El Gobierno aprueba el "sexto paquete anticrisis", ha anunciado solemnemente este martes Pedro Sánchez en lo que es su nuevo escudo social, su nueva campaña electoral, milimétricamente calculada para las próximas elecciones cuando las necesidades económicas más aprietan al empobrecido contribuyente español.
Curiosamente, Sánchez no ha dejado de sacar pecho de su gestión económica y señala, día sí día también, que en España, la economía crece, tenemos una recuperación vigorosa, el empleo se desborda y se dispara el trabajo indefinido, enterrando como un mal recuerdo los contratos temporales. Además, nos dicen que la inflación baja y que las casas de análisis se ven obligados a rectificar sus cenizas previsiones para nuestra economía.
Ante los medios de comunicación en su balance de 2022 Sánchez ha llegado a decir que ningún país de la eurozona crece como España, ni crea tanto empleo, ni reduce tanto la inflación.
Sin embargo, el Gobierno, pese a este brillante desempeño económico en España, se ve obligado a aprobar, por sexta vez, un nuevo paquete de medidas anticrisis para tratar, dicen, de ayudar a los más desfavorecidos.
Ficción y realidad
De esta realidad económica que dibuja Sánchez nada queda detrás de los brillantes titulares: en España lo que crece es la precariedad, el desempleo, el estancamiento económico, la quiebra de empresas y el empobrecimiento generalizado de la población merced a una inflación implacable y un Ejecutivo encastillado en disparar el gasto público y freír a impuestos a sus ciudadanos.
El "sexto paquete anticrisis"
Desde primera hora, este martes se filtraba el resultado de la reunión entre Pedro Sánchez se y su vicepresidenta segunda Yolanda Díaz para aprobar el paquete de medidas anticrisis que ha visto la luz en el consejo de Ministros. Un paquete de medias que contempla principalmente, un límite de revisión de los contratos de alquiler de un 2%, una congelación de los precios en los contratos de alquiler que terminen antes del 30 de junio; una reducción del IVA de los alimentos, un cheque de ayuda de 200 euros para comprar comida a familias vulnerables (que ganen menos de 27.000 euros); la gratuidad de los abonos para trenes de cercanías y de media distancia; y el fin de la bonificación de 20 céntimos por litro de carburante a todos los consumidores, salvo a los sectores más afectados: transporte, agricultura, navieras y pescadores. También ha anunciado ayudas directas a sectores intensivos en el consumo de gas como la industria de la cerámica. A estos sectores se canalizarán 450 millones en ayudas y otros 500 millones en créditos ICO.
Cheque alimentos, y la sombra del peronismo
Al más puro estilo peronista, el gobierno de socialistas y comunistas han aprobado un "cheque" de 200 euros para comprar alimentos. Es una medida que se abonará en un solo pago a familias con ingresos inferiores a los 27.000 euros y que se calcula que llegará a 4,2 millones de hogares en España.
El modelo de este cheque es el Ejecutivo peronista de Argentina, espejo en el que se mira la mitad del Gobierno de Sánchez y Yolanda Díaz. La idea básica es que el Gobierno sufrague con los recursos públicos la factura de la cesta de la compra a las familias más vulnerables que, por efecto de la inflación, ven encarecida notablemente su visita al supermercado.
El precio de los alimentos, por mucho que el Gobierno celebre los datos de inflación queriendo hacernos ver que los precios están bajando, están disparados. Acumulan una subida generalizada en los dos últimos años del 20%, siendo el dato de noviembre de una subida de más del 15%.
Para paliarlo, el Gobierno copia el cheque "Alimentar" argentino, con el que el Gobierno de Fernández y Kirchner intentan que "todos accedan a la canasta básica alimentaria" y que permite, dice el Gobierno argentino, "permite comprar todo tipo de alimentos, a excepción de bebidas alcohólicas". ¿Y qué sucede en Argentina? Pues que la inflación está por encima del 85% y subiendo y los argentinos cada vez pueden comprar menos alimentos con estos cheques. Casi la mitad de la población está por debajo del umbral de la pobreza y cada vez se detraen más recursos de la escasa clase productiva para potenciar este tipo de pagas o ayudas.
En España estamos acostumbrados a los cheques electorales, como el cheque cultural, cuyo éxito ya conocemos, o, en su día, el cheque bebé, con la intención de incentivar la natalidad. Pero el cheque alimentario es un cheque de subsidio, no pretende incentivar ninguna actividad, sino paliar el problema de la inflación.
En cuanto a los impuestos de los alimentos, los afectados por el IVA reducido del 4% pasarán a un 0%. Y el aceite y la pasta pasarán del 10% de IVA al 5%.
También rebajarán el IVA a los agricultores y recibirán ayudas. Y todas estas medidas tendrán que traducirse en rebaja de los precios de los alimentos, ha señalado el presidente del Gobierno.
Límite a los precios de los alquileres
Aunque la doctrina económica y las experiencias prácticas del límite a los precios sea tozuda en sus consecuencias, escasez y subida vertiginosa de los precios, el presidente del Gobierno insiste en este tipo de soluciones. Así, ha anunciado que va a extender hasta el 31 de diciembre de 2023 el límite del 2% en la revisión de los contratos de alquiler y una prórroga de seis meses para los alquileres que acaben antes del 30 de junio, que no podrán actualizar la mensualidad a sus inquilinos. Adicionalmente, se extenderá por otros 6 meses la suspensión de los desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables.
¿Y cuáles son los efectos de las medidas aprobadas sobre el mercado del alquiler? La experiencia más cercana que tenemos es la de Berlín, ejemplo tan manido por parte de Podemos para defender esta intervención de precios. La oferta de vivienda en alquiler se restringió de manera abrupta y se dispararon los precios de manera generalizada.
Además, limita el recurso de millones de familias en España que podrían tener una vía de ingresos adicional precisamente por ser propietario de vivienda.
Los 20 céntimos por litro de gasolina
Es otra de las novedades del paquete aprobado hoy, la eliminación del bono de 20 céntimos para todos los usuarios. Una medida que afectaba especialmente a los empresarios de estaciones de servicios (las pequeñas) y que beneficiaba especialmente a aquellos usuarios que consumían más combustible y que, en muchos casos, no eran precisamente los usuarios más vulnerables. Ahora limitarán esta medida a los sectores más intensivos desde el punto de vista de su actividad profesional.
En este sentido, llama la atención el desequilibrio de recursos entre lo que el Gobierno ingresa por esta actividad y lo que cuesta la subvención. En lo que va de año, el Gobierno ha ingresado por impuestos especiales e IVA prácticamente el doble de lo que ha destinado a bonificar los 20 céntimos por litro.
Ayudas al transporte
Finalmente ha anunciado que mantendrá las ayudas al transporte de pasajeros que ya estaba en marcha con la gratuidad en los trenes de cercanía y media distancia y amplía a una medida de una rebaja del 30% en el transporte publico en las comunidades autónomas y ayuntamientos que decidan aportar otro 20% adicional hasta el 50% adicional.
Más impuestos y la excusa de Putin
Quizá uno de los aspectos más llamativos de la acción del Gobierno de Sánchez es su constante referencia a que estos paquetes de ayuda buscan paliar los efectos de la "guerra de Putin". La realidad es que la guerra poco tiene que ver con la escalada de precios que sufrimos, y con la alta inflación que registran los países de la eurozona y también EEUU. Una inflación más ligada a una década de tipos de interés bajos y frenesí de liquidez de euros y dólares en el mercado que de la declaración de guerra por parte de Putin a Ucrania. No en vano, los precios energéticos en Europa y concretamente en España ya comenzaron a subir en verano de 2021, muchos meses antes de que la guerra en Ucrania fuera siquiera una posibilidad.
Tampoco ha dicho nada el Gobierno de tomar una medida que paliaría los problemas de inflación que sufrimos y que consistiría al menos en deflactar la tarifa del IRPF, algo que permitiría que los españoles no pagáramos más impuestos por el mero hecho de sufrir una inflación disparada. Pero que el Gobierno no quiere ni plantearse.
¿Quién es el más beneficiado e esta situación? El Ejecutivo de Pedro Sánchez, que ha disparado un 17% su facturación vía impuestos, muy especialmente con el IRPF (ha ingresado un 15,8% más por este impuesto).
Pero el Gobierno prefiere dar pagas peronistas que bajar impuestos al tejido productivo.