El Banco de España no se ha convertido en el mejor amigo de Pedro Sánchez en los últimos tiempos. Los informes de la entidad que gobierna -por ahora y hasta dentro de junio del próximo año- Pablo Hernández de Cos no han dejado de sacar los colores a las locuras económicas patrocinadas por el Gobierno socialista comunista. Pero ahora, el nuevo acuerdo entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz abre un nuevo periodo de órdago contra la sensatez económica. Recortes de la jornada laboral, nuevas medidas de control de los precios de alquiler de viviendas, subidas adicionales del SMI, etc generarán un duro clima económico en un momento en el que los principales indicadores anticipaban ya un frenazo en la actividad.
El Gobierno no quiere Pepitos Grillo en ese momento que alcen la voz crítica y ha deslizado un mensaje para que le llegue al gobernador del Banco de España: "Si Hernández de Cos quiere respaldo para lograr un cargo internacional tras su salida del Banco deberá portarse bien el tiempo que le queda".
El Gobierno está nervioso con sus medidas económicas. Sabe que han sido pactadas con Sumar no por ningún argumento económico -de hecho, las medidas son la antítesis de lo que necesita la economía española-, sino porque tiene que vestir su pacto con proetarras, separatistas, golpistas y prófugos de la Justicia de algo medianamente "social" para intentar disimular el desastre de alianzas políticas que dibuja con tal de mantenerse en el poder.
Y, con ese objetivo, las distintas estribaciones socialistas en el Banco de España han empezado a deslizar una amenaza con el objetivo de que le llegue al gobernador. El aviso malintencionado de que "si quiere otro cargo al acabar su mandato en junio de 2024 deberá portarse bien". Es decir, deberá silenciar los mensajes de crítica a algo que es imposible no criticar desde la ortodoxia económica.
Y es que el plan de Gobierno pactado entre Sumar y el PSOE recoge el mayor abanico de medidas de encarecimiento y bombardeo al empleo y la propiedad privada que se puede imaginar.
Así, ese acuerdo político anuncia el fin de la "austeridad" después de que este Gobierno haya disparado la deuda púbica en medio billón de euros; anticipa una "Estrategia Integral para la Productividad" que conllevará la "creación de un Consejo Nacional por la Productividad" para "monitorizar" la labor privada de las empresas.
Además, promete la puesta "en marcha de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero para proteger a la ciudadanía en relación con sus reclamaciones en el ámbito bancario, de seguros y de inversión financiera" -mecanismo que con influencia comunista anticipa toda una cascada de golpes a las entidades-; asegura que se prohibirá "la exclusión financiera de algunos colectivos sociales"; anticipa "medidas dirigidas a garantizar el empleo digno y el equilibrio entre los visitantes y los residentes" en materia turística; avanza "la aplicación del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva para que los salarios ganen poder adquisitivo" tomando como referencia la "información del Observatorio de los Márgenes de Beneficio de las empresas (OMB)" -creado por el Gobierno para dictar a las empresas qué beneficios considera morales e inmorales-.
Avanza un endurecimiento del "despido", un encarecimiento del salario mínimo interprofesional y un recorte de la jornada laboral a 37,5 horas; y asegura que lanzará el intervencionismo hasta con "una Ley de usos del tiempo que, en consenso con todos los agentes de la sociedad, permita avanzar hacia una organización del tiempo más equilibrada entre mujeres y hombres fomentando el bienestar de las personas, la eficiencia del tejido empresarial y asociativo".
Por supuesto, ese acuerdo recoge "el estatuto del becario"; el endurecimiento de "los instrumentos de registro horario"; y se disparará el pago de impuestos y cotizaciones sociales para financiar todo el aumento de gasto público implícito, la "transición ecológica justa", las subvenciones para la población con menores recursos o todo el incremento de prestaciones sociales prometidas.