En España continúa en marcha el plan para cerrar las centrales nucleares entre 2027 y 2035 pese a la crisis energética y a pesar del cambio de rumbo en otros países. Desde el Gobierno se defiende que es una solución pactada con las empresas y se desliza que son ellas las que quieren cerrar; desde el sector, mientras, se quejan de una carga creciente de impuestos, "asfixiante", según afirman, que acumula tasas de tipo local, autonómico y estatal y que en determinados periodos no han llegado a cubrir los ingresos.
Entre esos impuestos y costes está la denominada Tasa Enresa: la que afrontan las centrales nucleares para pagar por el coste de procesar los residuos nucleares. Tras experimentar una fuerte subida, de casi el 20%, en 2020, el sector teme un nuevo incremento ante los datos de la última versión del Plan de Residuos Radiactivos, que recoge una actualización de los planes del Ejecutivo para gestionar los desechos de forma definitiva e incluye una memoria económica sobre el coste de enterrarlos y de desmantelar por completo el parque nuclear español, que ascenderá a más de 26.500 millones de euros.
El nuevo plan, aún pendiente de aprobación, sigue contemplando que los desechos que ya no quepan en las piscinas de las centrales así como el combustible gastado de las que empiecen a ser desmanteladas se depositen en un Almacén Temporal Centralizado, el almacén nuclear que se mandó levantar en Villar de Cañas y cuya construcción está parada, a pesar de que se llegó a señalar 2010 como fecha de su entrada en funcionamiento.
El plan señala ahora 2030 para la finalización de un proyecto que quedó sepultado tras la llegada de Sánchez al poder. Pero apunta una alternativa al ATC: la construcción de ATD, almacenes temporales "descentralizados", es decir, que cada central, incluidas las que estén en proceso de desmantelamiento, cuente con su propio almacén de residuos a la espera de que concluya el siguiente paso, la construcción de un almacén donde enterrar para siempre los residuos radiactivos y que debería estar listo en 2073.
Los expertos, y el propio plan del Gobierno, señalan como más eficiente y más económica la opción del ATC. Sin embargo, el ministerio de Teresa Ribera se inclinaría por la segunda opción. Aunque fuentes del sector destacan que sería igual de segura, levantar los ATD supondría, en la práctica, que aunque las centrales fueran desmanteladas permanecerían allí durante décadas las instalaciones para salvaguardar los residuos. Un ATC, mientras, permitiría la restauración completa de cada emplazamiento unificando en un único punto la recepción y gestión de los desechos.
"No estamos dispuestos a pagar más"
En cuanto al coste, el propio plan de residuos detalla hasta qué punto sería más cara la opción de los almacenes individuales. El séptimo plan compara cuál sería la inversión si se optara por uno u otro método y revela que renunciar al ATC supondría un incremento de 2.137 millones de euros. Unas cifras que inquietan al sector y que le hacen temer un nuevo "sablazo" en la factura de la gestión de residuos a la que se refirió hace unos días Ignacio Araluce, presidente de Foro Nuclear, el colectivo que agrupa a las empresas propietarias de las centrales.
En declaraciones ante varios periodistas, Araluce avisó de que "no estamos dispuestos a pagar más de lo que ya estaba pactado", en alusión a los sobrecostes contemplados en el borrador ni tampoco a pagar más por "retrasos no imputables a nosotros", en alusión a la indecisión en torno al problema de los residuos.
¿Qué son los ATD que prefiere Ribera?
En efecto, los retrasos en la decisión ya están conllevando que casi todas las centrales dispongan de sus propias instalaciones de almacenamiento (ATI), a excepción de Vandellós II, donde ya está proyectando construirlo, según fuentes de Enresa. Son puntos de almacenamiento en seco del combustible, en bidones que habitualmente se sitúan a la intemperie pensados para complementar la capacidad de almacenamiento de las piscinas o para permitir el desmantelamiento de las centrales.
El plan B de Ribera para evitar la construcción del almacén de Villar de Cañas pasa por convertir estos puntos de almacenamiento o ATI en ATD: estos almacenes "descentralizados" tendrían capacidad para la totalidad del combustible gastado de cada central y conllevarían la construcción de instalaciones complementarias u otras medidas que permitan realizar operaciones de mantenimiento y reparación de sus contenedores. Según Enresa, uno de los siete que se construirían en cada central, desmantelada o no, deberá contar de medios para inspeccionar el estado del combustible y los residuos y capacidad para atender las potenciales contingencias en los 60 años que, según se estima, seguirán en funcionamiento.
Por el momento, el destino final para los residuos continúa siendo un Almacén Geológico Profundo, que se pretende tener en funcionamiento en 2073 y que consiste en la construcción de un silo en un terreno geológicamente estable con el fin de enterrarlos para siempre. Países como Finlandia o Suiza ya están en plenos preparativos. En España, es el siguiente gran reto pendiente.