Manga ancha a la okupación. El Gobierno de PSOE y Podemos ha pactado con ERC y Bildu una Ley de Vivienda que facilita todavía más el modus operandi de estos enemigos de la propiedad privada. El texto ha salido adelante este jueves, tras su votación en el Congreso de los Diputados, y contempla varios puntos muy controvertidos que están atemorizando a los propietarios de inmuebles.
El motivo es que la futura normativa incluye cambios de calado en los procedimientos de desahucio previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil que ponen más trabas a la expulsión de los okupas de viviendas. Ya sea por que el okupa no pague el alquiler (inquiokupas) o porque haya entrado por la fuerza en el inmueble (método de la patada), gracias a esta ley van a tener más fácil quedarse en el domicilio.
La cantidad de barreras y obligaciones con las que se va a encontrar el propietario que pretenda recuperar su vivienda dependerá de si el ciudadano afectado por estos delincuentes es considerado por el Gobierno "pequeño propietario" o "gran tenedor".
"Una protección voraz al okupa"
En el caso de los "pequeños" caseros, al vía crucis judicial que supone desahuciar a un okupa, el Ejecutivo de Sánchez le va a sumar dos obligaciones nuevas: que el propio dueño certifique que no es un "gran tenedor" y demostrar que la casa en la que se ha instalado el okupa es la primera vivienda de este. Así reza el texto.
No se admitirán las demandas, que pretendan la recuperación de la posesión de una finca, en que no se especifique: a) Si el inmueble objeto de las mismas constituye vivienda habitual de la persona ocupante. b) Si concurre en la parte demandante la condición de gran tenedora de vivienda. En el caso de indicarse que no se tiene la condición de gran tenedor, a efectos de corroborar tal extremo, se deberá adjuntar a la demanda certificación del Registro de la Propiedad en el que consten la relación de propiedades a nombre de la parte actora.
La abogada del departamento de Inmuebles de Legálitas, Macarena Redondo, no da crédito ante estas imposiciones. "Supone una protección voraz al okupa que va a dilatar mucho más los procesos de desahucios que ya son de por sí suficientemente largos y costosos para el propietario" señala a Libre Mercado.
La experta duda sobre cómo podrá un particular demostrar que el okupa que se ha instalado en su vivienda usa la misma como residencia habitual. "Si te ha firmado un contrato estándar como vivienda habitual, lo puedes tener sobre el papel, pero si no conoces al okupa será muy difícil cumplir el requisito" apunta. Otras incógnitas aparecen a la hora de que el propietario tenga que certificar que no es "gran tenedor". "Además de hacer perder el tiempo a la víctima acudiendo al registro de la propiedad y pagando la acreditación de sus títulos inmobiliarios, surgen dudas sobre qué pasa si las viviendas a su nombre son compartidas o, por ejemplo, están en usufructo ¿Cuentan como una unidad para el registro de "gran tenedor o no"? se pregunta.
Más barreras para el "gran tenedor"
En este sentido, otro de los grandes cambios de esta polémica normativa es que el Ejecutivo ha decidido rebajar la definición de "gran tenedor" de 10 a 5 viviendas en las llamadas "zonas tensionadas" que tendrán que declarar las CCAA. Como venimos publicado en Libre Mercado, los términos "gran tenedor" o "zona tensionada" están cargados de una gran ambigüedad porque no tienen ni una definición oficial, ni un marco legal que los respalde. Para muestra un botón: con la nueva norma ya se considera "gran propietario" al que tenga 5 viviendas en lugar de 10 en unas determinadas zonas, como quería Podemos. ¿Qué les impedirá a los políticos posteriormente cambiar el término a 4 o 3 viviendas cuando lo consideren oportuno? Nada. Lo mismo ocurre con el confuso concepto de "zona tensionada".
En el caso de que el propietario sea señalado como "gran tenedor" por el Gobierno, las dificultades para echar a su okupa o inquiokupa aumentan todavía más porque este propietario tendrá que demostrar si el okupa es "vulnerable".
Para acreditar la concurrencia o no de vulnerabilidad económica se deberá aportar documento acreditativo, de vigencia no superior a 3 meses, emitido, previo consentimiento de la persona ocupante de la vivienda, por los servicios de las Administraciones autonómicas y locales competentes en materia de vivienda, asistencia social, evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social que hayan sido específicamente designados conforme la legislación y normativa autonómica en materia de vivienda.
La abogada señala que "casi ningún okupa va a dar el consentimiento a que el dueño se haga con su informe de vulnerabilidad, por lo que se alargará todavía más el proceso a costa del propietario. Además, en muchos casos, los okupas van cambiando de inmueble, por lo que será muy difícil localizarlos. Este punto también contribuirá a saturar más los servicios sociales de los ayuntamientos, que ya tardan más de 20 días en emitir uno de estos informes". Redondo asegura que la preocupación de sus clientes por este asunto va en aumento y que esto podría repercutir en la disminución de la oferta de pisos en alquiler. "En estos días he recibido muchas llamadas de propietarios que me preguntan qué hacer con su vivienda, cómo se pueden rescindir los contratos de alquiler y cómo poner las viviendas a la venta" cuenta.
Más ‘premios’ a los okupas
Otra novedad de la Ley de Vivienda que va a contribuir a favorecer estos delitos contra la propiedad privada consistirá en prohibir los desahucios sin fecha previa, lo que impedirá en muchos casos la expulsión de los okupas del inmueble el día programado gracias a que los movimientos antisistema podrán prepararse y personarse en el domicilio afectado para impedir actuar a las fuerzas del orden.
En todos los casos de desahucio y en todos los decretos o resoluciones judiciales que tengan como objeto el señalamiento del lanzamiento, independientemente de que éste se haya intentado llevar a cabo con anterioridad, se deberá incluir el día y la hora exacta en los que tendrá lugar el mismo
Al calor de esta normativa, Pedro Sánchez también se ha sacado de la manga recientemente 50.000 viviendas que pretende arrebatar al banco malo para destinarlas a alquiler social. Sin embargo, la propia Sareb le ha desmontado el anuncio al líder del PSOE porque sólo posee 9.000 viviendas "ya terminadas". Una de las razones de esta disparidad de datos es que buena parte del resto de las viviendas anunciadas se encuentran afectadas por la okupación.
Según los datos del banco malo, hay 14.000 viviendas dentro de la cartera de "alquiler asequible" que anunció Sánchez que están habitadas por okupas y, lejos de sancionarles, a buena parte de ellos les van a beneficiar con un alquiler social. En concreto, dentro de esos 14.000 inmuebles "hay 9.000 casos con indicios de vulnerabilidad en estudio para firmar un alquiler social", asegura la Sareb. "De ellos, ya se han aprobado 2.000 alquileres sociales". Es decir, ya han sido premiados 2.000 okupaciones y están estudiando legalizar a los okupas de otras 7.000 casas, por lo que el número de okupas premiados podría rebasar con creces esa cifra, ya que es habitual que en cada vivienda habite más de una persona. Se supone que las 5.000 viviendas que quedan para alcanzar las 14.000 okupaciones serán desalojadas.