Nikos Lavranos es un reputado jurista especializado en la resolución de procedimientos de arbitraje. Es precisamente en este ámbito del derecho internacional en el que España ha sido condenada a pagar una indemnización de casi 1.200 millones como compensación para las empresas que sufrieron la retirada retroactiva de las primas ofrecidas a la inversión en energías renovables.
Consultado por Libre Mercado sobre los embargos que se están produciendo a raíz de la decisión del gobierno de incumplir estas obligaciones de pago, Lavranos se muestra tajante: "este tipo de estrategias de incautación de bienes del Reino de España se van a seguir desarrollando hasta que España cumpla y pague las resoluciones u ofrezca alguna otra forma de compensación o resolución que sea aceptada por los acreedores".
En total, las obligaciones de pago ascendían a 1.161 millones de euros, pero la estrategia de impagar estos laudos ha motivado un gasto adicional de 250 millones derivado de la contratación de bufetes internacionales, el pago de condenas en costas o el desembolso asociado a la acumulación de intereses de demora. Además, hay más de veinte procedimientos que siguen abiertos y que pueden aumentar las obligaciones del Reino de España. De todos ellos, destaca el arbitraje reclamado por la alemana E.ON, que pide 600 millones como compensación.
Lavranos considera que el gobierno de Pedro Sánchez "se ha metido en un callejón sin salida. Los tratados de los que España es país firmante exigen que se acoja al resultado de estos arbitrajes, en los que ha participado en todo momento. Los laudos son vinculantes y, puesto que más de una veintena de ellos ya son definitivos, el proceso debe resolverse con el pago pertinente. Y, si España se niega a cumplir las resoluciones, los embargos se van a seguir acumulando".
Próximamente se espera la incautación de nuevos activos del Reino en distintos países de la OCDE, pero de momento ya ha trascendido el embargo de las cuentas de banco y de la sede del Instituto Cervantes en Londres, así como la congelación de la indemnización por la catástrofe del Prestige. Lavranos se muestra claro y lanza una advertencia: "más allá de los activos sujetos a especial protección o inmunidad, todos los demás bienes del Reino de España pueden ser embargados".
El destacado jurista subraya que España se ha convertido "en el segundo país con un mayor número de arbitrajes incumplidos, superando incluso las cifras de Rusia y situándose solamente por detrás de Venezuela. Esto afecta de forma directa a la seguridad jurídica y a la capacidad del país de atraer inversión extranjera".