La nueva Política Agraria Común (PAC) introdujo a principios de este año una figura novedosa: los ecorregímenes. Se trata de unas condiciones sumamente exigentes que los agricultores y ganaderos deben cumplir si quieren acogerse a las ayudas económicas. El objetivo de los ecorregímenes, según el Gobierno, es proteger el medio ambiente, sin embargo, las medidas han acabado resultando poco o nada ecológicas e imposibles de cumplir para los profesionales del campo, que denuncian además una merma de las ayudas en un momento crítico por la sequía y la inflación de piensos, abonos y combustibles.
Sólo en Granada, la PAC superecológica del Gobierno de Pedro Sánchez se ha traducido finalmente "en unas pérdidas de 25 millones de euros anuales, el 25% de las ayudas comunitarias que recibe Granada", según ha denunciada Asaja, que considera que "la PAC ha sido, en definitiva, un lastre más para los agricultores y ganaderos" de la provincia.
La sequía ha provocado uno de los años "más complicados que se recuerda" en Granada y en buena parte de la península. La provincia andaluza ha visto como "la producción de cereales se ha reducido un 80%, la almendra un 23%, subtropicales como el aguacate un 40% y el olivar un 41%".
La situación para los ganaderos también ha sido desastrosa por la falta de pastos y el aumento del precio de los piensos. "Se han tenido que ajustar las cabañas de vacuno de leche y de carne con el sacrificio de animales, lo que ha repercutido en la bajada de precios por la inundación de carne en el mercado. Y el ovino y el caprino están en declive, con un censo reducido a la mitad desde 2003 (333.033 frente a 629.965 cabezas) y con menos explotaciones".
En esta situación catastrófica, la nueva PAC llegó para añadir más leña al fuego "con prácticas y normas nada claras a la hora de planificar las siembras y la merma del presupuesto comunitario", denuncia Asaja. Si a esto le sumamos el aumento de los costes de producción, el resultado es que muchas explotaciones han dejado de ser rentables. "Los peores presagios se confirmaron y las pérdidas económicas van a superar los 400 millones de euros en los sectores más punteros de la provincia (solo 300 millones en aceite), incluso los que presentaban mejor panorama".
"Condiciones imposibles de cumplir"
La organización agraria destaca que la reforma de la PAC "generó una gran incertidumbre en la forma de trabajar de las explotaciones en los meses de la planificación de las siembras a finales de 2022, con condiciones medioambientales imposibles de cumplir con los nuevos ecorregímenes".
De hecho, esas condiciones ecológicas son tan exigentes que "han fallado en sus objetivos de sostenibilidad, dado que ni el cereal ni las leguminosas se criaron, no ha habido cubiertas vegetales, ni masa para dejar parcelas de "no cosechado" para espacios de biodiversidad".
Además de eso, "han generado un bloqueo en los trabajos agronómicos" y han provocado que el campo "alcance en muchas zonas un aspecto de abandono, complicando, además, la presente campaña de siembras".
Asaja también denuncia que esos ecorregímenes "también han sido engañosos", ya que las ayudas concedidas por los más solicitados se han reducido entre un 22% y un 30% con respecto a los importes iniciales estimados por el propio Ministerio de Agricultura.
El resultado final se ha traducido finalmente en "unas pérdidas de 25 millones de euros anuales (el 25% de las ayudas comunitarias que recibe Granada)", por lo que, denuncia la organización, "la PAC ha sido, en definitiva, un lastre más para los agricultores y ganaderos de nuestra provincia".
Y, por si fuera poco, aunque el Gobierno prometió ayudas directas al sector rural a través del Real Decreto Ley 4/2023, lo cierto es que esas ayudas "han llegado solo a algunos de estos sectores más perjudicados, entre los que no se incluye el olivar. Y, en ningún caso compensarán" las graves circunstancias que atraviesa la ganadería y la agricultura de la zona.