Retirar de forma retroactiva las primas ofrecidas a las energías renovables fue un grave atropello jurídico que va a salir muy caro a las arcas públicas y, por ende, a los contribuyentes del Reino de España. De momento, nuestro país ya ha sufrido 23 condenas internacionales que elevan la factura de las indemnizaciones pendientes de pago por encima de los 1.200 millones de euros. A esta cifra hay que sumarle 250 millones de gasto adicional asociado a los gastos en abogados, las condenas en costas y los intereses de demora. En total, 1.450 millones de euros.
Pero estas cifras pueden seguir creciendo en los próximos meses. Y es que, más allá del resultado de las Elecciones Generales y del nuevo escenario político que se abre tras el 23-J, nuestro país sigue lidiando con decenas de denuncias ligadas al fiasco de las renovables. La mayoría de estos procesos están activos en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones o CIADI, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial.
Los litigios se canalizan a partir del Tratado de la Carta de la Energía y son vinculantes por el hecho de que nuestro país suscribió dicho acuerdo en los años 90, al igual que hizo con el convenio que regula nuestra pertenencia al sistema del CIADI. Además, España se ha personado en todos estos procesos, dotando de legitimidad al proceso. Sin embargo, la decisión del gobierno de Pedro Sánchez de impagar las indemnizaciones a las que ha sido condenado nuestro país ha situado a nuestra economía en una situación muy delicada, hasta el punto de que hemos superado a Venezuela y Rusia. De hecho, España ya es el país con mayor número de impagos de sentencias internacionales.
Muchas de las empresas afectadas son alemanas. Se trata de compañías especializadas en el sector de la energía renovable, así como de vehículos de inversión que financiaron este tipo de proyectos e instalaciones en nuestro país. De todos estos procesos, hay tres que están más avanzados, pero siguen sujetos a todo tipo de maniobras de dilación ejecutadas en los últimos años por la Administración Sánchez. Se trata de los casos que afectan a RWE, STEAG y Sun-Flower:
- RWE. El laudo final se conoció en diciembre de 2020. La compensación decretada en la sentencia original asciende a 28 millones de euros. No obstante, España puso en marcha un proceso que intenta anular la condena y que, de momento, sigue su curso en el tribunal del Banco Mundial.
- STEAG. La compañía germana inició el proceso en enero de 2015. La decisión final, que data de 2021, reconoce el derecho a una compensación de 28 millones de euros. Desde diciembre de 2021, España está litigando para intentar anular el proceso.
- Sun-Flower. La compañía alemana movió ficha en septiembre de 2016 y conoció en junio de 2021 un laudo que condena a España a pagar 47 millones de euros, 7 más de los que se había divulgado en un primer momento. El tribunal del Banco Mundial estudia ahora el recurso de anulación, presentado por nuestro país en octubre de 2021.
En total, España se juega 103 millones de euros en estos tres procedimientos. Sin embargo, la cantidad final puede ascender una vez se consideren las condenas en costas y los intereses de demora. Esa factura creciente evoluciona del siguiente modo:
- RWE: 2,9 millones por las condenas en costas, 4,1 millones por los intereses de demora acumulados hasta el pasado mes de mayo de 2023.
- STEAG: 1,4 millones por las condenas en costas, 3,8 millones por los intereses de demora acumulados hasta el pasado mes de mayo de 2023.
- Sun-Flower: 1,5 millones por las condenas en costas, 9,2 millones por los intereses de demora acumulados hasta el pasado mes de mayo de 2023.
No es fácil estimar el gasto en abogados que ha asumido España en estos tres casos pero si tales desembolsos son similares a los de las compañías afectadas, hablaríamos de otros 5,8 millones, de modo que la factura adicional generada por tales desembolsos, las condenas en costas y los intereses de demora sería de aproximadamente 28,7 millones, dejando el coste agregado de estos tres procesos cerca de los 132 millones.
Otras denuncias en marcha
Pero los litigios iniciados por empresas germanas contra España no acaban ahí. De hecho, hay cuatro procesos en marcha que pueden suponer hasta 956 millones de euros solamente en concepto de indemnizaciones, siempre y cuando los tribunales den la razón a los denunciantes y asuman la totalidad de sus reclamaciones. Son los siguientes casos:
- Lundesbank. La financiera germana ha sufrido un retraso del proceso a raíz de la reconfiguración del tribunal de arbitraje que tuvo lugar en marzo de 2021. En total, la reclamación roza los 483 millones de euros.
- E.ON. El gigante alemán denunció a nuestro país en agosto de 2015. El tribunal fue reconstituido en noviembre de 2018 tras el fallecimiento de uno de los juristas involucrados en el proceso. La cantidad reclamada asciende a 325 millones.
- KS & TLS Invest. El proceso que afecta a la empresa alemana arrancó en junio de 2015, pero el tribunal fue reconstituido en 2018, con la consecuente demora en los plazos de resolución del litigio. Los afectados reclaman hasta 80 millones de euros.
- Kruck. Un grupo de inversores teutones liderado por la familia Kruck puso en marcha una denuncia internacional en 2015. Su defensa jurídica la coordinan el despacho madrileño Gómez Acebo & Pombo y el en 2018, demorando así el desenlace del proceso. Los denunciantes piden una compensación de casi 68 millones de euros.
Además, hay cuatro denuncias más de las que no ha trascendido la cantidad reclamada por los afectados, pero que también están siendo administradas por el CIADI:
- VM Solar GmbH. El grupo alemán llevó su caso al Banco Mundial en octubre de 2019. El laudo será dictado por un tribunal que preside el británico Michael Collins.
- Portigon. La denuncia del banco teutón se presentó en mayo de 2017. La resolución del arbitraje se puede producir en los próximos meses, puesto que el tribunal ya ha pedido a ambas partes una estimación de los costes legales que ha generado el proceso.
- DCM. La empresa alemana presentó su denuncia en octubre de 2017. El tribunal sigue estudiando la documentación presentada por ambas partes.
- WOC Photovoltaik. El vehículo con sede en Alemania agrupa a más de 36 empresas que invirtieron en el sector renovable. Su denuncia se presentó en abril de 2022 y el tribunal que dirimirá el proceso está presidido por la británica Juliet Blanch.
En total, todos los procesos conocidos suponen una cifra general de 1.088 millones. Y, como es lógico, los litigios que afectan a las compañías alemanas son solamente una parte de la ecuación, puesto que hay otras 20 condenas pendientes de pago y otras trece denuncias de inversores de otros países que están siendo estudiadas por el CIADI.