La Comisión Europea no va a seguir de brazos cruzados mientras España acumula más de veinte condenas internacionales por la retirada retroactiva de las primas renovables. Estos laudos siguen pendientes de pago porque la Abogacía del Estado insiste en que nuestro país podría violar el reglamento comunitario si desembolsase las compensaciones previstas.
Para ser precisos, los servicios jurídicos del gobierno de Pedro Sánchez consideran que el pago de las indemnizaciones dictadas en los arbitrajes del Banco Mundial y la Corte de la Haya podría ser interpretado como la concesión de una "ayuda de Estado" ilegal por parte de Bruselas. Sin embargo, los abogados que representan a las empresas afectadas consideran que esta argumentación carece de fundamento y opinan que España "solamente está ganando tiempo".
Ante esta circunstancia, la Comisión Europea ha abierto "una investigación a fondo" que revisará la situación del caso. Bruselas pretende "determinar si es cierto o no que el pago de esta indemnización puede constituir una forma de "ayuda de Estado". Con esta investigación, todas las partes afectadas tendrán la oportunidad de exponer su situación y ofrecer sus comentarios".
Tres puntos clave
En particular, desde el Ejecutivo comunitario explican que su investigación deberá esclarecer los tres siguientes aspectos:
1. "Hasta qué punto los laudos respetan los principios de confianza mutua y autonomía del derecho de la Unión Europea", es decir, si un laudo de estas características tiene primacía sobre el sistema legal comunitario;
2. "Si el laudo arbitral puede generar discriminación entre los inversores en función de su nacionalidad y de su capacidad de recurrir al arbitraje internacional", es decir, en qué medida la situación que afecta a 65.000 familias que sufrieron la retirada de las primas puede constituir un trato asimétrico en relación con las compañías que han litigado ante las instancias internacionales;
3. "La conformidad del laudo con las directrices de la Comisión sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente y protección del medio ambiente y energía", es decir, la compatibilidad de la decisión con las reglas básicas que marca Bruselas en el campo de la política energética.
Las empresas afectadas por los impagos del gobierno de España advierten a Libre Mercado que, en cualquier caso, los tribunales de países como Reino Unido o Australia ya han reconocido los laudos e instado a España a pagar sus obligaciones, abriendo la puerta al embargo de bienes y activos de nuestro país como forma de compensar a los afectados.