Mientras se despeja la situación política española, el frente económico sigue marcado por la situación de inseguridad jurídica que enfrentan los afectados por la retirada retroactiva de las primas renovables y el impago de las indemnizaciones que condenan a nuestro país por semejante atropello.
A estos litigios hay que sumarle otros procedimientos que también se están dirimiendo en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), tribunal del Banco Mundial que se ocupa de estas cuestiones. España está obligada a cumplir los dictámenes de dicho organismo, pero el gobierno de Pedro Sánchez se ha negado a asumir las sentencias que condenan a nuestro país, convirtiéndonos en la economía con mayor número de laudos internacionales impagados, por delante de Venezuela y Rusia.
La lista de laudos que siguen su curso en el CIADI abarca los siguientes casos, todos referidos a empresas e inversores de distintos mercados europeos:
- Cavalum SGPS. La firma portuguesa registró su denuncia en agosto de 2015 y el tribunal emitió su laudo en septiembre de 2022, imponiendo a España el pago de una compensación de 47 millones de euros. España intentó anular el proceso con una primera reclamación que se vino abajo el 14 de julio de 2023. Está en marcha, eso sí, una nueva petición de anulación.
- Eiser. Una sentencia preliminar obligó a España a abonar 128 millones de euros de indemnización a la compañía luxemburguesa, pero la decisión emitida en 2017 fue anulada en 2020. En 2021 se reinicio el proceso, quedando constituido un nuevo tribunal en mayo del pasado año 2022.
- Infracapital. El laudo del arbitraje fue publicado en mayo de 2023 y condena a España al pago de 25 millones de euros a la empresa neerlandesa. Desde junio de 2023, la Abogacía del Estado intenta declarar la nulidad del proceso.
- Renergy. La denuncia original de la empresa luxemburguesa se presentó en 2014 y el proceso llegó teóricamente a su fin en mayo de 2022. Sin embargo, España está intentando frenar el laudo invocando la anulación de la sentencia, una maniobra que empezó a desarrollarse en septiembre de 2022 y que sigue su curso. La indemnización reconocida a la compañía asciende a 33 millones de euros.
- Watkins. La mercantil holandesa conoció en enero de 2020 un primer laudo que imponía a nuestro país el pago de una compensación de 124 millones de euros. En marzo de ese mismo año, España inició un proceso de rectificación que no prosperó, como tampoco lo hizo un intento de anulación que echó a andar en julio de 2020 y decayó en febrero de 2023. En mayo de 2023 se presentó un pedido de revisión que seguirá dilatando los plazos del litigio.
Estos cinco casos, para los que se llegó a emitir una primera decisión que ahora está siendo revisada o replanteada, añadirían casi 360 millones a las obligaciones de pago que tiene pendiente España. Esta cifra no incluye los intereses de demora, las condenas en costas y los gastos en abogados. Sin embargo, las compañías afectadas estiman que esta cifra se sitúa en el entorno de los 70 millones. Por lo tanto, esta relación de litigios vinculados a inversores europeos que aún no han visto cómo sus procesos llegan a su fin puede terminar generando unas obligaciones adicionales de no menos de 430 millones de euros.
Estos 430 millones deben sumarse a los 1.200 millones de indemnizaciones vinculadas a aquellos casos para los que ya hay una sentencia firme. Tales procedimientos llevan aparejados 250 millones "extra", en concepto de gastos judiciales, condenas en costas e intereses de demora. Y, no lo olvidemos, los casos específicamente ligados a bancos, empresas e inversores alemanes de los que se hizo eco recientemente Libre Mercado pueden elevar la factura final en 1.100 millones, cifra a la que habría que sumar unos 220 millones por sobrecostes legales y financieros. Hablaríamos, en total, de una compensación global de no menos de 3.200 millones.
Otros casos que vuelan bajo el radar
Además de los procedimientos enumerados anteriormente, hay otros cinco litigios en marcha que también están vinculados con otras empresas e inversores europeos y de los cuales se desconoce el monto reclamado por los afectados. Se trata de los siguientes casos:
- Canepa Green Energy. El proceso de la entidad luxemburguesa se inició en febrero de 2019 y lo dirimirá un tribunal que preside el jurista estadounidense Sean Murphy.
- EBL. La firma helvética llevó su caso al tribunal del Banco Mundial en noviembre de 2018.
- European Solar Farms. La sociedad danesa movió ficha con una denuncia que llegó al CIADI en diciembre de 2018 y de momento sigue siendo estudiado por un tribunal que preside el maltés David Unterhalter.
- SAPEC. La compañía belga denunció a nuestro país en agosto de 2019.
- Spanish Solar 1 & 2. El vehículo inversor irlandés presentó su denuncia en agosto de 2021. El proceso está siendo administrado por el jurista británico David J. A. Cairns.
Estos litigios son más recientes y han volado bajo el radar de la prensa, pero su admisión a trámite y los avances en el proceso de arbitaje invitan a pensar que, a medio plazo, conoceremos novedades importantes de estos cinco casos.
Los impagos inducen embargos
Es un error creer, eso sí, que la estrategia del gobierno de España de impagar estas condenas internacionales quedará simplemente así. Las empresas afectadas ya están moviendo ficha para embargar bienes de nuestro país en el extranjero y ya han logrado que la justicia británica intervenga distintos activos de forma cautelar, caso del derecho de cobro de la indemnización por la catástrofe del Prestige (más de 900 millones) o de la sede del Instituto Cervantes en Londres. En Australia se esperan decisiones similares en la segunda parte del año.