumplir con lo indicado por el Pacto de Toledo.

Dicho esto y con todas las salvedades que requiere un tema tan sensible, sí hay algunos puntos que parecen aclararse (o que está claro que no se resolverán). De lo dicho por los portavoces parlamentarios este lunes, y de las propuestas que los partidos han ido filtrando desde que comenzó la Legislatura, quizás los siguientes sean los aspectos o más importantes y que nos ofrecen una pista más fiable de hacia dónde irá la próxima reforma de las pensiones:

1. Sí, las pensiones seguirán siendo politizadas: la primera conclusión escuchando a los portavoces es que la misión fundamental del Pacto de Toledo (al menos así lo repiten una y otra vez sus miembros) ha fracasado. Cuando a mediados de los años 90 se formó esta Comisión en el Congreso de los Diputados se aseguró que serviría para sacar el tema de las pensiones del debate político diario, para que Gobierno y oposición no se tirasen los trastos a la cabeza con las prestaciones de los jubilados, para que no hubiera electoralismo con las subidas anuales, las reformas o las propuestas. Para plantear medidas a largo plazo que no se vieran torpedeadas por el cortoplacismo habitual en la confrontación política.

Pues bien, más de dos décadas después, el objetivo no se ha cumplido. Todas las reformas emprendidas han contado con el voto en contra de la oposición. Y los debates de la Comisión son una sucesión de reproches sobre quién ha recortado más. Pocos temas hay más politizados y son más usados en la refriega partidista que este. Quizás ninguno. Claro que llegados a este punto la pregunta podría ser, ¿entonces, para qué sirve el famoso Pacto?

2. Separación de fuentes como bálsamo de Fierabrás: es en lo único en lo que parece haber acuerdo total. Todos los partidos aseguran que el primer paso de la próxima reforma es la "separación de fuentes". Y eso qué significa: pues que se saquen de la Seguridad Social todos los gastos que no correspondan de forma estricta a las pensiones contributivas: no contributivas, complementos a mínimos, viudedad, gastos de administración, incentivos a la contratación…

En realidad, en los últimos años ya se ha avanzado en esa dirección. Tampoco quedan tantas partidas por sacar. Las no contributivas y los complementos a mínimos ya se abonan con las transferencias que hace el Estado. Deducciones en las cotizaciones de la Seguridad Social (una queja recurrente porque recortan los gastos) tampoco quedan tantas: buena parte de las ayudas a la contratación se hacen ahora vía bonificaciones.

Hay unos 4.000 millones de gastos de personal y gastos corrientes que podrían sacarse. Las pensiones de viudedad y orfandad suman unos 24.000 millones. Y también se habla de las prestaciones por maternidad o paternidad. Por lo tanto, sí es cierto que si esas partidas se sacan del Presupuesto de la Seguridad Social, ya no habrá déficit.

Pero lo importante no es la cifra concreta de lo que se saque, sino sus implicaciones. Porque esas partidas no van a desaparecer. De hecho, las pagarán los mismos que las pagaban antes: los contribuyentes españoles con sus impuestos.

Esto es relevante porque tras esta retórica los partidos esconden una trampa. Así es muy fácil cuadrar las cuentas de las pensiones. Dices que hay que sacar 28.000 millones del sistema y te quitas el problema de encima. Pero es una ficción: para que sea una solución de verdad habría que explicar qué otras partidas del Presupuesto General del Estado recortarás en 28.000 millones o qué impuestos se subirán en 28.000 millones para pagarlas.

Si no se explica (y nada apunta a que se vaya a hacer), entonces simplemente equivale a quitarse el muerto de encima. Es como una empresa que tenga pérdidas por un gasto enorme que se paga a través del departamento de Operaciones; si les preguntan a los responsables de esta área su propuesta será que se asigne el gasto al departamento de Ventas. Y sí, así ellos se quitan el problema, pero la empresa sigue exactamente igual que antes, en quiebra.

De hecho, esto es lo que planteó Cristóbal Montoro hace unas semanas, en la presentación de los PGE para 2018: "Da igual de dónde venga el gasto o el ingreso", vino a decir el ministro, lo importante es que el Reino de España sea fiable y solvente para recaudar impuestos con los que afrontar todas sus obligaciones. Lo otro es un artificio contable. Todo sale del mismo sitio: las arcas del Estado español. La separación de fuentes sólo sirve para cambiar el titular:

  • Antes decía "El déficit del Estado es de 20.000 millones y el de la Seguridad Social es de otros 20.000 millones"
  • Ahora dirá "La Seguridad Social, en equilibrio financiero mientras que el Estado tiene un déficit de 40.000 millones"
  • Pero es fácil ver que el resultado final no cambia para nada

3. Edad de jubilación: no parece que vaya a haber cambios a corto plazo. Este lunes nadie planteó incrementarla. Por lo tanto, lo normal es que se mantengan los 67 años que implantó la reforma de 2011. Si acaso, podría avanzarse en el terreno de la "flexibilidad": es decir, dejar que cada uno se jubile cuando quiera y dar más opciones para seguir trabajando y compatibilizar sueldo y pensión.

Eso sí, habrá que mirar con lupa cuáles son las condiciones que garantiza el sistema en cada edad: porque mantener la edad legal en ese punto no es sinónimo de que los que se jubilen con 65-67 años en 2040 tengan la misma tasa de sustitución que los que se jubilan ahora a esa edad (de hecho, no ocurrirá).

4. Período de cálculo de la base reguladora y años para cobrar el 100%: fueron la clave de la reforma de 2011. Más importante que el retraso de la jubilación a los 67 años, aunque esto se llevó todos los titulares. De hecho, los expertos (por ejemplo, aquí la AIReF) recuerdan a menudo que el principal recorte en el gasto en pensiones viene dado por estas reformas llamadas paramétricas (para la primera pensión importan mucho más, por ejemplo, que el Factor de Sostenibilidad, que tan mala prensa tiene). Son cambios que pasan más desapercibidos en la opinión pública pero son muy importantes.

Precisamente porque son cambios que tienen menos resistencia entre el electorado, es muy posible que las próxima reformas incidan en esta dirección. Las recomendaciones del Pacto de Toledo quizás no den cifras cerradas, pero lo normal (varios portavoces lo apuntaron el lunes) es que se amplíe el período de cálculo. También podrían incrementarse los años cotizados necesarios para cobrar el 100% de la prestación. ¿Podríamos llegar a un período de cálculo que cubra toda la carrera laboral? A corto plazo no, a medio plazo, es lo más probable. Eso sí, si se hace, seguramente irá acompañado de alguna medida correctora, como la de poder quitar los 5-7-10 peores años de cada trabajador. Un poco de azúcar para que la medicina pase mejor (porque no hay que olvidar que para la gran mayoría de contribuyentes esta medida supondrá un recorte importante en la primera pensión).

También es cierto que estos cambios no se aplicarían nunca de un día para otro: siempre habrá un período transitorio para suavizar los efectos (por una pura cuestión de justicia y porque, si se hace de forma repentina, las calles arderían).

5. ¿Están muertas las reformas de 2011 y 2013?: sí, muertas y enterradas. Mariano Rajoy ya ha dejado claro que no está dispuesto a defenderlas. Y para el resto de los grupos es un bombón publicitario: pueden repetir una y otra vez que el PP quería recortar pensiones, ligar la dignidad del sistema al IPC y demás retórica habitual en estos casos. Salvo sorpresa mayúscula, podemos ir olvidándonos del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización de las Pensiones. Han pasado a la historia. Lo más probable es que el Pacto de Toledo proponga volver a revalorizar conforme al IPC (quizás incluyendo alguna coletilla de tener en cuenta también la productividad o el empleo… pero ni siquiera eso es seguro).

6. Subidas de mínimas y no contributivas: también es casi seguro. Los portavoces parecían de acuerdo en este punto. Por lo tanto, lo normal es que haya algún tipo de recomendación para subir las mínimas por encima del resto: con un suplemento al IPC, algún suelo que las proteja en los años malos… Las diferencias entre máximas y mínimas seguirán estrechándose. Las de viudedad también entrarán en este paquete de revalorización extra.

7. Impuestos finalistas: el PP ya ha abierto la caja de los truenos con esa tasa Google que asegura que servirá para pagar la subida pactada con el PNV. El PSOE o Podemos hace años que piden impuestos finalistas para cubrir el déficit de la Seguridad Social (sobre todo, hablan de dos al sector financiero, aunque la recaudación prevista apenas cubriría una mínima parte del agujero). Y no hay que olvidar lo dicho en el punto 2: llevarse partidas a los PGE implicará que se paguen viudedad o gastos administrativos vía impuestos. El portavoz de Ciudadanos fue el único que aseguró este lunes que ellos no querían más tributos para la "clase media trabajadora".

Lo cierto es que las cuentas no salen. Si alguien se pregunta cómo se pagarán las promesas de más gasto. Sólo hay una respuesta posible (porque hablamos de muchos miles de millones de euros al año): subiendo impuestos o cotizaciones de forma sustancial. Y no hablamos de tributos menores o de subidas sólo para algunos contribuyentes. Con eso no sería suficiente. ¿Cómo de claro lo explicará el texto final del Pacto de Toledo? Eso ya es otro tema.

8. Las bases máximas: Podemos es el más claro en esto. El partido morado propone destopar las bases máximas de cotización (sin tocar las pensiones máximas, por supuesto). Esto supondría una enorme subida de impuestos para los trabajadores que ganen por encima de 45.000 euros.

No parece sencillo que los demás partidos acepten una eliminación completa de las bases máximas, pero sí que se avance en el camino emprendido hace ya muchos años: subir las bases de cotización más que las pensiones máximas. ¿El resultado? Los sueldos más elevados cotizan más a cambio de menos prestaciones en el futuro y el sistema se hace cada vez menos contributivo.

9. Autónomos: su suerte está echada. Quizás no en el Pacto de Toledo, pero las cotizaciones de los trabajadores por cuenta propia irán asociadas a su facturación. Como mucho, habrá tramos en función de la facturación pero, salvo sorpresa, se acabó lo de cotizar por el mínimo. Los partidos lo venderán como lo han vendido hasta ahora: una forma de que los que facturan muy poco también paguen menos en cotizaciones. Pero no nos engañemos, para el 80-85% de los autónomos supondrá un incremento de sus gastos.

10. Planes de pensiones o planes de empresas: los planes de pensiones ni están ni se les espera en el Pacto de Toledo. Todos los partidos coincidieron el lunes en que sólo tienen ojos para el sistema público. Si acaso, algunos portavoces admitieron que los planes privados pueden ser un complemento pero no entran en la competencia de la Comisión. Y Podemos pidió directamente eliminar todos los incentivos fiscales a estos planes para subir la recaudación.

Sí hubo más alusiones a los planes de empresas. Es decir, esos modelos habituales en el norte de Europa y que en España sólo se han desarrollado de verdad en el País Vasco (fuera de esta región son muy pocas las empresas que los tienen). PNV o Ciudadanos parecieron favorables a desarrollar este segundo pilar del sistema. Los partidos de izquierda no parecían especialmente entusiasmados al respecto, pero tampoco frontalmente en contra. ¿Quizás sea la sorpresa del documento final? Es posible. En Reino Unido, Holanda o Dinamarca funcionan muy bien desde hace años. Eso sí, habría que aclarar el punto clave: de dónde saldría la aportación (recortes en la cotización general, en el salario, coste extra para la empresa…)

El culebrón del verano

Dicho esto, el culebrón de los próximos meses girará en torno a si hay o no hay acuerdo. Como si fuera una finalidad en sí mismo. Cuando lo importante en realidad no es la foto, sino el contenido de lo firmado. En este sentido, parece complicado que entre partidos tan diferentes como Podemos o el PP y Ciudadanos se llegue a un consenso sobre los temas de fondo.

Salvo sorpresa, como apuntábamos al principio, un documento en el que todos pongan su firma será o un texto genérico sin ninguna concreción o un acuerdo de mínimos (muy mínimos) que deje fuera los aspectos más importantes. Y eso si hay firma, porque la propia dinámica parlamentaria incentiva a los partidos a levantarse de la mesa: el que lo haga venderá a la opinión pública que lo hace porque ellos son los únicos que se preocupan de verdad por los pensionistas.

Además, sea cual sea el contenido, nada asegura que no vaya a ocurrir lo mismo que en 2011 y 2013, cuando la oposición siguió usando las pensiones como arma electoral. Y hay cuestiones fundamentales en las que ningún partido quiere, con acuerdo o sin él, que la opinión pública esté informada. Habrá muchas noticias sobre el Pacto de Toledo en lo que queda de año. Muchas acusaciones cruzadas y muchos titulares. Todavía está por ver que de todo ese ruido los pensionistas españoles (presentes y futuros) salgan más informados de lo que llegaron.

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