El borrador de los Presupuestos Generales del Estado presentado por el gobierno de PSOE y Podemos carga las tintas del aumento recaudatorio sobre las empresas, que aportarán parte importante de los ingresos que espera obtener el Ejecutivo. El golpe, eso sí, saldrá en última instancia del bolsillo de los trabajadores y los consumidores, a quienes tarde o temprano se les trasladarán los nuevos costes fiscales que va a soportar el sector empresarial.
Una de las medidas más duras es la limitación de la deducción que habilita la compensación por pérdidas en las filiales de los grupos consolidados. Con esta decisión, la alianza de socialistas y comunistas que ocupa el poder pretende obtener un aumento de los recursos fiscales valorado en 2.439 millones de euros. La medida afectará a 3.609 sociedades, según el Ministerio de Hacienda, que suele minimizar esta cifra afirmando que se trata del 1% del tejido productivo y obviando que generan aproximadamente el 25% del empleo y el 50% de la recaudación.
No es la primera vez que Sánchez modifica el Impuesto de Sociedades para aumentar la recaudación. La primera fue la adopción de un umbral de tributación mínima del 15% aplicado a las grandes empresas. En principio, esta modificación no tendrá implicaciones tan generalizadas, puesto que los tipos efectivos que soportan las corporaciones españolas se mueven en torno al 30%. No obstante, el suelo del 15% introduce distorsiones importantes, puesto que, por ejemplo, una empresa que realice un fortísimo esfuerzo en materia de inversión o de innovación verá limitada su capacidad de descontarse tales desembolsos en sus pagos al fisco.
Más dañina, si cabe, fue la revisión de la deducción del Impuesto de Sociedades que permitía repatriar sin doble tributación los beneficios obtenidos en el extranjero. Hasta el pasado 2021, estas ganancias no sufrían ninguna retención adicional en el momento de su repatriación. Sin embargo, el nuevo marco en vigor reduce del 100% al 95% el alcance de dicha deducción.
Como explicó Libre Mercado, esta medida elevó en 1,25 puntos porcentuales el tipo efectivo de Sociedades abonado por las empresas con actividad internacional y, además, entraña un problema de doble tributación que actúa como barrera a la internacionalización, distorsiona la retribución al accionista, incentiva los paraísos fiscales y reduce la capitalización de las empresas matrices, radicadas en España.
Pues bien, a partir de 2023, el gobierno quiere limitar en un 50% la posibilidad de compensar las pérdidas obtenidas por empresas filiales en las cuentas fiscales de los grupos consolidados. Con esta medida del Ejecutivo, se producirá un incremento de los pagos tributarios que ascenderá, aproximadamente, a 675.000 euros por empresa afectada.
Respuesta de CEOE: "miremos a Alemania"
Fuentes de la CEOE consultadas por Libre Mercado advierten que "los mecanismos de compensación de pérdidas en el Impuesto de Sociedades ayudan a normalizar la deuda y la solvencia de las empresas tras una crisis como la padecida, por lo que su limitación supone un freno en la recuperación y distorsiona más aún el tratamiento fiscal de la operativa empresarial".
La organización que preside Antonio Garamendi recuerda que, "un tercio de las empresas siguen en pérdidas y, entre las compañías que sí obtienen beneficios en el presente, muchas soportaron pérdidas en el pasado reciente. Obviar esta realidad implica disociar la capacidad económica real de las empresas en la liquidación de su Impuesto sobre Sociedades".
"En otros países como Alemania se ha flexibilizado recientemente la reglamentación fiscal que rige la compensación de pérdidas, autorizando por ejemplo la devolución de impuestos pagados en ejercicios anteriores para facilitar la recapitalización de las empresas que están en dificultades, mediante un sistema de compensación de pérdidas mucho más directo. Aquí lo que hacemos es limitar esos mecanismos de flexibilidad, con lo que ello va a suponer para el sector productivo", apuntan desde la patronal.