La alemana SunFlower es una de las decenas de empresas que han denunciado a nuestro país por la retirada retroactiva de las primas ofrecidas a las inversiones en energía renovable. La compañía invocó el Tratado de la Carta de la Energía para presentar su caso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), el tribunal del Banco Mundial competente en este tipo de litigios.
El panel encargado de dirimir la disputa estuvo presidido por Sir Christopher Greenwood, un destacado jurista británico que sirvió como juez de la Corte Internacional de Justicia entre los años 2009 y 2018 y ha sido asesor legal de instituciones como la Corte Europea de Derechos Humanos o la Casa Real británica, así como profesor de la London School of Economics.
Los abogados de SunFlower confiaron su participación en el arbitraje a un equipo liderado por Thomas Johnson, que trabajó durante años como letrado del Departamento de Estado de Estados Unidos. Por su parte, España confió esta tarea a Marcelo Kohem, un académico de la Universidad de Ginebra especializado en este tipo de procesos.
El proceso se prolongó durante años y llegó a su fin en 2021. La compañía había reclamado el pago de una indemnización valorada en 68 millones de euros, si bien la decisión última del arbitraje redujo esta cifra hasta los 47,3 millones de euros. El caso había quedado visto para sentencia y los afectados creyeron que, al fin, podían respirar tranquilos.
Del impago al posible embargo en Israel
Sin embargo, el gobierno de España decidió ignorar la decisión del tribunal, incumpliendo de esta forma sus obligaciones internacionales, puesto que nuestro país está vinculado a cumplir el laudo en virtud del Tratado de la Carta de la Energía y del Convenio del CIADI. Esta inaudita maniobra ha situado a España a la altura de Venezuela y Rusia y ha hecho que se acumulen más de 20 sentencias internacionales pendientes de pago y valoradas en 1.200 millones de euros.
Puesto que el caso SunFlower ha caído en el mismo limbo que otros procesos similares, los abogados de la empresa alemana han movido ficha y han iniciado un proceso orientado a obtener el embargo de bienes de España en el extranjero como forma de compensar los impagos del gobierno de Pedro Sánchez.
El Ejecutivo ha reaccionado contratando los servicios del bufete Pearl Cohen, que se encargará de asesorar a la Abogacía del Estado en el marco del proceso que ya se ha abierto ante el Tribunal de Distrito de Jerusalén que estudia la petición de SunFlower. La esperanza de los denunciantes es que los magistrados israelíes sigan la misma línea que los jueces británicos y australianos que ya han puesto en marcha distintas incautaciones de activos pertenecientes a nuestro país.