En abril de 2023, el Gobierno presentó una convocatoria de subvenciones dirigida a aquellas pequeñas y medianas empresas del sector industrial que recortasen un mínimo del 10% de su jornada laboral a lo largo de dos años y mantuvieran el salario. Así pretendían impulsar una de las medidas que en los últimos meses ha cobrado un mayor protagonismo entre la izquierda política: la jornada de 4 días.
Pero a las empresas no les convence este tipo de fórmulas. En concreto, el 73,51% de las empresas españolas no ve viable implantar una jornada laboral de cuatro días a la semana, tal y como han propuesto algunos candidatos de la izquierda. Así se desprende una encuesta publicada esta semana por Adecco e Infoempleo. Del mismo modo, tampoco lo cree posible el 61,46% de los autónomos.
Según cuatro de cada diez empresas, el motivo sería "la falta de margen de beneficio para mantener los salarios". El resto lo atribuye a "la falta de margen de productividad para amortizar una jornada a la semana" y a "la imposibilidad de cubrir la jornada del quinto día de la semana con otros trabajadores a tiempo parcial".
Sin embargo, un 43,71% de las compañías considera que ofrecer horarios flexibles puede ser una de las medidas más eficaces para salir de la crisis y mejorar su competitividad.
El populismo choca con la realidad
Frente a las empresas, el 66,59% de los trabajadores y el 50,69% de los desempleados encuestados opinan que sí sería posible trabajar cuatro días a la semana y mantener el nivel el mismo nivel de salarios. Asimismo, aquellos que no lo ven posible piensan que se debe a que las empresas no están dispuestas a asumir esa jornada.
La jornada de 4 días es una propuesta que se ha hecho desde la izquierda política. Primero fue Íñigo Errejón y en la pasada campaña electoral Yolanda Díaz volvió a presentar estas medidas. En concreto, entre sus propuestas se encuentra la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales en 2026 y hasta las 32 horas en 2032. También propone adelantar la hora a la que se termina de trabajar, reducir las interrupciones en la jornada partida o impedir que los empleados en horarios nocturnos trabajen más de cinco días seguidos.
En realidad, esta medida carece de eficiencia, porque la productividad (que es lo que remunera el salario, no simplemente las horas trabajadas) caería. Uno de los principales problemas de implantar de forma obligatoria una reducción de la jornada laboral es que no se tendría en cuenta la situación particular de cada empresa, por lo que no se podría garantizar el mantenimiento de los salarios de forma generalizada. De hecho, es por ello que el Gobierno ha necesitado poner en marcha esa convocatoria de subvenciones para las empresas que reduzcan al menos un 10% su jornada laboral.
Como hemos publicado en Libre Mercado, estas medidas en realidad son simple populismo, totalmente alejado de la realidad. Lo que debemos hacer es crear un entorno atractivo para la inversión, dado que la productividad depende en buena medida de la dotación de capital (humano y de maquinaria).
Estas propuestas forman parte, además, de una nueva corriente dentro de la izquierda política y económica que mezcla diversos aspectos del anticapitalismo, el ecologismo y el socialismo: el decrecentismo. Tal y como explicamos en Libre Mercado, es esta una corriente que ya se está extendiendo por Europa y que tiene por objetivo empobrecer a los ciudadanos. De hecho, la presidenta de la Comisión Europea ya presentó un acto inaugural que reunió una serie de ponencias sobre esta nueva idea.