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Nuevo mazazo fiscal: Sánchez planea perpetuar el Impuesto Temporal a las Grandes Fortunas

El nuevo impuesto se introdujo sin más explicación que el deseo de aumentar la recaudación y de forzar a los "ricos" a aportar más.

El nuevo impuesto se introdujo sin más explicación que el deseo de aumentar la recaudación y de forzar a los "ricos" a aportar más.
El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a su llegada al Congreso de los Diputados, antes del inicio de la primera sesión del debate de investidura | EFE

De impuesto temporal a la riqueza a gravamen permanente. Ese es el plan que pasa por la cabeza de Pedro Sánchez para, uno, intentar recaudar aún más -ha incrementado el cobro de impuestos en 85.000 millones en dos años- y, dos, contentar a todos sus socios de ultraizquierda. El impuesto se anunció como un gravamen de "solidaridad" para los años 2022 y 2023 pero ahora el PSOE cree que esa "solidaridad" debe ser perpetua.

Nació como un gravamen exclusivamente para los ejercicios 2022 y 2023. Se dijo que era por la crisis energética. Se diseñó como un tributo directo, personal y complementario del Impuesto sobre el Patrimonio, que, de hecho, ya grava la riqueza, pero les dio lo mismo la teóricamente prohibida duplicidad fiscal sobre el mismo hecho imponible. Y, para colmo y como había que dar guiños a los socios de extrema izquierda y golpes fiscales al talento, se pensó que bienvenido sería un segundo impuesto al patrimonio neto de las personas físicas por encima de los 3 millones de euros.

Así nació lo que se vendió como impuesto temporal a las grandes fortunas y que puede perder el término "temporal" si los planes de Sánchez siguen adelante.

El 28 de diciembre de 2022 se publicó en el BOE la Ley 38/2022, de 27 de diciembre, que albergó la creación de este denominado oficialmente Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas (IGF).

Como tenía un carácter temporal, el impuesto, en principio, debía ser aplicable únicamente a los ejercicios 2022 y 2023. Eso sí, el legislador socialista y comunista ya dejó entrever por aquellas fechar que se dejaba la puerta abierta a la posibilidad de que, al término del período de vigencia, se evaluasen los resultados y, a la vista de ello, se ampliase el periodo de operatividad del impuesto. Y, por lo visto, así parecer ser.

El nuevo impuesto se introdujo sin más explicación que el deseo de aumentar la recaudación y de forzar a los "ricos" a aportar más. El impuesto, de ese modo, grava el patrimonio neto de las personas físicas por encima de tres millones de euros. Se aplica en todo el territorio nacional (sin perjuicio de los regímenes forales vasco y navarro y de lo dispuesto en los tratados y convenios internacionales que formen parte del ordenamiento interno) y no puede ser objeto de cesión a las comunidades autónomas.

La norma copia las reglas del Impuesto de Patrimonio a la hora de determinar los sujetos pasivos, los supuestos de exención o la determinación de la base imponible.

Hacienda ha dado ya los datos. Y está encantada: el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas recauda 623 millones de euros. Y no quiere prescindir de ellos. "El Impuesto temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas ha recaudado 623 millones de euros en 2023. En concreto, 12.010 grandes patrimonios, que apenas representan el 0,1% de los contribuyentes en España, han abonado por este Impuesto, complementario del Impuesto sobre el Patrimonio, una cuota media de 52.000 euros", señalan los datos oficiales del Gobierno.

"Por lo tanto, esta figura tributaria cumple el objetivo marcado por el Gobierno de avanzar en una política fiscal más progresiva en el que se pide un mayor esfuerzo a quienes más tienen en un contexto de alza de precios por la guerra de Ucrania", afirma la documentación oficial recién elaborada.

La recaudación total por el Impuesto de Solidaridad de Grandes Fortunas y por el Impuesto sobre el Patrimonio asciende en 2023 a más de 1.868 millones de euros.

Estas cifras superan incluso las previsiones del Gobierno que apuntaron que el potencial recaudatorio del impuesto de grandes fortunas alcanzaba los 1.500 millones, bajo el supuesto de que todas las Comunidades Autónomas aplicaran una bonificación del 100% en el Impuesto sobre el Patrimonio.

Y una nota en la documentación oficial avanza ya el creciente ansia fiscal con respecto a este tributo: "Este impuesto forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno para implantar una fiscalidad del siglo XXI que permita modernizar el sistema tributario. Entre esos objetivos se encuentra avanzar hacia un sistema más redistributivo en el que aporte más quien más tiene, ya sean grandes patrimonios, multinacionales o sectores como la banca o las energéticas, que en la actualidad obtienen beneficios extraordinarios como consecuencia del aumento de los precios de la energía y el alza de los tipos de interés".

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