Una de las últimas ideas de Yolanda Díaz ha sido hasta escenificada: redefinir una nueva negociación colectiva de la mano de los comunistas argentinos -comandados por la condenada por corrupción, Cristina Fernández de Kirchner- y colombianos -liderados por Gustavo Petro-. Pero lo más llamativo es lo que pretende incluir esa redefinición de la legislación en materia de negociación colectiva. Porque pretende incluir los costes energéticos en esa negociación de las empresas con los sindicatos. O, dicho de otra manera, no sólo incrementará los costes de las empresas, con lo que quedará menos margen para subidas de sueldos, sino que, además, quiere que sean los propios sindicatos los que usen esa partida para presionar a las empresas.
La vicepresidenta segunda ha celebrado ya un primer encuentro con las ministras de Trabajo de Argentina, Colombia y Honduras. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social y candidata al 23-J por Sumar, Yolanda Díaz, no ha dudado en anunciar su alianza por medio de un encuentro de ministras iberoamericanas de Trabajo en el que "se han abordado los avances logrados y los desafíos que se precisan afrontar en un contexto de grandes transformaciones en el mundo sociolaboral", tal y como el propio Gobierno de España definió el encuentro.
Las ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Argentina, Raquel Cecilia Kismer, junto con sus homólogas de Colombia, Gloria Inés Ramírez Ríos, y de Honduras, Sarahí Cerna, acompañaron a Yolanda Díaz en la cita y remarcaron la necesidad de impulsar en la legislación laboral "la igualdad de género, la defensa de los derechos laborales desde un enfoque inclusivo apostando de forma decidida por la no discriminación, así como la defensa del trabajo decente", según sus propias palabras.
Y todo ello lo quieren meter en una nueva legislación nacional pero impulsada a nivel internacional por países con marcado sesgo comunista. Para ellas, esos deben ser los "pilares indispensables para adaptar los mercados laborales a los retos que van a definir su futuro y que suponen grandes transiciones como la ecológica y la digital".
Díaz subrayó, de hecho, que los cuatro países representados tienen en común "que han tomado medidas para avanzar hacia una Iberoamérica más integrada, más social, más verde, más feminista y más democrática en el trabajo". "Los retos del mundo actual hacen necesaria una nueva internacional laborista, con los países de Iberoamérica al frente, que ponga el acento en las políticas de igualdad y diversidad o en una digitalización con derechos", añadió la vicepresidenta, en referencia a países con fuertes crisis económicas, una brutal perdida de poder adquisitivo y fuertes dosis de comunismo.
Pero Díaz tiene claro lo que busca: lo que ella denomina como una "Carta global de Derechos Laborales, que articule y blinde la protección de los trabajadores".
¿Y qué pretende regular ahí? Por ejemplo, subidas programadas del salario mínimo interprofesional, un incremento de la protección asistencial que no se vea condicionada por la capacidad de pago de cada país, la ampliación del catálogo de derechos laborales, y, muy importante, un nuevo arma para los sindicatos: el de ser poco menos que inspectores ecologistas de la empresa, de forma que puedan esgrimir una exigencia de costes verdes a las empresas en las negociaciones laborales.
Yolanda Díaz quiere, así, incluir lo que denomina como "la perspectiva ambiental a las negociaciones con los agentes sociales, fomentando la negociación colectiva verde, a fin de hacer frente a la emergencia climática sin menoscabo de derechos para las personas trabajadoras".
Traducido: que si el empresario no acepta las condiciones de los sindicatos se puede encontrar con innumerables costes medioambientales. Todo un arma negociadora. O de chantaje.